Laura Chinchilla es ex Ministra de Seguridad, ex Diputada, ex Vicepresidenta y actual Presidenta de Costa Rica. Esta Entrevista fue realizada en 2005.
Por Martín
Appiolaza, publicado en Revista Ideele, Perú
Las reformas en seguridad en América Latina buscan la capacitación policial, la defensa de los derechos y garantías, la prevención de la violencia y la participación ciudadana, explica. Parece una enumeración de los ejes de las reformas implementadas en el Perú.
Laura Chinchilla Miranda tiene
una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown, Estados
Unidos. Fue viceministro y ministro de
Seguridad Pública en Costa Rica, y miembro de comisiones especiales sobre inteligencia, drogas y derechos humanos.
Hoy es diputada Nacional. Desde 1990 trabaja como consultora en América Latina
y África con Naciones Unidas y agencias
de cooperación internacional en el área de la
reforma institucional, con especial
énfasis en reforma judicial y reforma de
la seguridad pública. Además, es conferencista en diversos foros internacionales en materia de seguridad
pública y reforma policial. Tiene diversas publicaciones, tanto en español como
en inglés – libros, monografías y
artículos- sobre temas relativos a la administración de justicia, la seguridad
ciudadana y la reforma policial. Los más recientes son: “Seguridad Ciudadana en
Centroamérica” y “Seguridad Ciudadana en
América Latina” (Siglo XXI, México 2002).
Costa Rica es el país más
desarrollado y seguro de Centroamérica, con
una gran tradición institucional en materia de justicia y seguridad (suele ser modelo de algunas de nuestras
legislaciones). Abolió sus ejércitos y
destinó los recursos al desarrollo. La tasa de homicidios también es la más baja. Como en el Perú (y
toda América Latina), la violencia
delictiva comenzó a incrementarse a fines de los ‘80. Para revertirlo, impulsaron
una serie de reformas que
buscaron profesionalizar a las fuerzas policiales, generar una integración con
la comunidad y mejores mecanismos de control. Como ministra de Seguridad de
Costa Rica, Laura Chinchilla impulsó estos cambios. Su designación incomodó a
varios: un ministro mujer, politóloga y joven (tenía algo más de 30 años), no
era la figura tradicional de la fuerza pública. Aprovechándose de su
experiencia académica y en el diseño de reformas de seguridad en América Latina
y África, puso en marcha transformaciones
muy parecidas a las reformas en el sistema de seguridad pública
impulsadas desde el Ministerio del Interior. Hoy es diputada (trabajo que alterna con la investigación y
publicación de ensayos), es uno de los
políticos mejor considerados, y para algunos analistas es la próxima
vicepresidente de Costa Rica.
Chinchilla ha investigado y
evaluado las reformas en seguridad y justicia en América Latina (precisamente
este es el título de su último libro, que se consigue en las librerías
argentinas). Desde la experiencia, afirma: “La sociedad civil no debe
conformarse solamente con denunciar,
sino que también estamos viviendo momentos en que la gente
debe involucrarse más en el
trabajo y las tareas policiales.
Controlar, denunciar, garantizar que avancen las denuncias, que se depure todo el trabajo policial, pero también
hay que darle la mano a la policía”.
Para ella, es fundamental una sociedad civil activa y contar con policías abiertas a la gente.
- ¿Qué cambios se buscan en los
sistemas de seguridad pública para
hacerlos más eficientes?
- En los últimos 15 años se han
hecho reformas importantes en el ámbito policial, en la justicia penal y en
todo lo que es el papel de los gobiernos locales y de la comunidad. Lo primero
que se ha hecho desmilitarizar a las policías, para que se ocupen de la
delincuencia
común y no de la violencia social
y política. En todo el mundo se buscan policías más civiles, orientadas a al
servicio a la comunidad, abiertas, dispuestas a rendir cuentas. Esto mejora los
niveles de eficiencia, porque es mucho más eficiente para combatir el delito
una policía abierta que una policía
cerrada. Cuando hay participación de la gente,
la policía
se vuelve más eficiente y mejora
la seguridad.
- ¿Cómo se logra este cambio?
- Primero, capacitando y
profesionalizando a las policías. En América
Latina se está cambiando la formación de los policías. En los países del
Cono Sur, ha sido especialmente importante formar a los policías en la defensa de los derechos humanos. La policía
debe ser eficiente, pero al mismo tiempo respetuosa de las garantías legales.
Por ejemplo en
Colombia y México, han tenido
problemas de corrupción policial y optaron por mejorar el control interno de
los cuerpos de policías. En términos generales podemos decir que América Latina
ha tenido reformas importantes en lo que es reforma policial.
- ¿Qué es más conveniente, jefes
uniformados o jefes civiles de las policías?
No es lo importante. Si no haya
militares a cargo de la seguridad pública, entonces está en manos de los
civiles. Los policías son civiles. Si su jefe es un policía que viene de la
estructura policial, es más fácil la
integración. Las policías siguen siendo cuerpos demasiado cerrados y conservan
su subcultura de valores. Entonces,
cuando hay un mando que no considera suyo tiende a haber distorsión
en la comunicación. El tema de la
jerarquía en la policía es importante.
- ¿No cree que con jefes que no
son de la estructura policial se garantiza más apertura y relación con la
sociedad?
- Por eso, no es importante quién
tiene el puesto de jefe. Lo importante son los mecanismos de control que cada
sociedad diseña sobre sus cuerpos de policía. Aquí tenemos en América Latina un
gran déficit. Podemos decir que han
existido avances. Desde dentro de las policías, algunas ya han creado sus oficinas de asuntos internos.
Desde fuera, las defensorías de los habitantes u ombusman, han analizado que
está pasando con las policías. En otros
países tenemos comisiones integradas por
parlamentarios como mecanismo de control externo y también tenemos el
control jurisdiccional que hace la Justicia.
- ¿Esto mejora la integración con
la sociedad?
- No es suficientes. Es
interesante crear a través de los ministerios
del Interior o Seguridad, comisiones de ciudadanos ad-hoc para dar seguimiento a las denuncias. Esta es una
forma de relacionar la sociedad civil con la policía. Porque la sociedad civil
no debe confirmarse
solamente con denunciar, sino que
también estamos viviendo momentos en que la gente debe involucrarse más en el
trabajo y las tareas policiales. Controlar, denunciar, garantizar que avancen
las denuncias, que se depure todo el trabajo policial, pero también hay que
darle la mano a la policía. Es necesario el intercambio de ideas e información
a través de comisiones o foros de seguridad, que deben ayudar a que la policía
conozca los problemas de la comunidad. Hay bueno ejemplos de estas formas de
integración y cooperación.
- ¿La solución está sólo en las
policías?
No, es un problema integral. Las
policías son sólo una parte del problema de la seguridad. Para encontrar
respuestas hay que buscar las causas. Existen estudios que sientan premisas
válidas para entender por qué en América Latina en los últimos años se ha dado
un crecimiento de la violencia común.
Hay causas de naturaleza social, algunas vinculadas a la forma en que las comunidades se organizan
y se relacionan. También
disfuncionalidades en la forma en que algunas instituciones públicas
operan. No hay una respuesta única, pero creo que la respuesta a la violencia
debe venir desde distintos sectores: gubernamentales y de la sociedad civil.
- ¿Cómo?
- Hay que apostar en materia de
prevención. Tenemos que revisar qué estamos haciendo con la juventud de
nuestros países, hay altas tasa de expulsión, pero tampoco se dan alternativas
ocupacionales, o de un entretenimiento joven. Ahí tenemos una respuesta desde
la educación, el mercado de trabajo. También hay relación entre violencia,
alcohol y drogas, entonces tenemos que prevenir el consumo. También influye
el modo en que estamos llevando el
desarrollo urbano. Hay que restringir el acceso a las armas, porque hay una
relación directa entre tasas de homicidios y homicidios por armas. Contra menos
armas, menos muertos.
-¿Sólo prevención?
- No, no tenemos que ser
ingenuos. También hay que castigar. Tenemos que reconocer que la facultad
punitiva tiene problemas. Hay países como El Salvador o Guatemala donde el
porcentaje de homicidios esclarecidos es menor del 10 por ciento. En una
sociedad donde no importa a quién maten, nunca se va a saber quién lo hizo, la
gente seguirá matando de manera impune. Hay que prevenir y castigar al mismo
tiempo. Pero a la hora de castigar, no podemos volver a los esquemas del pasado
con policías militarizadas. Hay que sujetar el funcionamiento de las policías
al debido proceso y garantías estipuladas por los códigos.
- La Justicia es importante a la
hora de prevenir la impunidad…
- Todos los países de América
Latina han avanzado en reformas de la Justicia penal. Han ido hacia un modelo
mixto que permite menos formalismos en los procesos y en consecuencia ha
tendido a bajar la mora judicial. Esto
reduce la impunidad. Ha sido muy importante que en muchos países se apruebe
legislación más drástica contra la violencia
doméstica. Respecto a la
delincuencia juvenil, existe todavía un debate
y mucha confusión. América Latina es ambivalente, no se decide
entre montarse sobre la Convención
Interamericana de los Derechos de la Niñez
y apostar más a lo que serían medidas que prevengan la violencia en la
niñez y la juventud. O si lo que quiere es más castigo y llevar a los niños al
modelo de los adultos con penas muy drásticas.
- ¿Qué pasa con las cárceles?
Allí van a parar todos aquellos que una mala prevención no pudo contener a
tiempo.
- Una cosa es castigar sobre la
base de una investigación debidamente documentada y otra es encerrar para
tratar de evitar el problema, que es lo que se está haciendo en América Latina.
Cuando tenemos legislaciones que facultan a las policías a hacer arrestos
masivos, el resultado son cárceles cada vez más atiborradas de gente que ni
siquiera han sido condenadas. A muchos ni siquiera se les inicia el proceso. El
problema es que las reformas en el
sector judicial no han llegado al eslabón
final que son los sistemas penitenciarios. Seguimos teniendo un
porcentaje de presos sin sentencia (en algunos lugares de América Latina llega
al 80%), no hay inversión en infraestructura carcelaria, no hay veedurías para
asegurar que los presos sean trabado bajos las normas humanitarias establecidas
por Naciones Unidas. Esto tarde o temprano revienta en violencia en
establecimientos penales.
- ¿Después de las reformas
policiales, son necesarias reformas penitenciarias?
- Hay una falta de control sobre
el personal penitenciario. Estudios
revelan que se comenten enormes violaciones a los derechos humanos de parte
del personal penitenciario cuando no hay una debida supervisión, o se vuelven cómplices de las redes de
corrupción y crimen organizado que existen dentro de las cárceles.
- ¿Qué opina de que los
comisarios sean puestos elegidos por la propia comunidad?
- Tiene sus pros y sus contras.
Hay que verlo en el marco de una serie
de tradiciones. La policía es la institución que está más cerca de
la gente. La policía de cada país refleja
lo que es cada país. La forma en que se
organiza una policía tiene que ver con mucho con los valores del país, con la idiosincrasia de la gente.
Dentro de un modelo de una policía al
servicio de la comunidad, que está donde el ciudadano la necesita, porque la policía está para
resolver los problemas de los ciudadanos
preferentemente de manera preventiva, la elección de policías llevaría a que se aboquen más al ciudadano
que debe votar para elegirlos. El peligro es que los poderes fácticos son muy
fuertes y no tenemos comunidades con
criterios de autonomía, de bien común. Inciden poderes fácticos del pueblo, de
a comarca, que muchas veces tiene que
ver con intereses no tan sanos. Entonces, un sistema electivo podría
prestarse a una manipulación para poner personal policial que pueda favorecer
esos intereses. De hacerse, habría que pensar cuáles será los mecanismos para
evitar el abuso o el desvío de las instituciones.
