Dar la voz a los invisibles: Extensión universitaria para incidir a través del hip hop en las políticas públicas hacía jóvenes de comunidades vulnerables

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Investigación: Prevención del delito en la Argentina

Investigación para el Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad y la Universidad Alberto Hurtado, el 24 de marzo de 2009.



Comentario sobre este texto: Nota de Luis Abrego en www.mdzol.com

Investigación: Violencia Juvenil en la Argentina

Trabajo para el Centro Internacional de Prevención de la Criminalidad y la Universidad Alberto Hurtado. Presentado en Santiago de Chile, el 24 de marzo de 2009.




Comentario sobre este texto: Nota de Luis Abrego en www.mdzol.com

(2009) Alberto Montbrun, Martín Appiolaza y otros. Estretegia educativa para la reconversión del sistema policial de Mendoza

El 40% de los policías no tienen la primaria o la secundaria completa

Diario Los Andes, 23 de febrero de 2009

Así lo revela un informe realizado en Mendoza por Especialistas en seguridad. También dice que el 70% de los uniformados que están en la calle son auxiliares y advierte sobre serias deficiencias en formación.

Que casi 40% de los policías que hay en Mendoza no tiene la primaria ni la secundaria completa; que 70% de los policías que está en la calle son auxiliares y suboficiales, falta de municiones para la práctica de tiro y serias deficiencias en la formación policial son algunas de las conclusiones que arroja el informe "Bases de una estrategia educativa para la reconversión integral del modelo policial de la provincia de Mendoza", elaborado por los especialistas en seguridad Alberto Montbrun y Martín Appiolaza junto a 14 comisarios, a pedido del Ministerio de Seguridad.

Pero la suerte del informe es incierta, puesto que a Montbrun le han aceptado la renuncia y nada se sabe sobre lo que hará el ministerio con el estudio desarrollado. (Ver aparte)

Concretamente sobre el tema de la falta de estudios secundarios de los policías el informe señala que "la estrategia de incorporación masiva de los últimos años ha sido exitosa (3.191 auxiliares) por lo que la decisión de sacar el requisito de la secundaria completa para ingresar aparece a juicio del equipo de trabajo como un verdadero despropósito" y agrega: "A poco de comenzada la gestión del gobernador Iglesias se adoptó la decisión de apelar a la designación de auxiliares en la policía, con un breve curso de capacitación básica que en la actualidad, sumando prácticas de tiro y semanas de exámenes, apenas alcanza a los ocho meses, un período a todas luces insuficiente para una capacitación adecuada de recurso humano para una profesión que implica concreto riesgo de vida".

Además, sólo dos policías tienen posgrados universitarios, 11 tienen nivel universitario sin equivalencia para la función policial y 42 poseen una licenciatura en seguridad ciudadana.
El origen
Durante el fugaz paso de Juan Carlos Aguinaga como ministro de Seguridad, en los albores de la gestión Jaque, se le encomendó a Alberto Montbrun la elaboración de un proyecto que "superase las deficiencias del colapsado modelo tradicional, claramente vinculado al paradigma mecanicista propio de las organizaciones de la sociedad industrial pero con escasa capacidad para lidiar con las particulares características de la sociedad actual".

El equipo trabajó entre mayo y octubre, pero Montbrun no sólo aplicó sus conocimientos en seguridad sino que en las reuniones se juntó con 14 comisarios que aportaron su experiencia y conocimiento.

El informe indica que el desafío del grupo fue la "posibilidad de introducir un criterio de reconversión institucional que utilice los aportes más actualizados del paradigma científico autoorganizativo, holístico y evolucionista, persiguiendo el diseño de un modelo policial inteligente y adaptativo, capaz de evolucionar en el tiempo y de irse adecuando a los cambiantes aspectos del entorno social en el que opera".
El diagnóstico 

El informe agrega que la "multicausalidad del delito implica que la policía no es sino uno de los muchos subsistemas involucrados en su abordaje". Agrega también causas sociales que influyen como la inequidad, la desigualdad en el ingreso, el embarazo adolescente, la educación y la familia. Estos factores "hacen que el problema persista más allá de la capacidad de respuesta policial".

Señala además que para explicar la "actual crisis" que sufre la policía se han dado distintas respuestas como "la falta de recursos, obsolescencia de leyes, deficiente capacitación del personal, escasez de personal, no erradicación de la doctrina de la seguridad nacional, cultura autoritaria, etcétera".

Asimismo, esto se traduce en "falencias graves en la prevención del delito; demoras y deficiencias en la investigación de delitos; mala relación con la comunidad, especialmente en sectores juveniles o socialmente postergados; desprestigio institucional y desprestigio social de la profesión de policía; casos de violencia institucional; gatillo fácil y otros problemas”.

Así entonces, en el informe se animan a sugerir que “el problema sustancial de nuestra policía es la obsolescencia paradigmática de su modelo fundante y la necesidad imperiosa de diseñar participativamente un nuevo modelo acorde a los aportes científicos más recientes de las organizaciones inteligentes”. Indican también que “no podría comenzarse un proceso de ese tipo sin un previo reciclaje de los modelos mentales de los líderes políticos encargados de tomar las críticas decisiones relacionadas con la seguridad”.

En el informe elaborado por Montbrun y Appiolaza se hace fuerte hincapié en que la cantidad de policías no es lo importante y consideran que Mendoza tiene el número de efectivos suficientes por habitante según los indicadores exigidos por estándares internacionales. En las últimas cinco décadas se pasó de tener 3.375 policías a 8.400. En 1960 la relación policía por habitante era de uno cada 244 habitantes y hoy es de uno cada 214.

“Sostenemos que lo importante desde el punto de vista de nuestro análisis no es tanto la cantidad de policías en la planta sino los que realmente trabajan y la calidad de sus prestaciones laborales y de su idoneidad profesional”, y aquí está uno de los problemas graves.
Es que en el estudio se señala que no se cumplió con el objetivo de la reforma policial del 98 y que consistía en pasar gradualmente al nivel de oficialidad a la totalidad de la fuerza.

Por eso hoy, “70% de la policía reviste actualmente en los niveles de suboficiales y auxiliares lo cual reclama respuestas concretas desde la política de seguridad”.

Esto no es todo, también indica que “hay coincidencia en los miembros del grupo en el sentido de que el nivel de exigencia y profesionalidad que se reclama para nuestros policías es cada vez mayor en atención al tipo de disfunción que deben enfrentar cotidianamente y una planta de personal de baja calificación y técnica es lo contrario de lo que se está necesitando”.

Además ven como un “retroceso” la eliminación de la secundaria como requisito para ser policía. Recordemos que el grupo de trabajo está compuesto por 14 comisarios y ellos mismos admiten que no pueden combatir el delito con la “calidad” de los policías que tienen bajo su mando.

Hoy son 3.390 los auxiliares que trabajan como policías y “el problema más grave de la masiva incorporación de auxiliares es que esta categoría laboral no tiene lugar en el actual escalafón policial lo que significa que los mismos, si no existe una política de promoción hacia la Tecnicatura, están condenados a permanecer en esa condición a lo largo de toda su carrera”, señala el informe.
Fortalecer las comisarías

Montbrun y Appiolaza indican que “si el nuevo modelo de policía se orienta, como este trabajo lo sugiere, a una policía proactiva y solucionadora de problemas, con características de arraigo territorial y completo y profundo conocimiento de las problemáticas locales generadoras de desorden, delito y temor al delito, parece evidente que será necesario ejercer una opción por el fortalecimiento de las comisarías, al extremo de que deberán ser no sólo consideradas como las principales unidades de provisión de servicio público de seguridad, sino también como centros de capacitación permanentes donde los auxiliares y técnicos puedan terminar su formación básica”.

Gastón Bustelo gbustelo@losandes.com.ar

INFORME. Hacia una agenda parlamentaria para reducir la violencia armada en niños, niñas y jóvenes

Por Martín Appiolaza

Coordinador Regional en América Latina y el Caribe del Foro Parlamentario Consultor sobre violencia armada de Save the Children Suecia

Reunión anual Foro Parlamentario sobre Armas Pequeñas y Ligeras Montevideo, 9-10 de noviembre de 2006

Introducción

Niños, niñas y jóvenes son el grupo más afectado por la violencia armada. Es un fenómeno global que se vuelve más dramático en los países donde abunda la pobreza, la desigualdad, donde es difícil el acceso a la salud, a la educación para amplias masas de la población que viven hacinados y sin expectativas de mejorar. Allí, donde el mal desarrollo vulnera todos los derechos humanos de los niños y niñas universalmente consagrados, allí precisamente, los niveles de violencia son mayores.

La Organización Mundial de la Salud en su Reporte sobre Violencia y Salud determinó que en el año 2000 unos 199 mil niños, niñas y jóvenes fueron asesinados. La tasa de homicidios varía del 0,9 cada 100 mil habitantes en los mal llamados países desarrollados, hasta alcanzar una tasa del 17,6 en África y el 36,4 cada 100 mil habitantes en América Latina1.

Dicho de otro modo, las posibilidades de los niños, niñas y jóvenes latinoamericanos de ser asesinados es 40 veces mayor que las de sus pares de la Europa Occidental. La proliferación de armas empeora esta situación. Cuando la violencia se arma, aumenta la letalidad: una pistola mata con mayor eficiencia que otro instrumento de muerte. Y si los niños, niñas y jóvenes son las principales víctimas de la violencia, el uso de armas los afecta especialmente. Así es como el 51 % de los asesinados con armas en el mundo tienen entre 15 y 29 años2. Según este estudio, América Latina y el Caribe tiene la más alta concentración de homicidios con armas de fuego: el 40% de los que hay estimados en el mundo pese a que sólo hay conflictos en Haití y Colombia. Además, América Latina tiene la mayor tasa de homicidios con armas variando entre los 12,8 a los 15,5 cada 100.000 casos. Esto se explica si tenemos en cuenta que en la región, en el 60% de los homicidios interviene un arma de fuego. El contraste se siente respecto a Europa occidental, que tiene más armas per cápita que América Latina o África, pero sólo concentra entre el 0,3 y 0,4% de los homicidios con armas3.

Esto que podría parecer una paradoja, ha sido estudiado y se coincide en que los factores que hacen violenta a una sociedad siempre están relacionados con la pobreza, con la violencia en la familia, la carencia de trabajo que está relacionada con el fracaso escolar y educación inaccesible (aquí la diferencia entre Europa y América Latina o Africa). Se va configurando así un cuadro de exclusión asociada que se manifiesta a veces en racismo, prejuicios, estigmatización y se asocia con el lugar en que viven, con la falta de servicios públicos, de posibilidades de recreación. La situación se agrave cuando hay acceso a alcohol, drogas y especialmente a armas de fuego. El Informe de Naciones Unidas sobre Violencia contra Niños, Niñas4 presentado en octubre de 2006 coincide al identificar los mismos factores causales.

Caras del problema y el rol parlamentario

El derecho a no ser discriminado, a tener acceso a educación, salud, recreación, al desarrollo, han sido consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño y por la suscripción de los estados parte.

Sin embargo, su incumplimiento no sólo perpetúa la violencia hacia la niñez también es un acto de violencia en si mismo por parte del estado. Atender los derechos humanos del niño la mejor política de prevención de la violencia. Sin embargo, muchas veces las respuestas de los gobiernos suprimiendo derechos, por ejemplo a partir de las políticas de “mano dura”, o enfoques puramente reactivos, consiguen agravar los factores de riesgo de la violencia.

El problema de la violencia armada tiene a los niños, niñas y jóvenes jugando los dos roles protagónicos: el de víctimas y el de victimarios. Pero cuando se investiga con más profundidad se distingue que los agresores se concentran en los rangos de edad de 18 y 25 años. Las expresiones violentas que los involucran se presentan de distintas maneras que van del delito amateur al fenómeno COAV (Children and Youth in Organised Armed Violence)5, que corresponde con aquellos que trabajan en organizaciones violentas tan complejas como pandillas, facciones de la droga o maras, que tienen actividades económicas ilícitas y utilizan las armas para enfrentar a otros grupos, a las fuerzas policiales y también para dominar el territorio y a sus habitantes.

Los sistemas democráticos buscan que el trabajo de sus parlamentos esté basado en una cultura de paz y justicia social donde se respeten de manera equilibrada los derechos y libertades y en la que los niños y niñas sean considerados personas que poseedores no sólo de Derechos Humanos si no también de derechos especiales como los estipulados en la Convención sobre los derechos del niño. Los parlamentarios, como representantes de los ciudadanos y las comunidades, deben legislar terciando entre intereses individuales y de grupos de presión, para garantizar la paz social.

Los sistemas democráticos descansan en sus parlamentos la responsabilidad de sentar las bases de la organización social, que no es otra cosa que definir las reglas que les permitan a las sociedades un clima de paz y justicia donde se respeten de manera equilibrada los derechos y libertades y en la que los niños y niñas sean considerados personas que poseedores no sólo de derechos humanos sino también de derechos especiales como los estipulados en la Convención de los derechos del niño. Los parlamentarios, como representantes de la sociedad, deben legislar terciando entre intereses individuales y de grupos de presión, para garantizar la paz social.

Pero en estos tiempos en que las demandas de seguridad se han convertido en una de las principales preocupaciones de la población, el rol de diputados y senadores sólo puede ser protagónico.

El incumplimiento de los derechos del menor como factor causal de violencia, la violación de otros derechos por parte de niños, niñas y adolescentes y al mismo tiempo el Estado aplicando políticas que se sustentan en la restricción de los derechos de todos, representa una trilogía compleja que exige la intervención parlamentaria.

Concretamente, en el gobierno del Sistema de Seguridad Pública a los parlamentos les corresponde sancionar las leyes que regulen la seguridad; analizar, aprobar y controlar el presupuesto fiscal de los recursos destinados a financiar las políticas y programas de seguridad; y controlar y evaluar las políticas, la organización y el desempeño de todos los órganos y actores que formal en sistema de seguridad pública6.

Buscando soluciones

En relación con los problemas de violencia armada que afecta a niños, niñas y jóvenes, hemos podido observar que algunos parlamentos han desarrollado iniciativas importantes y que pueden continuar haciéndolo con mayor ímpetu. Por un lado están los esfuerzos para ocuparse de los aspectos propios de la violencia y por el otro aquellos relacionados con el desarme y el control de armas.

Un desafío para la prevención de la violencia armada es encontrar un equilibrio entre el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y jóvenes (que no sufragan y que no representan un grupo de presión política), frente a los reclamos airados de sectores de la opinión pública y sectores políticos en función de aumentar las penas, bajar la edad de imputabilidad o incluso la pena de muerte o los ajusticiamientos extrajudiciales.

Buscando soluciones, el Informe de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra Niños,

Niñas (ver www.scslat.org/unstudy/index.htm) hace algunas recomendaciones que podrían ser útiles para los legisladores. Por ejemplo, recomienda que se diseñen de políticas integrales planificadas a partir de los derechos del niño, prohibir toda forma de violencia (incluyendo la violencia en institucionales educativas, sanitarias y especialmente en la familia), dar prioridad a la prevención en las políticas de seguridad, atención en salud y educación y promover valores no violentos, preparar especialmente al Estado y sus agentes para que respete los derechos, entre otras medidas.

Respecto al desarme y control de armas, siguiendo las recomendaciones del Observatorio Parlamentario7, evitar la proliferación a partir de más y mejores controles aplicados sobre empresas privadas de seguridad, arsenales públicos y privados, fabricantes, intermediarios y transportistas, poseedores de armas, implementar en cada país iniciativas internacionales como el Programa de Acción de Naciones Unidas 2001 o los principios del Tratado Internacional de Transferencia de Armas (ATT en su sigla en inglés) que contemplan no permitir transferirle armas a actores no gubernamentales, o el marcaje de armas y municiones.

El control de la proliferación debe estar acompañado con medidas de reducción de los stock a partir de programas de desarme voluntario (recolección a cambio de estímulos), desalentar el uso trasladando a los tenedores de armas a través de impuestos los costos que la violencia armada representan para la sociedad y fomentar la sensibilización de la opinión pública a partir de campañas de concientización, desarrollo de la cultura de paz, involucramiento de la sociedad civil. Por último, como responsable del control de la gestión gubernamental, debe estar atento que se cumplan con iniciativas antes presentadas.

Preguntas que merecen formularse:

1. ¿Pueden los parlamentos impulsar medidas preventivas de la violencia hacia y por niños, niñas y jóvenes? ¿Es posible el diseño de programación de políticas integrales de prevención de la violencia a partir de la protección de los derechos consagrados?

2. ¿El posible el desarrollo de normas específicas para niños, niñas y jóvenes involucrados en la violencia armada organizada, atendiendo las opiniones de los involucrados, las fuerzas de seguridad y los gobiernos locales? ¿Es factible generar consensos para políticas de Estado en estos temas que escapen a la tentación populista?

3. ¿Los parlamentos pueden proponer la prohibición de la violencia en todas sus modalidades sobre niños, niñas y adolescentes? ¿Pueden crear, como estrategias preventivas, cuerpos policiales especializados para tratar la problemática?

4. ¿Es posible diseñar políticas integrales de control de armas y desarme, involucrando

a la sociedad civil y sensibilizando sobre los peligros de las armas, formando al mismo tiempo sobre cultura de paz?

5. ¿Es posible desde los parlamentos controlar a los gobiernos en su modo de gobierno del sistema de seguridad pública, con especial atención en temas relacionados con la proliferación de armas de fuego?

1 KRUG E. et al., eds. (2002). World Report on Violence and Health. Geneva,World Health Organization.
2 SMALL ARMS SURVEY (2004), estimación elaborada a partir del informe de la OMS.
3 Idem, página 177.
4 Informe de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra Niños y Niñas (2006), desarrollado por Paulo Pinheiro, pág. 96.
5 En la Reunión Anual del Foro Parlamentario realizada en México entre el 19 y el 21 de octubre de 2005, se presentó el documento de discusión “Niños y jóvenes en Violencia Armada Organizada”, desarrollado por Luke Dowdney de Viva Rio. Ver en: www.coav.org.br.
6 ILSED, PNUD-LAC-SURF, FORO PARLAMENTARIO (2006), Guía de Control Parlamentario del
Sistema de Seguridad Pública, Buenos Aires, pág. 10.
7 OBSERVATORIO PARLAMENTARIO (2006), Control de Armas Pequeñas y Ligeras (desarrollado
por Daniel Luz i Alvarez con la coordinación de María Lundberg), Estocolmo, pág. 46.

¿Cómo abordar el problema de la violencia armada y su influencia en la infancia y adolescencia?

En los países de la región, la violencia agravada por la presencia de las armas en la sociedad civil afecta especialmente a niños, niñas y adolescentes. El problema no es sólo de las organizaciones criminales; también se le asocia con hábitos culturales

Save the Children Suecia, septiembre de 2005

La falta de oportunidades, la desigualdad y la discriminación son algunos de los factores que determinan los hábitos culturales que propician el desarrollo de la violencia. Con la presencia del alcohol, las drogas y el uso de armas por parte de la sociedad civil, las soluciones propuestas para combatirla pierden eficacia.

Algunos Estados optan por la represión como una respuesta desesperada, sin percatarse que no tiene ningún sentido combatir a la violencia con más violencia.

Mas el problema debiera abordarse combatiendo no la violencia en sí sino sus orígenes, con propuestas posibles de desarrollarse mediante alianzas y políticas a corto plazo.

Sobre el tema, presentamos los avances obtenidos mediante un estudio realizado por Save the Children Suecia, destacando las buenas prácticas en la región y proponiéndolas como ejemplos a ser tomados en cuenta.

Como se sabe, Save the Children Suecia trabaja junto la sociedad civil sobre la base de los derechos del niño, influyendo en las diversas organizaciones vinculadas en esta problemática y persiguiendo como objetivo fundamental que los niños sean percibidos como sujetos activos de derechos.

La violencia en América Latina

En primer lugar, debe mencionarse que la violencia se viene convirtiendo en uno de los principales obstáculos para el desarrollo sostenible de América Latina, llegando a determinar conductas agresivas, incluso a niveles colectivos, como medios de defensa.

La desesperación también hace perder la perspectiva al momento de identificar a los responsables de la violencia. La mayoría señala a los niños, niñas y adolescentes como sus principales agentes; paradójicamente, también son reconocidos como los más afectados por ella.

Pandillas y violencia

Revisando los medios y ciertas políticas de Estado, vemos que se tiende a estereotipar y concentrar la amenaza de la violencia en grupos de niños y adolescentes (mayormente varones) debido al fenómeno de las pandillas (o maras) que actualmente afecta a la región, especialmente a Centroamérica y El Caribe.

A las pandillas se les asocia con todo lo negativo: homicidios, terrorismo, desgobierno, robos, etc. Esta simplificación de la realidad conlleva a tomar decisiones igualmente simplistas; para algunos, esto es argumento suficiente para justificar la intervención militar en la represión de estos grupos.

Otro fenómeno que involucra a la infancia es el denominado “delito amateur”, que se refiere a la trasgresión de la ley sin procurar grandes cantidades de dinero y sin pertenecer a ninguna organización jerárquica. Este tipo de delito tiene a niños, niñas y adolescentes como sus protagonistas principales e incluye el uso ocasional de las armas.

A veces, por obvio que parezca, es necesario aclarar (especialmente a la opinión pública) que la violencia no se concentra en un grupo social específico, que proviene de una serie de factores objetivos y que debe abordarse en su complejidad para prevenirla.

Niños y adolescentes: principales víctimas
América Latina y el Caribe registran un alto grado de violencia, en especial respecto de la concerniente al uso de armas de fuego. Según las estadísticas, el 40% de los homicidios en el mundo, cometidos con estas armas, suceden en nuestra región. Estas muertes a su vez representan el 60% del total de nuestros crímenes.

Los adolescentes varones forman parte del grupo más afectado por la violencia armada. Para entrar en mayores detalles, en El Salvador, el 14.5% de las víctimas de homicidios tienen entre 15 y 19 años de edad; en Guatemala, durante el 2003, hubo un promedio de tres adolescentes muertos cada día; en Medellín, durante el 2000, murieron dos niños cada día y un adolescente cada cinco días; en Brasil, entre 1994 y 2002, la tasa de homicidios de adolescentes de 15 años creció en 88.6%.

El problema de niños, niñas y adolescentes en relación con la violencia armada se hace visible a través de la elevada tasa de victimización, teniendo como uno de los componentes más preocupantes la utilización de armas de fuego, que aumenta la letalidad que los afecta como grupo social.

Acceso a las armas

A riesgo de simplificar el problema, podría decirse que el fenómeno de la violencia juvenil abarca la participación de los niños, niñas y adolescentes vinculados a su vez en la violencia armada organizada, pasando por aquellos que con decreciente frecuencia y niveles de agresión intervienen en el delito utilizando armas, y llegando a los que son actores pasivos de prácticas vinculadas con las armas como factor cultural.

El asunto ha llamado la atención de organismos internacionales, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil que han estudiado, diseñado e implementado programas para hacer frente al tema.
Aunque la presencia generalizada de las armas se asocia a las guerras (internas o internacionales), la actual disponibilidad de armas no permite ver con claridad la diferencia entre el antiguo concepto de guerra y el crimen organizado o la violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado o de grupos organizados.

Seguridad social

En este contexto, los gobiernos pierden autonomía e incluso pueden llegar a perder el control de la nación. Es entonces cuando aparecen grupos paramilitares, mercenarios, caciques, bandas criminales, narcotraficantes… todos estos grupos reclutan a su vez a niños y adolescentes bajo el compromiso de brindarles aquello que el Estado no puede.

Los Estados parecen entender la seguridad como un asunto concerniente exclusivamente a la defensa del territorio ante amenazas externas. Pero seguridad también involucra la protección contra las enfermedades, el hambre y la falta de expectativas laborales, contra los delitos y la represión política, contra las amenazas del medio ambiente, etc.

Y frente a esto, los Estados tampoco se preocuparon por analizar las consecuencias de la violencia armada, ni de identificar cuáles grupos humanos eran los más afectados. Con esto, la infancia y adolescencia fueron absorbidas por este problema, llegando a las cifras antes mencionadas y convirtiendo el asunto en un problema de dimensiones catastróficas.

Armas pequeñas y ligeras

El asunto fue que, desde los años setenta (luego de la aparición de las guerrillas latinoamericanas) la atención sobre las armas de fuego sólo se abordó desde un ángulo político: ¿Eran o no un peligro para la estabilidad del sistema administrativo?

Preocupados por la defensa de la democracia (desde entonces, el paradigma del desarrollo económico), nadie pareció visualizar las consecuencias que podrían tener en una sociedad civil desatendida y desorganizada.

A esta última llegaron las “armas pequeñas y ligeras”, como las denominan las Naciones Unidas, provocando el desastre que ya conocemos: estas armas de fuego están matando a niños, niñas y adolescentes en América Latina en una proporción mayor que a otros grupos etarios, y en mayor cantidad que en el resto del mundo.

La sociedad civil, en este contexto, no puede ofrecer guías simples que sirvan de orientación a la infancia. La familia como institución viene sufriendo cambios radicales en su estructura, los niños se ven obligados a trabajar para contribuir económicamente con ella y, en general, se encuentran demasiado expuestos a la delincuencia y al crimen.

Acciones coordinadas

Existe una relación directa entre el incremento de la violencia y el desarrollo económico. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la violencia le cuesta a América Latina el 12% de las riquezas que produce cada año. Obviamente, esto obstaculiza las posibilidades de desarrollo y acentúa los factores que desencadenan esa misma violencia. Es un ciclo de empobrecimiento, pérdida de posibilidades y más violencia.

Atendiendo esta relación entre violencia, armas y crecimiento económico, se viene realizando algunos intentos para abordar el problema y cómo afectan los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Podemos mencionar el apoyo brindado a toda América Latina por parte de Save the Children Suecia en el tema de la violencia armada y la infancia, el Programa Sociedad sin Violencia (iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) en El Salvador, la política de desarme impulsada por el gobierno de Guatemala, el programa Children and Youth in Organizad Armed Violence de la ONG Viva Rio, entre otros.

Analizando las iniciativas

Debemos señalar que en todos los proyectos destinados a resolver la problemática de la violencia y su incidencia en niños, niñas y adolescentes, hay una serie de puntos en común.
En primer lugar, se cuenta con la intervención local de los gobiernos; es decir, con un acercamiento a las comunidades que permite evaluar, diseñar y desarrollar las políticas.
También es ponderable la alianza entre gobiernos, sociedad civil y organizaciones internacionales. Los primeros buscan soluciones, mas la gestión asociada o interacción con la sociedad civil y la cooperación técnica y económica de organizaciones internacionales genera un espacio óptimo de trabajo.

El desarrollo en estos proyectos incluye también la participación activa de niños, niñas y adolescentes, atendiendo a uno de sus principales derechos (el de participación) y recogiendo sus experiencias y sugerencias tanto en el diseño como en la implementación de estrategias.

También se evidencia la necesidad de analizar el fenómeno de la violencia armada desde la perspectiva de las víctimas y del impacto en el desarrollo, debido a que se trata de una circunstancia relativamente novedosa.

Probables líneas de trabajo

Se sabe que por su misma naturaleza, la problemática de la violencia en la región no podrá ser solucionada en el corto plazo. Pero sí deben tomarse medidas inmediatas para evitar que la misma continúe afectando a la infancia.

Al respecto, podemos citar algunas de las iniciativas más importantes. A partir de talleres propuestos por el Swedish Fellowship of Reconciliation (SweFor) y con el apoyo de Save the Children Suecia, se ha implementado una serie de redes temáticas nacionales, como la Red Argentina de Desarme y la Red Colombiana por una Sociedad sin Violencia. Se sabe que este tipo de redes pueden desarrollarse también en el Perú, Ecuador, Paraguay y posiblemente Uruguay.

Save the Children Suecia también coopera con las iniciativas de otras instituciones, sobre todo en el área de difusión de estrategias destinadas a sensibilizar a la sociedad en relación con la violencia armada y su impacto sobre el grupo más damnificado: niños, niñas y adolescentes.

Informe: Resultados y lecciones aprendidas con el Plan Canje de Armas

Por Martín Appiolaza,Coordinador del Plan Canje de Armas

Documento sobre la experiencia de desarme en Mendoza durante los años 2001 y 2001, presentadas en el Seminario Internacional sobre "Disminución de la violencia y el crimen a través de la reducción en el porte y tenencia de armas", Medellin, Octubre del 2004. El texto resalta la necesidad de una planificación participativa, intervención de actores locales y continuidad en el tiempo.

Informe: Transformando actitudes hacia las armas de fuego. Plan Canje de Armas por Mejores Condiciones de Vida

En colaboración con Gabriel Conte y William Godnick, Mendoza, 2003.

Informe: El desarme enfocado desde la comunicación

Este informe sobre el Plan Canje de Armas fue elaborado elaborado para el Programa Sociedad Sin Violencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en El Salvador como parte del Seminario Permanente sobre Violencia, y presentado en la Conferencia sobre Impacto de las Armas sobre la Violencia, en abril de 2002, en San Salvador.

Informe: Contra los mitos. Un análisis estadístico de armas secuestradas en Mendoza

Este documento es una recuento por origen, tipo y calibre de las armas secuestradas y disponibles en los depósitos oficiales al 2001. Identificó que en la mayoría de los ilícitos estudiados intervinieron revólveres de marca nacional, bajo precio y que durante años se vendieron sin mayores controles. Por tratarse de una muestra amplia y corresponder a una década, aportó un panorama sobre la existencia de armas asociadas a los ilícitos. Fue difundido en septiembre del 2001 como parte de la política de armas del Ministerio de Justicia y Seguridad de Mendoza.

Contra los mitos: un análisis estadístico de armas secuestradas en Mendoza (Argentina) entre 1991-2001

Informe: Comunicación para el desarme voluntario

Este documento fue preparado en agosto del año 2001 para el Small Arms Survey y utilizado en su informe 2002. Relata distintas etapas del programa de recolección, referencias y pone el acento en los aspectos comunicativos.

Informe: Balance de programa de desarme Plan Canje de Armas

Por Martín Appiolaza

Sistematización de proyecto con detalles sobre armas recolectadas, tipo y origen, costos y actividades realizadas.

Informe: Documento de proyecto Plan Canje de Armas

Por Martín Appiolaza

Documento de formulación de proyecto del programa de desarme voluntario.