“La juventud y la vejez no están dadas, sino que se
construyen socialmente en la lucha entre jóvenes y viejos”
Pierre Bourdieu (La “juventud” no es más que una palabra,
1978)
“La noción de que el trabajo (rutinario y mal pago) proporciona
modelos de conducta para los niños de la barrio es inverosímil: es mucho más
probable es que haga todavía más atractivos el delito y los mercados ilícitos
de drogas”
Jock Young (Crossing
the borderline: Globalization and social
exclusion, 2003)
“El reconocimiento de las pandillas como actores sociales es necesario
para la democracia (…). Deben ser vistas como (jóvenes) socialmente excluidos
del proyecto moderno y no como la hez de la tierra”
John
Hagedorn (Gangs in the Late Modernity, 2007)
Martín Appiolaza, UNCuyo, Consultor Save the Children
La propuesta es pensar a los grupos de
niños, niñas y jóvenes afectados por la violencia, en la doble condición de
víctima y victimarios, como actores capaces de transformar sus prácticas
modificando en sus comunidades las causas de la violencia y el delito. El
desafío es reconocerlos como sujetos de derechos, gestionar la conflictividad
como una oportunidad y apostar por la construcción de ciudadanía. El deporte y
las artes son herramientas para el involucramiento social de la infancia y la
juventud en proyectos colectivos transformadores.
Primero: ¿Dónde nos paramos para ver
el tema de la violencia juvenil?
Enfoquemos. Cuando se habla de
violencia juvenil generalmente hacemos un recorte que incluye a jóvenes,
varones, de zonas populares urbanas. Incluimos también a niños y niñas
involucrados en algunos delitos. Dejamos fuera la vinculación con un entorno
violento (entendiendo violencia como aquello que limita posibilidades y deseos
de otros). También perdemos de vista que el rol juvenil en las estructuras
criminales es siempre en lugares de más riesgo y menos rentabilidad. Problema
de perspectivas. Nos que lleva a concentrar el peso de la violencia
institucional en el actor más visible y vulnerable de los mercados ilícitos.
La juventud no existe. Existen muchas juventudes dependiendo
del momento histórico, de cómo se han configurado las relaciones entre lo viejo
y lo joven en el campo social. Lo joven se define también en oposición a lo
adulto, en conflicto a un orden establecido que no le es propio y que le
reserva un lugar predefinido por lo viejo. Es decir, las juventudes son
esencialmente conflictivas porque así se constituyen y cuando criminalizamos ciertos
conflictos juveniles por disfuncionales, anormales o desviados, adoptamos una
posición en favor de un orden adulto.
El argumento más frecuente de la criminalización es
asociar violencia con ciertas juventudes conflictivas. Aquí entramos en otro
aspecto: la violencia es una consecuencia de conflictos no gestionados. Para
que emerjan expresiones violentas antes tuvieron que existir conflictos que no
fueron atendidos y que no fueron abordados oportunamente. Conflictos propios de
ciertas juventudes por un lado y la decisión de no considerarlos legítimos, por
el otro. Esta negación de las problemáticas de ciertas juventudes entraña un
acto de violencia. En la ecuación clásica, no hay emergente violento sin una
violencia estructural (negación de derechos) y una violencia cultural (admitir
la negación del otro como sujeto de derechos).
Llegados a este punto es posible negar la legitimidad de
las necesidades y derechos de un grupo social. Así se desencadena la lógica de
las políticas públicas hacia juventudes afectadas por la violencia: desconocerlos,
argumentar que son socialmente inhábiles (o inmaduros, o irresponsables) e
intervenimos en nombre de su propio bien como el del resto de la sociedad. Es
el ciclo conflicto – desconocimiento y control.
Sintetizando: juventudes como construcción histórica,
inherentemente conflictivas. La violencia juvenil es asociada a la negación de
estos grupos que desafía un orden asociado con el poder adultocéntrico. Es
producto de la aplicación de violencia institucional, estatal y cultural. Se
manifiesta, por ejemplo en el relegamiento de las problemáticas y demandas
juveniles, así como el predominio de las prácticas de control en las políticas
públicas específicas. Entonces, juventud y violencia en el contexto de las
políticas sociales de nuestros estados, aparecieron asociadas.
El desafío es cómo abordamos las problemáticas que las
juventudes proponen, atendiendo esos conflictos, reconociéndolos como sujetos
plenos de derechos, aprovechándolas para construir relaciones sociales menos
violentas y más democráticas. Finalmente, una sociedad más segura es una
sociedad más igualitaria.
Entonces, ¿desde dónde nos paramos para empezar a
entender y atender la dinámica juventudes-violencias?
Abordajes de juventudes
y violencia
Los enfoques tradicionales sobre niños, niñas y jóvenes
“conflictivos” los asimilan con los necesitados, aquellos que no pueden valerse
solos, que necesitan la caridad para poder desarrollarse. Es posible conectarlo
con las políticas hacia los pobres y mendigos surgidas casi en la misma época
que empezaban a emerger las juventudes. Desde entonces se insiste que los que
merecen un cuidado especial por sus in-capacidades, también necesitan controles
especiales. Políticas sociales asistenciales y políticas de seguridad basadas
en el control caminan de la mano desde hace mucho tiempo.
Todavía hoy, los enfoques predominantes consideran niñez y
juventud como momentos in-completos, de transición, como una etapa de la vida a
superar. Como no han alcanzado la condición de sujetos plenos, por lo tanto no
tienen derechos plenos. La conflictividad adolescente y juvenil es propuesta en
términos de crisis personal y camino tumultuoso hacia lo adulto.
Esta perspectiva coloca al adulto como el sujeto pleno, estación
terminal, el estado deseado. Así, la sociedad funda una lógica que coloca lo adulto
en el centro del escenario del poder subordinando a infancia y juventudes. Por
lo tanto, ¿qué validez le va a dar a los conflictos que propongan niños, niñas
y jóvenes?
Otra de las miradas predominantes sobre la juventud, la interpela
como un grupo con hábitos particulares que está en riesgo y pone en peligro al
resto. Por lo tanto, necesita ser controlada. Hay que cuidarla de sus particulares
debilidades, factores de riesgo que predisponen a la enfermedad de la violencia
juvenil (ironizando). En cambio, hay que potenciar los aspectos saludables, características
comunes de los grupos no conflictivos ni violentos. O bien, prevenir adaptándolos
con las manos sanadoras del Estado.
Estas dos perspectivas justifican la mayoría de las
políticas que se aplican hacia niños, niñas y jóvenes afectados por la
violencia. Primero, un enfoque desde la seguridad que desconoce o subestima la
capacidad y niega los conflictos propuestos. Se concentra en la aplicación de
la violencia estatal para suprimir comportamientos o bien prevenirlos desde una
perspectiva asistencial que extiende el control.
El ejemplo más extremo son las políticas centroamericanas
basadas en el uso de la violencia estatal para abordar el fenómeno de las
maras. Se trató de las políticas de Mano Dura y Súper Mano Dura en El Salvador,
Plan Escoba en Guatemala, Cero Tolerancia y Libertad Azul en Honduras (¡siempre
tanta poesía en las políticas de seguridad!). Permitían al Estado detenciones
prolongadas y encierros ante la presunción de que niños, niñas o jóvenes
pertenecían a una pandilla. La arbitrariedad facilitó apremios ilegales,
ejecuciones extrajudiciales, encierros masivos, el colapso del sistema
carcelario, la transformación de las cárceles en territorios de reclutamiento
del crimen organizado, los motines y las muertes masivas de jóvenes.
El enfoque de riesgos propone un control light en formato
de prevención de la violencia. Pronostica los riesgos de un individuo o grupo a
partir de factores, propone intervenciones correctivas que buscan prevenir ese
mal pronóstico y potencia aquellas características que inmunizan de la
violencia, factores de prevención. Inducción y deducción. Diagnóstico y
tratamiento. Abordaje preventivo a las comunidades vulnerables que deben ser
asistidas. Es el enfoque más extendido en organismos internacionales de
cooperación para el desarrollo y en el sistema de las Naciones Unidas.
Es práctico y permite plantear la prevención como algo
tangible. Un ejemplo es la investigación ¨Ni guerra, ni paz¨, dirigida por Luke
Dowdney, que estudió pandillas violentas en una decena de países. Estableció factores
de riesgo, abordajes preventivos desde la perspectiva local trabajando en el
ámbito individual, familiar y comunitario. Pero, además, la investigación
recomienda también la participación de los niños, niñas y jóvenes afectados por
la violencia armada organizada y se interesa por dinámicas subculturales.
Deporte, disciplina y
reconocimiento
Veamos un ejemplo de programa de prevención, Luta pela paz (Lucha por la paz) que dio
fundamento para la investigación mencionada. Propone la práctica del boxeo en
una academia como estrategia de prevención. Los que han frecuentado un ring o se
han aproximado programas deportivos para prevención de la violencia y del
delito, coincidirán en que incluye factores de protección.
El director, Luke Dodwney, es antropólogo y ex boxeador amateur. Empezó montando
una pequeña academia de boxeo en la favela La Maré, en Rio de Janeiro. En una
comunidad tomada facciones del crimen organizado. El desarrollo del proyecto que
se inició como una pequeña iniciativa de la organización Viva Rio, significó un
espacio de recreo y formación en un entorno hacinado, violento. Algunos de los
niños, niñas y jóvenes que participaban eran empleados por el narcotráfico, sometidos
a situaciones de mucha violencia.
Si el proyecto pudo desarrollarse fue porque hubo
tolerancia de parte de los dueños de la favela. Una aceptación tácita, quizá
porque se entiende que es algo bueno para la comunidad y que los niños involucrados
en el tráfico no son buenos para nadie.
Los aportes del proyecto para prevenir la violencia fueron
el aprendizaje de un deporte donde el esfuerzo a lo largo del tiempo produce
resultados (superar el vivir al día), respeto del entorno y seguridad personal
ante un contexto de agresión permanente. El boxeo aportó la disciplina y las
rutinas de las prácticas. También hubo prohibición de consumos ilícitos dentro
de la academia. Quienes querían participar en el proceso de trabajo en la
academia debían tener buenas calificaciones escolares y asistir a talleres.
También se involucraron en el gobierno del proyecto y más tarde en procesos
políticos de incidencia por los derechos de los niños y de los jóvenes.
¿Cuál era la gratificación más importante que recibían por
participar? No era dinero. Lo más valorado era participar: el reconocimiento y
el respeto. La camiseta que ganaban los que eran parte del proyecto se
convirtió en un trofeo valorado. Incluso, el tener la camiseta del Luta pela paz les permitió cruzar por
zonas que dominaban distintas facciones ahorrándoles rodeos de varios
kilómetros. Este reconocimiento implícito de los grupos violentos era también
un reconocimiento hacia las personas y un estímulo para ser parte de la
organización.
Gobierno local
protagónico
Vamos con otro ejemplo. Está vinculado con la
investigación de pandillas violentas mencionado y del proyecto de academia de
boxeo.
El Proyecto Ciudades fue también una iniciativa de la
organización carioca Viva Rio en cooperación con organizaciones en otros cuatro
países. Se nutrió de la experiencia de trabajo en contextos de violencia
armada. Pero lo más relevante fue el énfasis en la participación: buscó sentar
a niños, niñas y jóvenes de grupos violentos a diagnosticar y hablar de sus
problemas con autoridades policiales y municipales. El objetivo: acuerdos para
reducir y prevenir la violencia.
La participación efectiva debe estar en el eje de las
políticas. Si hay participación real, genuina, igualitaria, todos los sectores
tienen presencia. Es el reconocimiento de todos los actores, de todas las
perspectivas (sólo así es posible gestionarlas). Pero también genera
resistencias y conflictos. Tuvo dificultades para sentar a todos a la mesa como
otros proyectos que se proponen escuchar a grupos de jóvenes involucrados en
violencia juvenil.
Una anécdota: durante la preparación del proyecto, me
reuní en el municipio de Santa Tecla, en los alrededores de San Salvador, con
el jefe de una de las “Clicas” (pandilla
local). Tenía dieciséis años, había salido de la cárcel y, más allá de
cualquier otra apreciación sobre su récord criminal, aceptó sentarse a dialogar
con funcionarios policiales y municipales.
Esta experiencia de diagnóstico y aproximación entre
grupos juveniles asociados a la violencia, con gobiernos locales y policías
locales intentó con dificultades en otras ciudades de América Latina y África.
Fue muy difícil que las “autoridades” aceptaran los diagnósticos y propuestas
juveniles. El esfuerzo de la participación, cuando cuestiona estamentos suele
tropezar con la indiferencia del que detenta el poder legítimo.
El proyecto trabajó desde un enfoque de riesgo, incorporó
una visión de derechos que coloca a los niños, niñas y jóvenes en el centro de
las decisiones, reconoció sus planteos al sentarlos a espacios de discusión y
los involucró en el diseño de los proyectos. Sociedad civil asociada con el Estado
para intentar prevenir la violencia y el delito, con el compromiso
indispensable de los intendentes. Por otra parte, el ámbito de estudio, de
negociación y de construcción de los consensos no podría ir más allá de lo
barrial por lógicas históricas, de control territorial y facultades de
intervención estatal.
Al mismo tiempo, en países centroamericanos estaban en auge
las políticas de mano dura que según una investigación de la Red de Análisis
Transnacional de Pandillas, tuvieron un efecto contrario al buscado: la identidad
de pandillero resultó fortalecida, pasaron a la clandestinidad y se
desparramaron, aumentó la defensa violenta del territorio y las actividades
ilícitas. El fenómeno se complejizó.
Es evidente el contraste entre los abordajes descriptos
hasta ahora.
Prevención del delito
con perspectiva de derechos humanos
Pero se puede ser más ambicioso. Hay un la tercera
perspectiva para revisar, un enfoque de derechos que no está centrado en el poder
externo adulto.
Desde esta perspectiva, la participación efectiva y el
reconocimiento son necesarios. Hay muchos ejemplos de este tipo de proyectos donde
el involucramiento de los niños, de las niñas y los jóvenes es, de acuerdo al
caso, parcial o total. Parcial a veces en el diagnóstico, a veces en el diseño
y a veces participan en todas las instancias. Son impulsados por organizaciones
más enfoque de derechos: académicas, grupos sociales, artísticos, culturales y
deportivos.
Un buen ejemplo es el trabajo de Casa Promoción Juvenil
que trabaja en Ciudad Juárez en zonas donde hay barrios (grupos territoriales)
y pandillas con distintos niveles de vinculación con los mercados ilícitos que
controlan los grupos criminales. Ha desarrollado metodologías participativas
con un reconocimiento del otro (niño, niñas o joven afectados por un entorno
violento o partícipes directos de la violencia armada) como un sujeto con derechos.
No establece previamente qué es lo que se espera y qué es
lo que deben hacer los niños, niñas y jóvenes para adaptarse al resultado
planificado. Propone espacios de diálogo, negociación y participación para que
se construyendo como como sujetos, al tiempo que se constituyen en ciudadanos
con compromisos y responsabilidades sobre sus proyectos particulares como con
toda la comunidad.
En su método de trabajo propone en un primer momento un
menú de distintos talleres y trabajos: ellos eligen donde participan, por
supuesto, con algunas condiciones para la convivencia (ni consumos nocivos, ni
uso de armas). Una etapa posterior es el
proceso natural de la constitución de grupos que participan en las actividades,
con la dificultad de que se trata de zonas muy afectadas por la violencia y dificultades
para la construcción de vínculos. Para que estos vínculos se traduzcan en
convivencia posterior hay acuerdos para gestionar los conflictos que muestran
que hay un patrón cultural de resolución violenta.
Resumiendo, esta incorporación libre que propone la Casa
de Promoción Juvenil incluye una serie de pasos que son: el acercamiento, la construcción
de grupos, la negociación de los roles dentro de los grupos en el proceso de
convivencia y, finalmente, una ampliación participativa que tienen incluye una
dimensión política con responsabilidades individuales hacia sus pares y su
comunidad a través de la administración de la Casa e incidencia en políticas
públicas en el ámbito local. En otras palabras, es un proceso de subjetivación
y de construcción de ciudadanía emancipada (en términos de Eduardo Bustelo) que
plantea sus conflictos en torno al ámbito comunitario como una forma de
conquista de derechos y de transformación de las condiciones estructurales que
facilitaron la condición de violencia en la que se encuentran.
Grupos transformadores
Es que hay otras formas de entender a los grupos
juveniles y a las expresiones de violencia juveniles dejando a un lado la
calificación de desviados, disfuncionales o engendros de una mala
socialización. Propone, en cambio verlos como construcciones de sentidos. Es
que dentro de los grupos o dentro de estas formas criminales aparecen también
ciertas lógicas, capitales, relaciones, liderazgos que pueden guiar la
transformación de los grupos y de los entornos que los condicionaron.
Hay toda una línea de investigación y proyectos de
abordaje de la violencia juvenil que se propone decodificar y comprender las
transgresiones para poder evitar que se conviertan en actos violentos. Estoy
hablando de un itinerario conceptual que llega hasta la criminología cultural.
Parte de la idea que dentro de los grupos de niños, niñas y jóvenes violentos,
más o menos divagantes, más o menos organizados, hay capitales que es posible
comprender y abordar desde su reconocimiento como grupos con derechos
vulnerados. La única forma de gestionar esos conflictos es poner oreja y
decodificarlos. Entonces, las medidas de control violento quedan relegadas una
última instancia.
Hay más ejemplos que sostienen estos planteos. Barcelona tenía
un problema de enfrentamientos entre dos pandillas latinas: Los Ñetas y los
Latin Kings. El director de Servicios de
Prevención, Josep Lahosa buscó el apoyo de antropólogos para tratar de entender
cómo funcionaban estos grupos y de qué modo el Estado debía abordarlos. Luego,
estableció una negociación con los referentes. El gobierno fijó prohibiciones
pero también apoyo para que se constituyeran en organización civil de modo que
tuvieran acceso como grupo a distintas políticas de promoción estatales como
también de cooperación privada. La negociación dentro del grupo cuajó en una
carta orgánica. El resultado fue una disminución sensible de la violencia entre
las pandillas y la creación de varios proyectos de trabajo de los jóvenes
inmigrantes latinos. Los soportes de la iniciativa fueron la participación y el
reconocimiento.
En Ecuador, la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) junto con la alcaldía de Quito, crearon un
Centro Tecnológico Juvenil en una comunidad con fuerte presencia de la pandilla
Latin Kings. Mauro Cerbino, el antropólogo a cargo del proyecto estimuló la
participación: los miembros de los grupos fueron verbalizando y relatando su
versión de la historia de su organización, la forma en que se vinculaban entre
ellos, la relación con las sedes de otros países y su vinculación con el Estado
a través del gobierno locales e instituciones policiales. Hubo aceptación de
las capacidades de los pandilleros e iniciativas de promoción de derechos, donde
los referentes se transformaron en voceros e impulsaron demandas que produjeron
transformación de algunas políticas
públicas. Finalmente, el Presidente Correa los distinguió. Nuevamente:
participación y reconocimiento.
Más cerca, en Mendoza, jóvenes de la cultura del Hip Hop
de origen popular y con historias atravesadas por la violencia liderados por el
rapero Dragón, organizaron la Cooperativa del Hip Hop. Al mismo tiempo
participaban en el rodaje de un documental sobre la discriminación y violencia
institucional que sufren de parte de las instituciones de seguridad pública. La
Cooperativa del Hip Hop consiguió apoyo de la Universidad Nacional de Cuyo para
facilitar talleres de artes urbanas (breakdance, grafiti, rap) y derechos
humanos a jóvenes de zonas violentas. Nuevamente, la participación y el
reconocimiento estructuraron el proyecto. El documental firmado se llama “Hip
Hop: el 5to elemento”, porque en esa cultura el quinto elemento es el
“conocimiento” de uno mismo, de su comunidad y sus circunstancias. En términos
políticos más tradicionales, no es otra cosa que conciencia y compromiso
social.
La tradición del Hip Hop rescata esta dimensión social de
las luchas por el reconocimiento de derechos de los grupos segregados por
cuestiones raciales o culturales. Las técnicas de baile, rima, canto, pintura y
composición son instrumentos para volcar los conocimientos (al menos en la
vieja escuela de este movimiento cultural).
Este enfoque de conciencia y compromiso social para
transformar las comunidades de parte de niños, niñas y jóvenes con historias
marcadas por la violencia, tiene muchos antecedentes en nuestras sociedades
latinoamericanas. Lo vimos asociado con el boxeo, con el arte urbano y también
en los proyectos de Casa. Lo podemos rastrear, además, en las juventudes
sindicales de principios del siglo pasado o en la militancia social de base
(religiosa y política) que genera inclusión con apoyo en la formación escolar, reflexión
social, solidaridad, identidades colectivas, protección y respeto (frecuentemente
con un enfoque de derechos.
La prevención social a través del involucramiento en la
militancia social da respuesta a las nuevas formas de exclusión en la
modernidad tardía. Aporta relatos integradores, identidades colectivas y
seguridad en contextos de inmediatez absoluta, fragmentación de la vida, los
espacios urbanos, de las historias y las experiencias. Concluyendo: es
necesario valorar las oportunidades de prevención que ofrecen el reconocimiento
y la participación de niños, niñas y jóvenes en transformar a través del
compromiso social y el involucramiento político las condiciones tanto
estructurales como culturales que generan violencia.
