Analizando debate presidencial entre Macri y Scioli

En Canal U de la Universidad Nacional de Cuyo. Link

En el gobierno de Pérez aumentaron los robos violentos

Publicada 10 de junio de 2015 en MDZol

La seguridad aparece en las encuestas como la principal preocupación de los mendocinos. Las estadísticas demuestran que hay un temor justificado: la cantidad de robos agravados en el Gran Mendoza ha venido creciendo en los últimos tres años, desde que Francisco Pérez asumió la gobernación de Mendoza. Algunos problemas se habían acentuado en la anterior gestión.

Según los datos provistos por la Procuración General del Ministerio Público de Mendoza, la tendencia es ascendente con un crecimiento que sería superior al 20%. Dentro de los robos agravados, según explican policías y fiscales, predominan los asaltos a mano armada. Es difícil estimar un número definitivo porque muchas de las víctimas de estos delitos no los denuncian (según en algunos tipos de robos se denuncia menos de la mitad).

Es importante valorar que el Ministerio Público difunda esta información, porque permite dimensionar y tratar de comprender qué características tienen los delitos violentos en Mendoza. Especialmente en tiempos electorales, para que las propuestas y los consensos se cimienten en diagnósticos realistas espantando las tentaciones de la demagogia penal o las propuestas mágicas que siguen dañando la confianza pública y profundizando la inseguridad.

(Quien escribe estas líneas ha asumido una posición crítica sobre muchos aspectos de las gestiones de seguridad de los últimos gobiernos. Es bueno que se pongan en cuestión algunas de estas afirmaciones y revise las estadísticas en la página web del Ministerio Público). Mientras tantos, arriesguemos interpretaciones.

El gráfico muestra que hay meses con altos niveles de robos agravados y otros en los que disminuyen. Estas tendencias suelen corresponderse con distintas variables, entre ellas el tiempo: en los meses cálidos aumentan, porque también aumenta la cantidad de personas en la vía pública. Por ejemplo, hubo 902 denuncias en junio del 2012 y 1397 en abril del 2015. Encontrar las razones es un buen camino para empezar a resolverlas: hay que buscar causas económicas (disminución del ingreso real especialmente en grupos más vulnerables), de deterioro social y en algunas culturas criminales (las banditas violentas preocupan en muchos barrios de la ciudad), también problemas en el funcionamiento de la Justicia, en el deterioro al que se ha sometido a la Policía y especialmente en la falta de una política criminal.

La tendencia creciente tiene correspondencia también con el incremento de otros delitos violentos en el Gran Mendoza, como los homicidios. La tasa superó el umbral de 10 asesinatos cada 100 mil muertes que establecen las Naciones Unidas para considerar que existen epidemias de violencia. El año pasado fue de 12,59 colocando a la ciudad entre las más violentas del país y revirtiendo definitivamente la tendencia de descenso que había tenido en la primera mitad de la década pasada.

La seguridad empezará a resolverse lentamente sólo si hay medidas que rompan el ciclo de desaciertos que permitieron el aumento del delito, como ya ha hecho explícito por ejemplo el candidato a gobernador Cornejo. La salida necesita de acuerdos sobre información sólida, profesionalismo y una gestión efectiva de todas las instituciones del Estado que pueden revertir el problema.

Necesitamos una inteligencia para reducir el crimen

El presupuesto para la seguridad aumenta. La cantidad de policías aumenta. La cantidad de juzgados y presos aumenta. Sin embargo, crece aún más rápido el delito y los homicidios. Hay que cambiar para ser efectivos: la clave está en entender cómo se organiza el crimen y atrapar a los responsables a partir de información criminal.

Publicado en Diario Los Andes, 25 de marzo de 2015

Por Martín Appiolaza*. El mundo cambió. El delito cambió. Las viejas recetas ya no funcionan. El crimen crece aceleradamente y los intentos por disminuirlo parecen impotentes. Cada día se necesitan organizaciones policiales y judiciales más preparadas, con funcionarios más especializados y coordinados. Porque las organizaciones del crimen son cada vez más sofisticadas, a veces operan desde cualquier parte del mundo usando bandas locales y suelen tener más recursos que los policías y fiscales.

Cuando hablamos de crimen organizado suena lejano, pero las organizaciones operan muy cerca de nuestras casas. El robo a punta de pistola de un auto, secuestros para trata o la banda que vende de drogas en una esquina, por ejemplo, suelen ser la cara visible de estructuras criminales complejas con muchas ramificaciones. Detrás del que robó el auto está el que lo desarma o bien el que lo saca de la provincia y revende. Detrás de la abuela o el joven que vende marihuana, está el que la importó, el que organizó el transporte por miles de kilómetros, el que pagó sobornos, el que la repartió para que la comercialicen.

Detrás de los asaltos violentos o las peleas por territorios en los barrios hay jefes. Cuanto más impunidad y libertad para actuar tienen esas organizaciones criminales, más violencia sufrimos, más sentimiento de inseguridad y percepción de que la Justicia o la policía no funciona. Por eso una política criminal que busque reducir el delito debe hacer foco principalmente en las modalidades de crimen organizado y sus miembros.

Para atraparlos hace falta información sobre el crimen y un uso inteligente para darle efectividad a la Justicia y la Policía. Una estrategia integral debe sumar mecanismos adecuados de controles patrimoniales, control y lucha contra la corrupción y mecanismos sociales que prevengan las causas que favorecen el crimen como políticas efectivas de salud, educación y trabajo.

Postales de un fracaso

Nunca hubo tantos presos, tantos jueces, tantos policías y tantos delitos. Por este camino todo esfuerzo parece condenado al fracaso. Hace falta un cambio en el modo de abordar el delito que pasa por tener información que permita llegar a las cabezas de las organizaciones que dinamizan el delito en los barrios. De atrapar a los miembros de esas organizaciones antes que sigan cometiendo crímenes. Y de poder anticiparse a la formación de nuevas bandas y de los delitos que quieran cometer.

Se trata de ser inteligentes y de hacer inteligencia: es decir, buscar información que nos permita ser efectivos con los pocos recursos que tiene el Estado. No se pueden seguir tratando de matar moscas a cañonazos, sino de conocer en profundidad las organizaciones, su forma de actuar, sus redes de protección (por definición, estatales y económicas) y la mano de obra violenta que usan, repitiendo varias veces los delitos.

Hace años, Mendoza creó un área de inteligencia criminal que al menos parece ineficiente. La inteligencia criminal, que está en debate en la Argentina, se ha desvirtuado entre operativos de seguimiento político, confundiendo funciones y logrando escasa eficiencia (a la vista está el despliegue de capos narcos que hicieron de Puerto Madero y Nordelta). Si esto pasa en la Argentina, Mendoza seguramente no es una excepción.

Pero en Mendoza se vaciaron los sistemas de información criminal. Hace un tiempo me tocó entrevistar a una funcionaria de Seguridad que hacía un buen trabajo de análisis de información sobre las organizaciones de robo de autos, pero los otros funcionarios preferían manejarse por la intuición. Las consecuencias están a la vista.

A diferencia de otras provincias, hoy prácticamente no tenemos información criminal, no tenemos estadísticas amplias que permitan entender las dinámicas del delito. Nos faltan datos para saber qué características tendrá el crimen dentro de 10 o 20 años y formar policías adecuados para abordar los desafíos que vendrán. En cambio, todo es coyuntura y supervivencia al día, todo es tratar de tapar un escándalo con algún operativo pomposo. Así no se hace política seria ni se consiguen soluciones de largo plazo. Hacen falta políticas de Estado fuera de las especulaciones políticas o las preocupaciones por su continuidad laboral de los funcionarios de turno.

Inteligencia contra el crimen

La inteligencia se aplica en varias áreas de las políticas públicas, para garantizar la vida de los ciudadanos y los derechos ante una multiplicidad de amenazas que pueden afectar el acceso a la comida, poner en peligro la salud o bajar el valor de la producción de recursos de un país. Entonces, ¿por qué no hacerlo bien en seguridad?

Una anécdota: hace una década, trabajando para Naciones Unidas, pude compartir una reunión privada con una de las máximas autoridades del sistema de inteligencia brasilero. En ese momento se quejaba porque le habían cambiado las órdenes: el presidente Lula ya no les pedía que expiaran a adversarios políticos, sino que siguieran de cerca el valor de los alimentos en los mercados mundiales para poder anticiparse a una hambruna, un boom agrícola o conflictos por tierras cultivables.

¿Podremos hacer lo mismo para anticiparnos a las organizaciones criminales transnacionales que pueden intentar desembarcar en la provincia, cooptar las bandas locales e intentar lavados de activos como ya pasó en México, por ejemplo? El crimen organizado tiene una fase depredadora que es la del crimen tal como hoy lo sufrimos en los barrios. Pero luego busca cooptar el Estado comprando a políticos y jueces.

El sistema electoral sin financiamiento público que es una tentación para que el dinero del crimen intente meterse en las campañas electorales. El financiamiento privado de la política favorece que el poder económico (el lícito también) coopte a los partidos políticos y al Estado. Ya hubo dinero vinculado al narcotráfico en al menos en dos campañas presidenciales. La Argentina no ha demostrado capacidad aún para frenar el lavado de activo asociado con la corrupción. Si sucede, la violencia será peor.

Estamos a tiempo de apostar a una seguridad basada en la inteligencia, concentrada en ir a buscar a las bandas, a sus jefes, a sus matones. Si lo logramos, se romperá el ciclo acelerado del incremento de la violencia y también estaremos poniéndole freno a las organizaciones del crimen organizado que quieran afianzarse en Mendoza.

*Investigador del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia. Asesora a gobiernos y organismos internacionales.

¿Por qué están disminuyendo los homicidios en Rosario?

La reducción se mantiene después de varios meses. Arriesgar causas es prematuro. Una podría ser el diseño, articulación e implementación de políticas de seguridad y sociales entre distintos niveles del Estado. Se produce en un contexto nacional de alza.

Publicado en mdzol.com, 10 de marzo de 2015

Por Martín Appiolaza. Está disminuyendo la cantidad de homicidios en Rosario. Primero empezó a reducirse el ritmo de crecimiento. Pero desde agosto hay una clara disminución comparada con los primeros meses del año y una reducción fuerte respecto a los mismos meses del 2013. El cambio en la tendencia se da en los meses en que históricamente aumenta la violencia y sus víctimas en la ciudad.

Los datos producidos por el Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Rosario indican que en agosto hubo un homicidio menos que el año anterior. Que en septiembre la disminución sobre el mismo mes del año anterior fue del 50% y que en octubre la caída fue del 57%. En noviembre y diciembre la caída fue menor. El año terminó con 5,5% menos y en los primeros dos meses del 2015 la caída es del 20%.

La tendencia anual comenzó a estabilizarse a partir del segundo trimestre, en coincidencia con la implementación de una serie de medida de tipo policiales como la presencia de fuerzas federales, la creación e implementación de la policía comunitaria en algunas zonas muy afectadas por la violencia y los cambios en las formas de patrullaje. Pero también una intervención amplia en estrategias de prevención e inclusión social.

Las políticas públicas orientadas a la seguridad son complejas, requieren varios niveles de intervención, los impactos demoran y pueden variar bruscamente por muchas razones. Sin embargo, cuando se insinúan tendencias alentadoras en cuanto a la reducción de la violencia, merecen atención.

No hay remedios mágicos. Los datos parciales del Observatorio municipal muestran que, al mismo tiempo que disminuyeron las víctimas fatales –que aún son muchas- la cantidad de heridos por armas de fuego se mantuvo alta. Esto permite relativizar el impacto de las medidas de presencia policial, ya que los tiroteos se siguen produciendo.

Lo que cambia es la letalidad: distintos estudios y observaciones permiten advertir que predominan las peleas entre grupos juveniles por broncas y adversidades locales. Es un fenómeno que se ha hecho visible en los últimos años en ciudades grandes e intermedias en todo el país. Así también lo detectó el Instituto de Investigaciones de la Suprema Corte de Justicia respecto al incremento de homicidios en la Ciudad de Buenos Aires. Otras ciudades grandes como Mendoza, por ejemplo, también están sufriendo un incremento importante en las tasas de crímenes violentos.

Las acciones

La reducción de homicidios es una tendencia. Asegurar cuáles son las causas y prescribir “soluciones exitosas” puede ser prematuro. Sin embargo, podemos especular revisando qué puede contribuido a la baja. Especialmente, identificar las políticas públicas. Veamos.

La Municipalidad de Rosario definió, una serie de estrategias de prevención social de la violencia, dentro de lo que le permiten sus competencias en temas de seguridad pública. Están focalizadas en los grupos más vulnerables, en la violencia armada, las víctimas y fortalecer las capacidades de control para mejorar la convivencia. Estas acciones comenzaron hace un año y hay que considerarlas como posibles contribuciones a la disminución de la violencia.

Un estudio a partir de las víctimas de la violencia en Rosario permitió establecer que la mayoría son niños y jóvenes, varones, que viven en barrios populares, que han pasado por situaciones de violencia y que vuelven a repetirse. Orientándose a esos grupos, el programa “Nueva oportunidad” trabaja con 700 de esos jóvenes en inclusión laboral y sociocultural. Complementariamente, el Ministerio de Educación de Santa Fe profundizó las estrategias de inclusión educativa con el programa “Vuelvo a estudiar”, focalizado en frenar el abandono escolar.

Todos coinciden, en Rosario el Estado está presente en todos los barrios. Sin embargo, hay zonas de la ciudad donde la inversión social es más necesaria para garantizar el acceso a servicios como agua, electricidad, cloacas, pavimento y cambiar las condiciones de hacinamiento. Muchos de las víctimas de la violencia viven en estas comunidades. La violencia ha redefinido las formas de convivencia, incluso por la aparición de mercados ilegales. En esas comunidades la provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario cooperan con organizaciones comunitarias en las mesas barriales para mejorar los barrios y fortalecer la capacidad de organización de los vecinos. El “Plan Abre” desarrolla iniciativas similares también en Villa Gobernador Gálvez y Santa Fe.

Prevención

El estudio de las características de la violencia en Rosario articulando distintas áreas estadísticas municipales, evidenció que 9 de cada 10 víctimas de homicidios eran varones, que la mitad tenían entre 10 y 30 años, que las muertes se producían con armas (en 7 de cada 10 casos y aumentando), que la mayoría de estos jóvenes moría a no más de 15 cuadras de su casa y que la mitad de los asesinados rosarinos ya habían sufrido situaciones de violencia. Además, la información del Ministerio de Seguridad de Santa Fe demostró que la principal causa de violencia era por violencia entre conocidos, y no, como se aventaba mediáticamente, vinculada al narcotráfico.

La política de prevención municipal se concentró en estas víctimas, tratando de resolver las causas de los conflictos y evitando que se multipliquen. Esto incluye un relevamiento permanente de los conflictos en la ciudad y el abordaje a las víctimas de violencia armada junto con sus personas cercanas para desactivar venganzas o futuros enfrentamientos. También mediación entre bandas para superar las enemistades o broncas que desencadenaron la violencia.

Incluso, en la multiplicidad de acciones podríamos considerar también mejoras en el control y convivencia en el espacio público, ámbitos donde se producen la mayoría de los conflictos violentos.

Coordinaciones

Igualmente importante, la coordinación entre niveles de la justicia, investigaciones enfocadas sobre organizaciones ilícitas y en la que han colaborado distintos niveles del Estado, han encerrado a grupos criminales. Incluyendo a policías corruptos.

La modernización de la policía es clave. Los primeros pasos han avanzado en definir criterios de gestión para concentrarse en algunas estructuras criminales, definir especialización policial de acuerdo a problemas como la Comunitaria y Táctica, así como la descentralización creando jefaturas por nodos y por ciudades. La reforma policial y de la justicia penal buscan reconstruir la confianza dando respuestas a las expectativas sociales de seguridad y justicia.

Sin duda el conjunto de acciones municipales, provinciales y federales han contribuido en parte a empezar a reducir la violencia. La enumeración rápida de políticas –en general contenidas en un consenso amplio sobre lo que debe ser una seguridad democrática- puede resultar orientadora. Pero no hay respuestas mágicas. Es fundamental construir acuerdos amplios para avanzar en políticas a largo plazo y renunciar a las especulaciones electoralistas sobre un tema complejo y extendido en el país, que encabeza las preocupaciones en la Argentina.

(*) Martín Appiolaza. Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia. Asesor en seguridad ciudadana y convivencia de la Municipalidad de Rosario.

Entrevista sobre políticas de seguridad en TV Quatro de Río Cuarto

Bajar el delito mejorando la prevención

Publicado en Clarín, 22 de noviembre de 2014.

Los niveles de violencia están creciendo en algunas ciudades y bajando en otras. Aunque no se publican estadísticas oficiales desde el año 2008, es posible inferir tendencias a partir de estudios parciales de la Justicia, los sistemas de salud o la prensa. Así surge que en el gran Mendoza se proyecta un aumento de los homicidios del 50%; que en Comodoro Rivadavia subieron cerca del 30% (como ya pasó en el 2012); que algo similar pasa con la ciudad de Santa Fe. En 2012 los homicidios crecieron casi el 70% en la provincia de Córdoba. También aumentaron un 60% en Chubut, 54% en Salta, 46% en Entre Ríos, 14% en Formosa, 9% en Buenos Aires y 8% Neuquén, según registros del Ministerio de Salud analizados por la Asociación de Políticas Públicas. El año pasado el aumento en Rosario fue del 39,5% (Observatorio de municipal de Convivencia y Seguridad), en Neuquén el 27% y en ciudad de Córdoba el 10,5% (dato del Observatorio de Seguridad Ciudadana).

También hay descensos este año en tres ciudades que habían tenido alzas recientes. Rosario está bajando sus homicidios a partir de programas sociales de infraestructura, inclusión educativa, prevención de la violencia armada, patrullaje de fuerzas federales, reformas en la policía e investigaciones judiciales sobre grupos criminales. También tienden a bajar Córdoba y Mar del Plata.

En el 2012 el 63% de los homicidios en la Argentina fue con armas de fuego. En Mar del Plata el 71,8%, según el Centro municipal de Análisis Estratégico del Delito y la Violencia. En el Conurbano llegaron al 68,9%, la principal causa fueron riñas o venganzas (41,57%) y la mitad de las víctimas sobre las que hubo datos fueron niños y jóvenes. En el mismo año en la Ciudad de Buenos Aires el 56% de los homicidios involucró armas de fuego, una bronca previa fue causa principal (39%) y 4 de cada 10 víctimas fueron niños y jóvenes, según los estudios de expedientes que hace el Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema.

Es una tendencia global, según la ONU: 50% de las víctimas de homicidios en el mundo tienen entre 15 y 29 años; el 79% son varones. En América Latina la posibilidad de morir siendo joven es cuatro veces más alta que en el resto del mundo, potenciada por el uso de armas: 66% de los homicidios (el doble que en Asia y África).

Las estadísticas y las experiencias demuestran que para disminuir las muertes hacen falta programas integrales de prevención de la violencia, abordar a los grupos más conflictivos, generar su inclusión social y cultural, mediar para desmontar las enemistades entre bandas, controlar efectivamente armas y municiones con una agencia jerarquizada y solvente. Excepto algunas experiencias aisladas (gubernamentales y de la sociedad civil), en la Argentina prevalece una respuesta insuficiente, puramente policial y judicial.

por Martín Appiolaza, Director del Centro de Estudios de Seguridad Urbana de la Universidad Nacional de Cuyo

Criminología cultural y el trabajo con grupos juveniles violentos como actores sociales del cambio

Contra la violencia

América es el continente más violento, niños y jóvenes los que más mueren, las armas de fuego las que más matan. ¿Qué podemos hacer?

Publicado en La Vanguardia, octubre 2014

Por Martín Appiolaza. 25 de Junio. La camioneta trepó el cerro por una calle de tierra imposible entre las casas precarias. Es una zona tomada por las bandas criminales, herederas de las organizaciones paramilitares. Ahí abajo está Soacha, vecina de Bogotá, una de las principales receptoras de la migración interna y desplazados por el conflicto colombiano. En la cima llueve y hace frío. Arropados por una sala comunitaria una niña cuenta con detalles cómo asesinaron a su amigo. Todo pasó delante de ella. Tuvo el impulso de tratar de impedirlo, pero su mamá la agarró fuerte del brazo. Y se quedó viendo. Los enmascarados se fueron en sus motos, alzando las armas. El amigo quedó muerto en el barro. Así mueren decenas de niños y jóvenes: algunos porque terminan involucrados en las peleas de bandas que controlan las drogas, los sobornos o el sicariato. A otros los matan para demostrar que los pueden matar sin que pase nada.

Ella cuenta (sigue llorando aunque cree que no lo notamos). Los que la escuchan no dejan de sorprenderse: ella habla con palabras diáfanas, convencida de que debe salvar a otros chicos porque así está salvando a su amigo. Sabe que puede morir en cualquier instante, eso le da serenidad. Ella cuenta y los otros no pueden creer que esa niña llena poesía sea la misma que hace poco no sabía hablar con palabras. Ella encontró palabras de coraje jugando y aprendiendo con otros niños.

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En Colombia, el 53% de los asesinados no llegan a cumplir los 30 años. Es el grupo de edad más victimizado: más de 5000 jóvenes al año. Hay que sumarle unos 1100 niños. El 80% de esos homicidios son con armas de fuego. La tasa es 5 veces superior a la que reconoce la Argentina.

Toda América tiene una foto similar: es la región más violenta del mundo. Dos tercios de los asesinatos son con armas de fuego. Los niños, niñas y jóvenes resultan los más afectados. El 30% de los homicidios involucra a grupos de jóvenes varones que pasan su corta vida hacinados en barrios populares, expuestos a las actividades más violentas del crimen organizado que maneja los mercados ilegales. En Latinoamérica las posibilidades de morir siendo joven y varón son cuatro veces más altas que el promedio mundial.

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2 de Julio. Es una pared ancha, de unos 6 metros. Es lo más blanco en esa comunidad selvática de Ilopango, al oriente de San Salvador. Tiene tatuado con letras góticas “mara Salvatrucha”. Por un pasillo estrecho con casas en los costados se va accediendo a la comunidad. El pasillo trepa y se desdibuja con el follaje. Hay unos jóvenes por allí pero ya nos avisaron que no hay que tener miedo. Por un costado se

entra al salón que tiene techo de chapas hirvientes. En el medio una mesa, una gaseosa y vasos de plástico. La reunión ya empezó. Conversan sobre los proyectos de la cooperativa: huertas orgánicas de chiles y tomates que están cultivando los jóvenes pandilleros de la Mara Salvatrucha con la unión vecinal, algunas organizaciones sociales y con ayuda de la cooperación internacional. Ese de ahí, el que está pasando el informe contable, es la autoridad de la mara en esta comunidad. Es joven, habla claro, seguro y me explica: queremos una oportunidad, la pacificación que vino con la tregua nos está permitiendo aprender oficios y tener trabajo. Antes venía la policía y nos extorsionaba o nos mataba. Le suena el celular y se aleja para hablar sin que lo escuchen. Se queda parado en una zona gris: las pandillas continúan conviviendo con el delito, los jefes manejan desde las cárceles, hay muchas dudas pero también alguna esperanza de que por fin disminuya la violencia.

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Los niveles de violencia en El Salvador son de los más altos del planeta. Sin embargo, la cantidad de homicidios se redujo casi un 40% a partir de una tregua que acordaron desde las cárceles las cúpulas de las dos principales pandillas violentas: las maras 18 y Salvatrucha. La tasa de homicidios del año pasado bajó hasta los niveles de Colombia. Como el resto de América Latina, la mayoría de las víctimas tienen menos de 30 años, de cada 10 víctimas 9 son varones y las armas de fuego intervienen en el 67% de las muertes violentas (antes de la tregua era el 81%).

Pero el fenómeno de las maras es muy complejo y focalizado en el triángulo norte de América Latina. En El Salvador se mezcla una historia de violencia social y política, desplazamientos, extrema pobreza (el 72% son niños y niñas), desigualdad (tiene el lugar 130 sobre 160 países), mal desarrollo (tiene el puesto 115 sobre 187 países en el ranking de desarrollo humano) y con un crecimiento urbano que facilita el hacinamiento. Participar en las pandillas violentas, en muchos casos son un eslabón del crimen organizado, resulta una alternativa de vida válida para los jóvenes.

La tregua entre las maras es polémica. Las maras son organizaciones criminales jerárquicas que administran negocios ilegales. El nivel de involucramiento y el reparto de ganancias no son igualitarios. Los eslabones más bajos sobreviven con unos 200 dólares mensuales y muchos dicen que están predispuestos a apartarse de la pandilla a cambio de una mejor opción de vida. Después de los 25 se ven los “calmados”, los que quieren evitar la violencia, pero abandonar la mara vivo no es fácil. La tregua facilitó el despliegue de algunas políticas focalizadas en los grupos más abiertos y vulnerables, pero el gran obstáculo han sido los jefes pandilleros de las comunidades: resisten el cambio con excepciones como la cooperativa en Ilopango.

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2008. La ciudad de Mendoza creció descontrolada hacia el oeste, sobre las faldas de la precordillera, y allí se asentaron villas. Mientras muestran las cicatrices de los balazos, cuentan que sus familias fueron mudándose de villa en villa, hacia donde había un pariente que los atajaba. Los balazos tienen historia y ellos con unos 25 años ya son experimentados con historias para contar. El de la pierna fue jugando: estábamos tomando y se me escapó. El de la espalda, muestra el otro, fue en una pelea contra los del barrio de enfrente: es una pelea de hace mucho. Ya no se acuerdan por qué. En el Fachi ellos son los que mandan, a los que hay que temer. Pero ellos le tienen miedo a la familia que vende drogas y alquila armas. Todos dicen que los protege la policía. Los más chicos, los guachines, están siempre ahí, juntos, avisando si vienen extraños al barrio sacados. Se van con un arma y vuelven con plata para comprar merca. Están sacados: cuando tengan 15 nos van venir a matar a nosotros. Y así fue. Unos años después los tiroteos de los niños de entonces domina la vida de la villa.

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El fenómeno de niños, niñas y jóvenes solos o en grupos, insertos en economías ilícitas como estrategia de vida, que en sus cúpulas son manejadas por organizaciones del crimen organizado, es un fenómeno presente en la mayoría de las grandes ciudades del mundo. Es más intenso donde hay segregación, grandes desigualdades y políticas de exclusión (económica, de seguridad, raciales o culturales). También se ha extendido también a ciudades medianas.

Las políticas para abordar el tema de grupos de niños y jóvenes expuestos a la violencia armada organizada son fallidas e inconsistentes. Donde se lo encaró con más policías y cárceles, generó más violencia y profesionalización de los grupos involucrados en delitos. Es el caso de las políticas de “mano dura” centroamericanas que asociaron pandillas con crimen: persiguieron indiscriminadamente y dispararon las tasas de homicidios.

En otros casos no existen políticas específicas, de facto se aplican las leyes penales castigando individuos pero ignorando a los grupos y sus lógicas. Es que casi un siglo de estudios demuestran que las pandillas o bandas pueden tener también un rol positivo como identidad colectiva e inclusión en la exclusión.

Existen varias experiencias de trabajo con estos grupos de niños, niñas y jóvenes en situaciones de violencia que lograron cambiar las conductas de las personas transformando sus grupos de pertenencia. Es que trabajar con la bandita, la pandilla (un término que no tiene consenso en la Argentina) o el grupo, es la oportunidad de prevenir la violencia de manera efectiva y sostenible. Barcelona y Ecuador le dieron personería jurídica a algunas pandillas. En Ciudad Juárez los grupos se forman y hacen incidencia social por la reducción de la violencia. En Rio de Janeiro los mismos jóvenes soldados de las bandas criminales se convirtieron en boxeadores, estudiaron y llevaron al Parlamento sus reclamos.

Excepto algunas experiencias aisladas, la Argentina naufraga entre el abordaje penal y la falta de políticas específicas para estos fenómenos novedosos, dinámicos y complejos. Esa es una de las tantas causas del aumento de la violencia.  

Entrevista: "Les tenemos miedo a las palabras"

Aunque no sea fácil hacerlo bajo el fuego cruzado de la campaña electora el entrevistado propone que es posible pensar las "cuestiones de seguridad" desde la izquierda, superando políticas que describe esquizoides, a condición  de enfrentar ciertos temores y de elaborar ciertas "reminiscencias terribles".

Publicado en Brecha, 2 de octubre de 2014

Por Rafael Rey

EL MENDOCINO MARTÍN Appiolaza, especialista en seguridad ciudadana y prevención del delito, estuvo la semana pasada  en Montevideo, en el marco del Foro Justicia 2014, organizado por el Centro Interdisciplinario de Estudios Judiciales y la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay.

Allí dio una conferencia ("Seguridad, política y populismo penal"), donde, "entono de farsa", brindó consejos a aquellos candidatos que "quieren ganar fama y votos usando a las víctimas de los delitos". Según Appiolaza, actual asesor de la Municipalidad de Rosario en temas de seguridad pública, es un buen momento para quienes "piensan que se pueden dejar de lado los argumentos y transformar el miedo en votos".

Sobre este y otros temas conversó con Brecha.

Hacia una nueva seguridad municipal

Desde el ámbito municipal se puede generar un nuevo modelo de seguridad alejado de las políticas de la derecha populista.

Publicado en La Vanguardia.

Por Martín Appiolaza. Se viene el calor. Con él aumenta la cantidad de conflictos violentos y delitos. De la mano llegan los reclamos potenciados por el clima pre electoral. Mal momento para los intendentes: aunque no tienen responsabilidad directa sobre la seguridad, los vecinos igual les apuntan con sus demandas. ¿Qué pueden aportar a la seguridad sin hacer populismo los gobiernos locales?

Una seguridad efectiva debe ocuparse de atender a los policías y sus problemas

La tragedia de El Bermejo es otro caso de violencia que involucra a policías. Ante la repetición de casos urge una política integral de seguridad democrática que se ocupe también de las condiciones de trabajo de los policías, formación, economía, carrera, salud, controles y sanciones.

Publicada 22 de septiembre 2014 en MDZol

Martín Appiolaza, Centro de Estudios Seguridad Urbana (UNCuyo), Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia

Cuando los hechos aislados se empeñan en repetirse es porque ya tememos un problema estructural. Los casos de violencia y policías se repiten, denotando el deterioro de las condiciones de salud, laborales, económicas y en algunos casos éticas que les afecta. Los policías son la cara más visible del sistema de seguridad, los casos son el emergente de una crisis (con claros responsables) que merece un abordaje integral.

Cuando en una organización cualquiera los miembros empiezan a mostrar síntomas extendidos de malestar, es porque hay que mirar el funcionamiento de la institución. Según testimonios publicados en la prensa, esto está pasando con los policías de Mendoza. En los últimos meses hemos visto casos de violencia protagonizada por trabajadores policiales contra otras personas o ellos mismos, renuncias y quejas. Según trascendidos, también hay un nivel preocupante de hábitos insalubres en muchos agentes, así como problemas en el ámbito familiar. No hay que estigmatizar ni generalizar, sino reconocer que hay un funcionamiento institucional que está afectando a algunos de sus miembros. Y ocuparse.

Aumenta la violencia y el temor

Publicado Diario Los Andes, 29 de agosto de 2014.

Por Martín Appiolaza. En Mendoza terminaremos el 2014 con una cifra record de homicidios, según las estadísticas. La violencia alcanzará el nivel de epidemia en el Gran Mendoza, según los estándares de las Naciones Unidas. Las armas intervienen en la mayoría de los asesinatos. Las principales víctimas son jóvenes, varones, que mueren cerca de sus casas y principalmente los fines de semana. El alcohol es la droga que siempre aparece en estos casos.

Es difícil saberlo sin estadísticas confiables, pero algunos afirman que están aumentando los robos violentos confirmando la ineficacia de las políticas de siempre. Se denuncian menos de la mitad de los casos y de esos, llegan a resolverse cerca de 3 de cada 100. Entre el 2006 y 2012 (el año con más homicidios de la historia mendocina) aumentó un 40% la cantidad de presos (hoy siguió en ascenso). Sin embargo, aunque muchos consiguieron votos publicitándose con leyes más severas, los delitos no han disminuido y la violencia aumentó.

Se necesita información para tener políticas de seguridad serias

La seguridad aparece en las encuestas como la principal preocupación de los argentinos. Responder a esta preocupación debe ser una prioridad del gobierno y también de los candidatos. Pero no se difunden oficialmente las estadísticas criminales desde hace 5 años. Un obstáculo para discutir respuestas con seriedad y que da rienda suelta a los desvarios demagógicos.

Publicado en Diario Los Andes, 28 de agosto de 2014.

Por Martín Appiolaza. En las últimas semanas, las ocurrentes pociones para la seguridad de los candidatos conservadores alimentaron las polémicas periodísticas. Para unos, toda política se resuelve comprando cámaras y autos policiales. Para otros, pasa por tener más policías, comisarías y de paso usar los fondos públicos para publicitarse. Quintaesencia del populismo.

Pero las ocurrencias más preocupantes llegaron desde los niveles más altos del gobierno: vincular a los extranjeros con el aumento de la violencia y el delito. Hubo críticas severas a lo que podría interpretarse como un arrebato xenófobo y también silencios lamentables. El episodio merece algunas reflexiones.

Afirmar que hay bandas de extranjeros que viajan a la Argentina delinquir resultó inquietante. Supongamos que el gobierno tiene información confiable para afirmarlo (al menos así lo aseguraron señalando fuentes de inteligencia criminal). Corresponde que preguntemos sobre el crecimiento del 19% de la participación de los extranjeros en delitos, según se afirmó.

En la niebla

Sin estadísticas públicas es un desafío tratar de entender cómo se construyen esos datos. Las evaluaciones demuestran que el sistema de información criminal argentino es bastante deficiente, pese a los esfuerzos esporádicos por convertirlo en una herramienta confiable. Se nutre de los informes que dan las policías provinciales, que a su vez cuentan los delitos a su manera y con llamativas omisiones (pocos años atrás una provincia norteña declaró que no había tenido homicidios, sin embargo la prensa local había contado más de 80).

¿Es posible una seguridad progresista?

Nota publicada en La Vanguardia Digital

“El delito perjudica a los pobres y resulta de mucha importancia para ellos y para los débiles, que sufren las consecuencias de los actos ilícitos de los empresarios y de sus compañeros empobrecidos. Los socialistas deben, por lo tanto, ver el delito como uno de los problemas a tratar en primer término. Ningún partido socialista tiene la menor posibilidad de asegurarse el apoyo de los pobres si no tiene una política sobre el delito, una política que reconozca tanto que las raíces del delito se encuentran en las contradicciones del sistema capitalista como que es necesario enfrentarlo sin recurrir al Estado autoritario de los conservadores”,John Lea y Jock Young en ¿Qué hacer con la ley y el orden?, 1984.

Las encuestas muestran que seguridad y violencia están entre las principales preocupaciones de los argentinos. Luz verde para que proliferen ocurrencias espasmódicas para resolver la inseguridad. Como en el cambalache se mezclan castigos más severos, militarizar la formación ciudadana, cárceles sponsoreadas, talleres de formación en oficios, enrejar y filmar espacios públicos, además de recetas de amplio espectro contra el “flagelo de las drogas”. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón. Ante la confusión generalizada, surge una pregunta necesaria: ¿cuáles de estas medidas ayudan a tener una sociedad más desigual y violenta? Y por el contrario, lo que nos interesa: ¿qué medidas aportan a una política progresista para la seguridad?

Resulta que las sociedades más igualitarias y democráticas son también las que menos niveles de violencia padecen. Son las que mejor saben gestionar sus conflictos para evitar las injusticias y la violencia. Es sabido: convivimos generando muchas formas de violencia. Algunas de esas violencias son clasificadas por las leyes como delitos para que las resuelvan las policías y la Justicia. Pero en la práctica policías y Justicia sólo se ocupan sólo de algunos delitos.

De cómo conseguir votos usando a las víctimas de delitos y la inseguridad

Por MARTÍN APPIOLAZA

Publicado en La Vanguardia

 Si es candidato, quiere ganar de cualquier manera, se apiada de los que prometen una sociedad más justa y solidaria, y está orgulloso de su pragmatismo, entonces usted tiene una gran oportunidad: usar el temor de los electores y el dolor de las víctimas del delito. Aquí encontrará un decálogo de imposturas, medias verdades y falacias grandilocuentes que le podrían arrimar esos preciados votitos que tanto necesita para poder administrar los fondos públicos. Advertencia: no dejar al alcance de los niños.

Los falacias demagógicas deben poner a la ciudadanía y a todo el espectro político en estado de alerta: se trata de un ideario que sostiene sin fundamentos que el aumento del poder de la policía, el incremento de las penas y el encierro masivo son las soluciones a los problemas de inseguridad”, comunicado  del Acuerdo por la Seguridad Democrática a propósito de la campaña contra la modernización del Código Penal.

Corren vientos favorables para los cultores de la demagogia penal: aumenta el delito y la inseguridad en la Argentina. Un candidato oportunista que sepa llegar a los corazones proclamándose el defensor de las víctimas y abanderado de los castigos, puede convertir el temor y el dolor en votos a su favor.

Se sabe: aumentar las penas no reduce el delito. Pero para el buen demagogo es la oportunidad de ganar (tiempo); ya llegará el momento de culpar por el fracaso de viejas fórmulas a los pobres, desviados, artistas, académicos, garantistas, progresistas, jueces y parlamentarios dormilones, políticas sociales para la vagancia, policías, defensores de los derechos humanos, la OEA, la ONU, alguna conspiración de Bulgaria y la televisión (excepto el canal del empresario que le promociona).

El populismo penal es una fórmula probada: hace medio siglo que una alianza conservadora viene ganando elecciones en Estados Unidos hablando del delito como el principal problema social. En nombre de la guerra al crimen justifica todo. La seguridad es la principal política social. Los candidatos que mejor encajan con esta idea son sheriff, fiscales, militares o en su defecto, actores de westerns. Estadistas, abstenerse.

Los conservadores locales tratan de probarse el traje de tipos duros y completan el combo del populismo penal con merchandising de la “tolerancia cero”. Un ejemplo argentino: Carlos Ruckauf fue vicepresidente de Carlos Menem y efímero gobernador de Buenos Aires invitando a “meter bala” y pidiendo con poética neorrealista que los presos “se pudran con sus manos agarradas a las rejas oxidadas de la cárcel”. Manso talento para convertir el dolor en odio y la venganza en política pública. Y ni hacerse cargo del aumento del delito que produjeron las políticas neoliberales que defendió.

Pasando en limpio: con un discurso simple de la seguridad, emocional, proponiendo castigos severos, encontrando “malos” para culpar y sumando patrocinadores, el buen demagogo transita por la senda del éxito. Veamos un decálogo de instrucciones frecuentemente útiles para conseguir votos usando a las víctimas de delitos y la inseguridad.

La kermés de las crisis de seguridad

Algunas ideas a propósito de las "crisis en seguridad" y las respuestas ensayadas, reflejados en Diarios Los Andes del 18 de mayo de 2014.

El combo de ocurrencias que se promueve como emergencia en seguridad no tiene pies ni cabeza. Hay medidas que van en direcciones opuestas, que anulan los beneficios que podrían traer las otras. Es difícil creer que si hay legisladores que aprueban una iniciativa, luego puedan estar de acuerdo con otra. No hay una idea de política criminal detrás, trasluce mucha confusión. No hay una comprensión compartida del problema de la violencia y menos un rumbo claro.

La crisis en seguridad es una crisis de la política, donde el gobierno no tiene respuestas al problema de la seguridad. No tiene idea qué pasa, porque en general en la Argentina no hay aún certezas de por qué aumentó la violencia en los últimos años. Ante la presión social que amenaza llevarse puesto algunos quioscos, se monta una kermés de proyectitos legislativos, una cooperativa de artesanos donde costos y beneficios se pagan entre todos. Todos ganan: legisladores pueden mostrarse, hay mejoras para trabajadores policiales y la seguridad se abre a la posibilidad de hacer negocios para seducir empresarios en vísperas de un año electoral. Además, se demuestra ganas de trabajar en seguridad tratando de que se calmen los vecinos. Populismo penal, que le dicen.

Pero con un licuado de nabo con salame no se cura la desnutrición de ideas. Saca el hambre por un rato. Se gastarán muchos fundos públicos y nuevamente, como tantas otras veces, dentro de unos meses volveremos a otra crisis. ¿Alguien puede asegurar cuánto bajarán los asesinatos o los robos a mano armada con alguna o todas las medidas? ¿Vamos a evaluar si todo esto sirve para mejorar la seguridad o para enfriar la crisis política? ¿Mediremos el impacto de las nuevas medidas para ver si bajan el delito, como hacen por ejemplo en Chile? ¿Y si no funcionan, los legisladores asumirán una responsabilidad civil sobre las medidas que aprueben y el impacto que tengan? ¿O seguiremos haciendo pruebitas con fondos públicos?

¿Cómo prevenir la violencia en grupos de niños, niñas y jóvenes afectados por la violencia armada?

Publicada por el Boletín de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Cita:

APPIOLAZA, Martín. 2013. ¿Cómo prevenir la violencia en grupos de niños, niñas y jóvenes afectados por la violencia armada? En Boletín de la Biblioteca del Congreso de la Nación N°. 127. Buenos Aires.

1. Introducción

¿Cómo impacta la violencia y especialmente la violencia agravada por el uso de armas de fuego en niños, niñas y jóvenes? ¿Cómo se conciben las políticas públicas para abordar el problema? ¿Existen políticas de prevención y la única intervención estatal es la persecución penal? ¿Cómo se relacionan los comportamientos de adolescentes y jóvenes con estructuras criminales? ¿La pertenencia a grupos juveniles callejeros, universalmente conocidos como pandillas, es el final de toda posibilidad de abordaje o abre oportunidades para otras transformaciones? ¿Cuál es la situación en algunos países con situaciones críticas? ¿Cómo deberían construirse estrategias para prevenir la violencia en estos grupos altamente victimizados?

El desafío es pensar el fenómeno desde una perspectiva de derechos que se aleje de los enfoques de control que vienen fracasando, mapear oportunidades de intervención para prevenir violencia y delito en adolescentes y jóvenes afectados por la violencia armada e insertos en pandillas y estructuras criminales. También revisitar investigaciones relevantes y analizar también algunos casos. Establecer algunos ejes conceptuales desde donde desarrollar intervenciones y poner en contexto sudamericano.

Un texto referencial es la investigación “Ni guerra, ni paz” de Luke Dowdney, que estudió pandillas en 12 países con el apoyo de Save the Children y la International Action Network on Small Arms. Aquel trabajo aportó un conocimiento sobre el tema y también motorizó una agenda internacional para ocuparse del fenómeno de los niños y niñas afectados por la violencia armada organizada. Los fenómenos presentan algunas transformaciones en un contexto de aceleración en la circulación de mercancías e información, globalización en aspectos comerciales y culturales.

Nos interesa destacar dos dimensiones de los grupos juveniles afectados por la violencia:

• Dimensión colectiva: Las pandillas no deben ser vistas sólo como organizaciones para delinquir, enfoque extendido y motorizado tanto por gobiernos como por organizaciones internacionales y no gubernamentales. Los grupos de adolescentes y jóvenes que participan en subculturas delictivas pueden ser la oportunidad para transformarse y que ellos cambien las causas que alentaron sus comportamientos violentos.
• Dimensión individual: el ingreso de adolescentes y jóvenes en estructuras criminales les reserva un rol de alta exposición a la violencia, reproduce las condiciones de privación de derechos y son especialmente señalados por la persecución penal. Pero también los gratifica individualmente o en grupos (pandillas) y esa dimensión debe ser abordada para intentar transformar las condiciones que facilitan la violencia y el delito.

Una seguridad democrática y efectiva contra la violencia y el delito

El tiempo pasa, los fracasos se suceden y las viejas recetas para la seguridad se reciclan. Falta una política criminal focalizada en los mercados ilícitos, funcionarios con capacidad para atrapar a las cúpulas de las estructuras criminales e instituciones policiales modernizadas.

DiarioLos Andes, jueves 6 de junio de 2013

Por Martín Appiolaza, Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia

Un fantasma recorre el mundo: la inseguridad. El miedo es una de las principales demandas sociales. El miedo al delito sólo una de sus caras, pero la más visible. Se aparece en sueños a los funcionarios públicos, los asusta con urnas vacías y marchas de vecinos indignados. 

Los más audaces le hacen frente intentando despertar: anteponiendo la razón a los instintos de preservación y arriesgándose a reformas profundas. Los más pragmáticos piden a los gritos auxilio para que algún jefe de policías se haga cargo, exorcizando los temores con algún plan salvador. Cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Y así estamos.

El miedo al delito existe y tiene fundamentos, porque los delitos existen aunque, por lo general, el miedo al delito como los fantasmas, son desmedidos. Las encuestas de victimización son el método más fiable para entender qué delitos se producen, con qué características y cuál es el nivel del temor. Generalmente, el nivel de temor es mucho mayor que la amenaza. 

Entrevista en RadiumNews sobre seguridad en América Latina

Appiolaza: "Si cumpliéramos con la ley tendríamos cárceles diferentes"

Estamos en comunicación con Martín Appiolaza, director del Centro de Estudios de Seguridad Urbana de la UNCuyo.

-Me gustaría que habláramos del canje de armas, ¿cuál es su opinión?

-Es una de las medidas necesarias para reducir la violencia armada, una de las medidas que debe ser complementada con muchas otras.

-¿Cree que los delincuentes van a entregar las armas, no somos nosotros los que no son delincuentes los que entregaríamos las armas?

-La verdad yo no te conozco Raúl, pero no se en qué momento en un ataque de violencia o en una situación crítica podés también trasgredir la ley, la cuestión es la que la presencia de un arma puede facilitar y de hecho es mucho más letal que otro tipo de instrumento a la hora de matar.

-Yo no tendría un arma, pero si la tuviera a lo mejor yo la entregaría, ¿pero la entregaría un delincuente?

-No es la idea, la idea es reducir la disponibilidad de armas en la sociedad para que haya menos flujo de armas en los mercados ilícitos, para que haya menos flujo de armas hacia los mercados ilícitos y entonces, ahí si el objetivo último a largo plazo es que sea mucho más difícil conseguir armas para delinquir.