Algunas ideas a propósito de las "crisis en seguridad" y las respuestas ensayadas, reflejados en Diarios Los Andes del 18 de mayo de 2014.
El combo de ocurrencias que se
promueve como emergencia en seguridad no tiene pies ni cabeza. Hay medidas que
van en direcciones opuestas, que anulan los beneficios que podrían traer las
otras. Es difícil creer que si hay legisladores que aprueban una iniciativa,
luego puedan estar de acuerdo con otra. No hay una idea de política criminal
detrás, trasluce mucha confusión. No hay una comprensión compartida del
problema de la violencia y menos un rumbo claro.
La crisis en seguridad es una
crisis de la política, donde el gobierno no tiene respuestas al problema de la
seguridad. No tiene idea qué pasa, porque en general en la Argentina no hay aún
certezas de por qué aumentó la violencia en los últimos años. Ante la presión
social que amenaza llevarse puesto algunos quioscos, se monta una kermés de
proyectitos legislativos, una cooperativa de artesanos donde costos y
beneficios se pagan entre todos. Todos ganan: legisladores pueden mostrarse,
hay mejoras para trabajadores policiales y la seguridad se abre a la posibilidad
de hacer negocios para seducir empresarios en vísperas de un año electoral.
Además, se demuestra ganas de trabajar en seguridad tratando de que se calmen
los vecinos. Populismo penal, que le dicen.
Pero con un licuado de nabo
con salame no se cura la desnutrición de ideas. Saca el hambre por un rato. Se
gastarán muchos fundos públicos y nuevamente, como tantas otras veces, dentro
de unos meses volveremos a otra crisis. ¿Alguien puede asegurar cuánto bajarán
los asesinatos o los robos a mano armada con alguna o todas las medidas? ¿Vamos
a evaluar si todo esto sirve para mejorar la seguridad o para enfriar la crisis
política? ¿Mediremos el impacto de las nuevas medidas para ver si bajan el
delito, como hacen por ejemplo en Chile? ¿Y si no funcionan, los legisladores
asumirán una responsabilidad civil sobre las medidas que aprueben y el impacto
que tengan? ¿O seguiremos haciendo pruebitas con fondos públicos?
En términos generales, son un
aporte las medidas que apuntan a la profesionalización y jerarquización de los
funcionarios policiales; son un acierto las medidas que jerarquizan la
prevención e inclusión de la gente que ha estado presa; pueden ayudar algunas
sanciones sobre transgresiones graves; retrocede dos casilleros debilitar los
mecanismos de gestión no penal de los conflictos; es riesgoso hacer de las
políticas de seguridad un negocio o tratar de enfrentar al crimen organizado
internacional desde el microtráfico, sin ocuparse del lavado de activos y los
niveles gerenciales de las grandes empresas ilícitas que se supone también
operan en Mendoza con protección y asesoramiento.
Un llamado a la sensatez: no
pensemos sólo en la tapa del diario y las elecciones; no debilitemos más a la
Policía de Mendoza; pongámonos de acuerdo en un rumbo de la seguridad a largo
plazo, donde la ganancia política o económica no sea la prioridad. Pisemos la
pelota y veamos alrededor: toda la Argentina está inmersa en un aumento de la
violencia criminal. No gobernemos para las noticias, sino desde la información
criminal: el Ministerio de Seguridad de Mendoza produce buena información para
el análisis, hay que darle una mirada de vez en cuando. Si legislamos a ciegas
vamos a seguir perdidos, dando vueltas en círculo.