El descontrol en arsenales policiales alimenta al crimen. El Ministerio de Seguridad dio un paso fundamental al auditar y denunciar el faltante de armas y municiones. Es el principio de cualquier política integral de prevención de la violencia armada.
Publicado en Mdz, 17 de enero de 2016.
Las armas y las balas no nacen de un repollo. Alguien las
fabrica, alguien las vende, alguien hace negocio con las armas con márgenes de
ganancia muy generosos, alguien las usa. Y alguien las guarda. En todo el
mundo, los arsenales oficiales son proveedores de armas y balas que terminan en
manos del crimen. Por eso hay que controlarlos muy bien para prevenir la
violencia y los delitos más graves. El Ministerio de Seguridad acaba de tomar
una medida indispensable: auditó el arsenal policial y denunció que faltan
armas. Es la punta del ovillo.
Según la información periodística, detectaron un faltante de
13 ametralladoras, un puñado de pistolas, chalecos antibalas y municiones.
Primero: son bienes públicos y bajo custodia de funcionarios públicos, si hubo
un ilícito la Justicia tendrá que encontrar a los responsables. Segundo: más
grave, ametralladoras, municiones y chalecos andan sueltos por ahí, muy
posiblemente en manos de delincuentes que los podrán usar para seguir
delinquiendo o incluso para atacar a policías.
Los tiroteos son un tema de preocupación de los vecinos de
los barrios del Gran Mendoza. Esas balas y armas salieron de algún lado. En el
mundo 50% de las víctimas de homicidios con armas tienen entre 15 y 29 años, el
79% son varones. En América Latina la posibilidad de morir siendo joven es
cuatro veces más alta que en el resto del mundo, potenciada por el uso de
armas: 66% de los homicidios (el doble que en Asia y África). En la Argentina,
6 de cada 10 homicidios son con armas de fuego. Controlar de dónde salen y a
quiénes llegan las armas es un imperativo para la seguridad pública.
Las políticas de prevención de la violencia armada dan
buenos resultados en todos lados. Ciudades de Estados Unidos, Sudáfrica,
Australia, Escocia, tienen logros importantes. Se trata de evitar que las armas
y balas lleguen a las personas inadecuadas, de desmantelar los proveedores y
almacenes del mercado negro de armas con inteligencia criminal, de controlar la
fuga de los arsenales públicos y privados, de prevenir los tiroteos de banditas
juveniles. Aquí cerca, Santa Fe, trabajó en estos ejes y Rosario logró bajar
considerablemente los homicidios.
Lejos de los buenos ejemplos, Mendoza parece condenado a
repetir sus errores. No es la primera vez que faltan armas y municiones del
arsenal policial. Hace 15 años hubo una auditoría. Con el entonces
subsecretario de Relaciones con la Comunidad, Gabriel Conte y el director de
Administración, Martín Kerchner, denunciamos el ilícito. Hubo investigación
judicial y responsables.
También hubo medidas reparatorias: las Naciones Unidas a
través de la agencia regional de paz, desarme y desarrollo (UN-LiREC),
contribuyó con dinero y expertos para ordenar el arsenal, darle más seguridad e
incluso adaptar una de las piletas de la ex bodega Giol como depósito de armas
secuestradas bajo custodia de la Justicia (a la que le habían robado cientos de
armas). Paradójicamente al final del gobierno de Pérez y por insistencia del ex
gobernador, el depósito de armas judicial pasó a manos policiales por una
acordada de la Suprema Corte. Preocupante, después de conocerse los resultados
de la auditoría que hizo el Ministerio de Seguridad.
Es vergonzoso para los mendocinos que hayamos retrocedido en
la historia. Mendoza supo ser pionera al establecer una política de control de
armas que moldeó la actual política nacional y generó precedentes de peso
internacional. El propio gobernador Alfredo Cornejo impulsó políticas estrictas
de control y persecución de los mercados ilícitos de armas cuando fue Ministro
de Seguridad, fue motor en el Parlamento de nueva legislación y luego invitado
por las Naciones Unidas para contárselas a representantes de todos los países.
Como entonces fuimos noticias por la transparencia hoy somos noticia por el
desatino que se apoderó del Estado en los últimos años. La auditoría es un buen
primer paso para empezar a remediarlo.
(*) Martín Appiolaza. Director de Prevención,
Participación Comunitaria y Derechos Humanos de la Municipalidad de Godoy Cruz.
