En el gobierno de Pérez aumentaron los robos violentos

Publicada 10 de junio de 2015 en MDZol

La seguridad aparece en las encuestas como la principal preocupación de los mendocinos. Las estadísticas demuestran que hay un temor justificado: la cantidad de robos agravados en el Gran Mendoza ha venido creciendo en los últimos tres años, desde que Francisco Pérez asumió la gobernación de Mendoza. Algunos problemas se habían acentuado en la anterior gestión.

Según los datos provistos por la Procuración General del Ministerio Público de Mendoza, la tendencia es ascendente con un crecimiento que sería superior al 20%. Dentro de los robos agravados, según explican policías y fiscales, predominan los asaltos a mano armada. Es difícil estimar un número definitivo porque muchas de las víctimas de estos delitos no los denuncian (según en algunos tipos de robos se denuncia menos de la mitad).

Es importante valorar que el Ministerio Público difunda esta información, porque permite dimensionar y tratar de comprender qué características tienen los delitos violentos en Mendoza. Especialmente en tiempos electorales, para que las propuestas y los consensos se cimienten en diagnósticos realistas espantando las tentaciones de la demagogia penal o las propuestas mágicas que siguen dañando la confianza pública y profundizando la inseguridad.

(Quien escribe estas líneas ha asumido una posición crítica sobre muchos aspectos de las gestiones de seguridad de los últimos gobiernos. Es bueno que se pongan en cuestión algunas de estas afirmaciones y revise las estadísticas en la página web del Ministerio Público). Mientras tantos, arriesguemos interpretaciones.

El gráfico muestra que hay meses con altos niveles de robos agravados y otros en los que disminuyen. Estas tendencias suelen corresponderse con distintas variables, entre ellas el tiempo: en los meses cálidos aumentan, porque también aumenta la cantidad de personas en la vía pública. Por ejemplo, hubo 902 denuncias en junio del 2012 y 1397 en abril del 2015. Encontrar las razones es un buen camino para empezar a resolverlas: hay que buscar causas económicas (disminución del ingreso real especialmente en grupos más vulnerables), de deterioro social y en algunas culturas criminales (las banditas violentas preocupan en muchos barrios de la ciudad), también problemas en el funcionamiento de la Justicia, en el deterioro al que se ha sometido a la Policía y especialmente en la falta de una política criminal.

La tendencia creciente tiene correspondencia también con el incremento de otros delitos violentos en el Gran Mendoza, como los homicidios. La tasa superó el umbral de 10 asesinatos cada 100 mil muertes que establecen las Naciones Unidas para considerar que existen epidemias de violencia. El año pasado fue de 12,59 colocando a la ciudad entre las más violentas del país y revirtiendo definitivamente la tendencia de descenso que había tenido en la primera mitad de la década pasada.

La seguridad empezará a resolverse lentamente sólo si hay medidas que rompan el ciclo de desaciertos que permitieron el aumento del delito, como ya ha hecho explícito por ejemplo el candidato a gobernador Cornejo. La salida necesita de acuerdos sobre información sólida, profesionalismo y una gestión efectiva de todas las instituciones del Estado que pueden revertir el problema.

¿Por qué están disminuyendo los homicidios en Rosario?

La reducción se mantiene después de varios meses. Arriesgar causas es prematuro. Una podría ser el diseño, articulación e implementación de políticas de seguridad y sociales entre distintos niveles del Estado. Se produce en un contexto nacional de alza.

Publicado en mdzol.com, 10 de marzo de 2015

Por Martín Appiolaza. Está disminuyendo la cantidad de homicidios en Rosario. Primero empezó a reducirse el ritmo de crecimiento. Pero desde agosto hay una clara disminución comparada con los primeros meses del año y una reducción fuerte respecto a los mismos meses del 2013. El cambio en la tendencia se da en los meses en que históricamente aumenta la violencia y sus víctimas en la ciudad.

Los datos producidos por el Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Rosario indican que en agosto hubo un homicidio menos que el año anterior. Que en septiembre la disminución sobre el mismo mes del año anterior fue del 50% y que en octubre la caída fue del 57%. En noviembre y diciembre la caída fue menor. El año terminó con 5,5% menos y en los primeros dos meses del 2015 la caída es del 20%.

La tendencia anual comenzó a estabilizarse a partir del segundo trimestre, en coincidencia con la implementación de una serie de medida de tipo policiales como la presencia de fuerzas federales, la creación e implementación de la policía comunitaria en algunas zonas muy afectadas por la violencia y los cambios en las formas de patrullaje. Pero también una intervención amplia en estrategias de prevención e inclusión social.

Las políticas públicas orientadas a la seguridad son complejas, requieren varios niveles de intervención, los impactos demoran y pueden variar bruscamente por muchas razones. Sin embargo, cuando se insinúan tendencias alentadoras en cuanto a la reducción de la violencia, merecen atención.

No hay remedios mágicos. Los datos parciales del Observatorio municipal muestran que, al mismo tiempo que disminuyeron las víctimas fatales –que aún son muchas- la cantidad de heridos por armas de fuego se mantuvo alta. Esto permite relativizar el impacto de las medidas de presencia policial, ya que los tiroteos se siguen produciendo.

Lo que cambia es la letalidad: distintos estudios y observaciones permiten advertir que predominan las peleas entre grupos juveniles por broncas y adversidades locales. Es un fenómeno que se ha hecho visible en los últimos años en ciudades grandes e intermedias en todo el país. Así también lo detectó el Instituto de Investigaciones de la Suprema Corte de Justicia respecto al incremento de homicidios en la Ciudad de Buenos Aires. Otras ciudades grandes como Mendoza, por ejemplo, también están sufriendo un incremento importante en las tasas de crímenes violentos.

Las acciones

La reducción de homicidios es una tendencia. Asegurar cuáles son las causas y prescribir “soluciones exitosas” puede ser prematuro. Sin embargo, podemos especular revisando qué puede contribuido a la baja. Especialmente, identificar las políticas públicas. Veamos.

La Municipalidad de Rosario definió, una serie de estrategias de prevención social de la violencia, dentro de lo que le permiten sus competencias en temas de seguridad pública. Están focalizadas en los grupos más vulnerables, en la violencia armada, las víctimas y fortalecer las capacidades de control para mejorar la convivencia. Estas acciones comenzaron hace un año y hay que considerarlas como posibles contribuciones a la disminución de la violencia.

Un estudio a partir de las víctimas de la violencia en Rosario permitió establecer que la mayoría son niños y jóvenes, varones, que viven en barrios populares, que han pasado por situaciones de violencia y que vuelven a repetirse. Orientándose a esos grupos, el programa “Nueva oportunidad” trabaja con 700 de esos jóvenes en inclusión laboral y sociocultural. Complementariamente, el Ministerio de Educación de Santa Fe profundizó las estrategias de inclusión educativa con el programa “Vuelvo a estudiar”, focalizado en frenar el abandono escolar.

Todos coinciden, en Rosario el Estado está presente en todos los barrios. Sin embargo, hay zonas de la ciudad donde la inversión social es más necesaria para garantizar el acceso a servicios como agua, electricidad, cloacas, pavimento y cambiar las condiciones de hacinamiento. Muchos de las víctimas de la violencia viven en estas comunidades. La violencia ha redefinido las formas de convivencia, incluso por la aparición de mercados ilegales. En esas comunidades la provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario cooperan con organizaciones comunitarias en las mesas barriales para mejorar los barrios y fortalecer la capacidad de organización de los vecinos. El “Plan Abre” desarrolla iniciativas similares también en Villa Gobernador Gálvez y Santa Fe.

Prevención

El estudio de las características de la violencia en Rosario articulando distintas áreas estadísticas municipales, evidenció que 9 de cada 10 víctimas de homicidios eran varones, que la mitad tenían entre 10 y 30 años, que las muertes se producían con armas (en 7 de cada 10 casos y aumentando), que la mayoría de estos jóvenes moría a no más de 15 cuadras de su casa y que la mitad de los asesinados rosarinos ya habían sufrido situaciones de violencia. Además, la información del Ministerio de Seguridad de Santa Fe demostró que la principal causa de violencia era por violencia entre conocidos, y no, como se aventaba mediáticamente, vinculada al narcotráfico.

La política de prevención municipal se concentró en estas víctimas, tratando de resolver las causas de los conflictos y evitando que se multipliquen. Esto incluye un relevamiento permanente de los conflictos en la ciudad y el abordaje a las víctimas de violencia armada junto con sus personas cercanas para desactivar venganzas o futuros enfrentamientos. También mediación entre bandas para superar las enemistades o broncas que desencadenaron la violencia.

Incluso, en la multiplicidad de acciones podríamos considerar también mejoras en el control y convivencia en el espacio público, ámbitos donde se producen la mayoría de los conflictos violentos.

Coordinaciones

Igualmente importante, la coordinación entre niveles de la justicia, investigaciones enfocadas sobre organizaciones ilícitas y en la que han colaborado distintos niveles del Estado, han encerrado a grupos criminales. Incluyendo a policías corruptos.

La modernización de la policía es clave. Los primeros pasos han avanzado en definir criterios de gestión para concentrarse en algunas estructuras criminales, definir especialización policial de acuerdo a problemas como la Comunitaria y Táctica, así como la descentralización creando jefaturas por nodos y por ciudades. La reforma policial y de la justicia penal buscan reconstruir la confianza dando respuestas a las expectativas sociales de seguridad y justicia.

Sin duda el conjunto de acciones municipales, provinciales y federales han contribuido en parte a empezar a reducir la violencia. La enumeración rápida de políticas –en general contenidas en un consenso amplio sobre lo que debe ser una seguridad democrática- puede resultar orientadora. Pero no hay respuestas mágicas. Es fundamental construir acuerdos amplios para avanzar en políticas a largo plazo y renunciar a las especulaciones electoralistas sobre un tema complejo y extendido en el país, que encabeza las preocupaciones en la Argentina.

(*) Martín Appiolaza. Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia. Asesor en seguridad ciudadana y convivencia de la Municipalidad de Rosario.

Bajar el delito mejorando la prevención

Publicado en Clarín, 22 de noviembre de 2014.

Los niveles de violencia están creciendo en algunas ciudades y bajando en otras. Aunque no se publican estadísticas oficiales desde el año 2008, es posible inferir tendencias a partir de estudios parciales de la Justicia, los sistemas de salud o la prensa. Así surge que en el gran Mendoza se proyecta un aumento de los homicidios del 50%; que en Comodoro Rivadavia subieron cerca del 30% (como ya pasó en el 2012); que algo similar pasa con la ciudad de Santa Fe. En 2012 los homicidios crecieron casi el 70% en la provincia de Córdoba. También aumentaron un 60% en Chubut, 54% en Salta, 46% en Entre Ríos, 14% en Formosa, 9% en Buenos Aires y 8% Neuquén, según registros del Ministerio de Salud analizados por la Asociación de Políticas Públicas. El año pasado el aumento en Rosario fue del 39,5% (Observatorio de municipal de Convivencia y Seguridad), en Neuquén el 27% y en ciudad de Córdoba el 10,5% (dato del Observatorio de Seguridad Ciudadana).

También hay descensos este año en tres ciudades que habían tenido alzas recientes. Rosario está bajando sus homicidios a partir de programas sociales de infraestructura, inclusión educativa, prevención de la violencia armada, patrullaje de fuerzas federales, reformas en la policía e investigaciones judiciales sobre grupos criminales. También tienden a bajar Córdoba y Mar del Plata.

En el 2012 el 63% de los homicidios en la Argentina fue con armas de fuego. En Mar del Plata el 71,8%, según el Centro municipal de Análisis Estratégico del Delito y la Violencia. En el Conurbano llegaron al 68,9%, la principal causa fueron riñas o venganzas (41,57%) y la mitad de las víctimas sobre las que hubo datos fueron niños y jóvenes. En el mismo año en la Ciudad de Buenos Aires el 56% de los homicidios involucró armas de fuego, una bronca previa fue causa principal (39%) y 4 de cada 10 víctimas fueron niños y jóvenes, según los estudios de expedientes que hace el Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema.

Es una tendencia global, según la ONU: 50% de las víctimas de homicidios en el mundo tienen entre 15 y 29 años; el 79% son varones. En América Latina la posibilidad de morir siendo joven es cuatro veces más alta que en el resto del mundo, potenciada por el uso de armas: 66% de los homicidios (el doble que en Asia y África).

Las estadísticas y las experiencias demuestran que para disminuir las muertes hacen falta programas integrales de prevención de la violencia, abordar a los grupos más conflictivos, generar su inclusión social y cultural, mediar para desmontar las enemistades entre bandas, controlar efectivamente armas y municiones con una agencia jerarquizada y solvente. Excepto algunas experiencias aisladas (gubernamentales y de la sociedad civil), en la Argentina prevalece una respuesta insuficiente, puramente policial y judicial.

por Martín Appiolaza, Director del Centro de Estudios de Seguridad Urbana de la Universidad Nacional de Cuyo

Criminología cultural y el trabajo con grupos juveniles violentos como actores sociales del cambio

Contra la violencia

América es el continente más violento, niños y jóvenes los que más mueren, las armas de fuego las que más matan. ¿Qué podemos hacer?

Publicado en La Vanguardia, octubre 2014

Por Martín Appiolaza. 25 de Junio. La camioneta trepó el cerro por una calle de tierra imposible entre las casas precarias. Es una zona tomada por las bandas criminales, herederas de las organizaciones paramilitares. Ahí abajo está Soacha, vecina de Bogotá, una de las principales receptoras de la migración interna y desplazados por el conflicto colombiano. En la cima llueve y hace frío. Arropados por una sala comunitaria una niña cuenta con detalles cómo asesinaron a su amigo. Todo pasó delante de ella. Tuvo el impulso de tratar de impedirlo, pero su mamá la agarró fuerte del brazo. Y se quedó viendo. Los enmascarados se fueron en sus motos, alzando las armas. El amigo quedó muerto en el barro. Así mueren decenas de niños y jóvenes: algunos porque terminan involucrados en las peleas de bandas que controlan las drogas, los sobornos o el sicariato. A otros los matan para demostrar que los pueden matar sin que pase nada.

Ella cuenta (sigue llorando aunque cree que no lo notamos). Los que la escuchan no dejan de sorprenderse: ella habla con palabras diáfanas, convencida de que debe salvar a otros chicos porque así está salvando a su amigo. Sabe que puede morir en cualquier instante, eso le da serenidad. Ella cuenta y los otros no pueden creer que esa niña llena poesía sea la misma que hace poco no sabía hablar con palabras. Ella encontró palabras de coraje jugando y aprendiendo con otros niños.

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En Colombia, el 53% de los asesinados no llegan a cumplir los 30 años. Es el grupo de edad más victimizado: más de 5000 jóvenes al año. Hay que sumarle unos 1100 niños. El 80% de esos homicidios son con armas de fuego. La tasa es 5 veces superior a la que reconoce la Argentina.

Toda América tiene una foto similar: es la región más violenta del mundo. Dos tercios de los asesinatos son con armas de fuego. Los niños, niñas y jóvenes resultan los más afectados. El 30% de los homicidios involucra a grupos de jóvenes varones que pasan su corta vida hacinados en barrios populares, expuestos a las actividades más violentas del crimen organizado que maneja los mercados ilegales. En Latinoamérica las posibilidades de morir siendo joven y varón son cuatro veces más altas que el promedio mundial.

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2 de Julio. Es una pared ancha, de unos 6 metros. Es lo más blanco en esa comunidad selvática de Ilopango, al oriente de San Salvador. Tiene tatuado con letras góticas “mara Salvatrucha”. Por un pasillo estrecho con casas en los costados se va accediendo a la comunidad. El pasillo trepa y se desdibuja con el follaje. Hay unos jóvenes por allí pero ya nos avisaron que no hay que tener miedo. Por un costado se

entra al salón que tiene techo de chapas hirvientes. En el medio una mesa, una gaseosa y vasos de plástico. La reunión ya empezó. Conversan sobre los proyectos de la cooperativa: huertas orgánicas de chiles y tomates que están cultivando los jóvenes pandilleros de la Mara Salvatrucha con la unión vecinal, algunas organizaciones sociales y con ayuda de la cooperación internacional. Ese de ahí, el que está pasando el informe contable, es la autoridad de la mara en esta comunidad. Es joven, habla claro, seguro y me explica: queremos una oportunidad, la pacificación que vino con la tregua nos está permitiendo aprender oficios y tener trabajo. Antes venía la policía y nos extorsionaba o nos mataba. Le suena el celular y se aleja para hablar sin que lo escuchen. Se queda parado en una zona gris: las pandillas continúan conviviendo con el delito, los jefes manejan desde las cárceles, hay muchas dudas pero también alguna esperanza de que por fin disminuya la violencia.

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Los niveles de violencia en El Salvador son de los más altos del planeta. Sin embargo, la cantidad de homicidios se redujo casi un 40% a partir de una tregua que acordaron desde las cárceles las cúpulas de las dos principales pandillas violentas: las maras 18 y Salvatrucha. La tasa de homicidios del año pasado bajó hasta los niveles de Colombia. Como el resto de América Latina, la mayoría de las víctimas tienen menos de 30 años, de cada 10 víctimas 9 son varones y las armas de fuego intervienen en el 67% de las muertes violentas (antes de la tregua era el 81%).

Pero el fenómeno de las maras es muy complejo y focalizado en el triángulo norte de América Latina. En El Salvador se mezcla una historia de violencia social y política, desplazamientos, extrema pobreza (el 72% son niños y niñas), desigualdad (tiene el lugar 130 sobre 160 países), mal desarrollo (tiene el puesto 115 sobre 187 países en el ranking de desarrollo humano) y con un crecimiento urbano que facilita el hacinamiento. Participar en las pandillas violentas, en muchos casos son un eslabón del crimen organizado, resulta una alternativa de vida válida para los jóvenes.

La tregua entre las maras es polémica. Las maras son organizaciones criminales jerárquicas que administran negocios ilegales. El nivel de involucramiento y el reparto de ganancias no son igualitarios. Los eslabones más bajos sobreviven con unos 200 dólares mensuales y muchos dicen que están predispuestos a apartarse de la pandilla a cambio de una mejor opción de vida. Después de los 25 se ven los “calmados”, los que quieren evitar la violencia, pero abandonar la mara vivo no es fácil. La tregua facilitó el despliegue de algunas políticas focalizadas en los grupos más abiertos y vulnerables, pero el gran obstáculo han sido los jefes pandilleros de las comunidades: resisten el cambio con excepciones como la cooperativa en Ilopango.

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2008. La ciudad de Mendoza creció descontrolada hacia el oeste, sobre las faldas de la precordillera, y allí se asentaron villas. Mientras muestran las cicatrices de los balazos, cuentan que sus familias fueron mudándose de villa en villa, hacia donde había un pariente que los atajaba. Los balazos tienen historia y ellos con unos 25 años ya son experimentados con historias para contar. El de la pierna fue jugando: estábamos tomando y se me escapó. El de la espalda, muestra el otro, fue en una pelea contra los del barrio de enfrente: es una pelea de hace mucho. Ya no se acuerdan por qué. En el Fachi ellos son los que mandan, a los que hay que temer. Pero ellos le tienen miedo a la familia que vende drogas y alquila armas. Todos dicen que los protege la policía. Los más chicos, los guachines, están siempre ahí, juntos, avisando si vienen extraños al barrio sacados. Se van con un arma y vuelven con plata para comprar merca. Están sacados: cuando tengan 15 nos van venir a matar a nosotros. Y así fue. Unos años después los tiroteos de los niños de entonces domina la vida de la villa.

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El fenómeno de niños, niñas y jóvenes solos o en grupos, insertos en economías ilícitas como estrategia de vida, que en sus cúpulas son manejadas por organizaciones del crimen organizado, es un fenómeno presente en la mayoría de las grandes ciudades del mundo. Es más intenso donde hay segregación, grandes desigualdades y políticas de exclusión (económica, de seguridad, raciales o culturales). También se ha extendido también a ciudades medianas.

Las políticas para abordar el tema de grupos de niños y jóvenes expuestos a la violencia armada organizada son fallidas e inconsistentes. Donde se lo encaró con más policías y cárceles, generó más violencia y profesionalización de los grupos involucrados en delitos. Es el caso de las políticas de “mano dura” centroamericanas que asociaron pandillas con crimen: persiguieron indiscriminadamente y dispararon las tasas de homicidios.

En otros casos no existen políticas específicas, de facto se aplican las leyes penales castigando individuos pero ignorando a los grupos y sus lógicas. Es que casi un siglo de estudios demuestran que las pandillas o bandas pueden tener también un rol positivo como identidad colectiva e inclusión en la exclusión.

Existen varias experiencias de trabajo con estos grupos de niños, niñas y jóvenes en situaciones de violencia que lograron cambiar las conductas de las personas transformando sus grupos de pertenencia. Es que trabajar con la bandita, la pandilla (un término que no tiene consenso en la Argentina) o el grupo, es la oportunidad de prevenir la violencia de manera efectiva y sostenible. Barcelona y Ecuador le dieron personería jurídica a algunas pandillas. En Ciudad Juárez los grupos se forman y hacen incidencia social por la reducción de la violencia. En Rio de Janeiro los mismos jóvenes soldados de las bandas criminales se convirtieron en boxeadores, estudiaron y llevaron al Parlamento sus reclamos.

Excepto algunas experiencias aisladas, la Argentina naufraga entre el abordaje penal y la falta de políticas específicas para estos fenómenos novedosos, dinámicos y complejos. Esa es una de las tantas causas del aumento de la violencia.  

¿Cómo prevenir la violencia en grupos de niños, niñas y jóvenes afectados por la violencia armada?

Publicada por el Boletín de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Cita:

APPIOLAZA, Martín. 2013. ¿Cómo prevenir la violencia en grupos de niños, niñas y jóvenes afectados por la violencia armada? En Boletín de la Biblioteca del Congreso de la Nación N°. 127. Buenos Aires.

1. Introducción

¿Cómo impacta la violencia y especialmente la violencia agravada por el uso de armas de fuego en niños, niñas y jóvenes? ¿Cómo se conciben las políticas públicas para abordar el problema? ¿Existen políticas de prevención y la única intervención estatal es la persecución penal? ¿Cómo se relacionan los comportamientos de adolescentes y jóvenes con estructuras criminales? ¿La pertenencia a grupos juveniles callejeros, universalmente conocidos como pandillas, es el final de toda posibilidad de abordaje o abre oportunidades para otras transformaciones? ¿Cuál es la situación en algunos países con situaciones críticas? ¿Cómo deberían construirse estrategias para prevenir la violencia en estos grupos altamente victimizados?

El desafío es pensar el fenómeno desde una perspectiva de derechos que se aleje de los enfoques de control que vienen fracasando, mapear oportunidades de intervención para prevenir violencia y delito en adolescentes y jóvenes afectados por la violencia armada e insertos en pandillas y estructuras criminales. También revisitar investigaciones relevantes y analizar también algunos casos. Establecer algunos ejes conceptuales desde donde desarrollar intervenciones y poner en contexto sudamericano.

Un texto referencial es la investigación “Ni guerra, ni paz” de Luke Dowdney, que estudió pandillas en 12 países con el apoyo de Save the Children y la International Action Network on Small Arms. Aquel trabajo aportó un conocimiento sobre el tema y también motorizó una agenda internacional para ocuparse del fenómeno de los niños y niñas afectados por la violencia armada organizada. Los fenómenos presentan algunas transformaciones en un contexto de aceleración en la circulación de mercancías e información, globalización en aspectos comerciales y culturales.

Nos interesa destacar dos dimensiones de los grupos juveniles afectados por la violencia:

• Dimensión colectiva: Las pandillas no deben ser vistas sólo como organizaciones para delinquir, enfoque extendido y motorizado tanto por gobiernos como por organizaciones internacionales y no gubernamentales. Los grupos de adolescentes y jóvenes que participan en subculturas delictivas pueden ser la oportunidad para transformarse y que ellos cambien las causas que alentaron sus comportamientos violentos.
• Dimensión individual: el ingreso de adolescentes y jóvenes en estructuras criminales les reserva un rol de alta exposición a la violencia, reproduce las condiciones de privación de derechos y son especialmente señalados por la persecución penal. Pero también los gratifica individualmente o en grupos (pandillas) y esa dimensión debe ser abordada para intentar transformar las condiciones que facilitan la violencia y el delito.

Informe sobre juventudes y violencia en Ciudad Juárez

Postales de México con sangrita

Martín Appiolaza, director Centro de Estudios de Seguridad Urbana (UNCuyo), escribe desde México para MDZ, en centro de la violencia del narco crimen organizado. Un testimonio impactante.


MDZol Por Martín Appiolaza, desde México


Dos semanas de trabajo en México con alcaldes preocupados por prevenir la violencia social dan una experiencia fragmentaria pero intensa de un país afectado por el crimen, que busca soluciones. Noticias dramáticas, discursos de aniquilación y contradicciones, se pasan mejor con sangrita.



Enchiladas amargas. Los domingos los mexicanos se juntan con la familia a desayunar. Es un desayuno cargado, cerca del mediodía: frutas, carnes fritas, tortillas con queso o enchiladas, mucho dulce y jugos. En el restaurante del hotel, frente al Paseo Reforma del Distrito Federal, comentan las noticias de la semana. El saldo de muertos, cabezas cortadas, tiroteos entre facciones y fuerzas de seguridad. Dicen que el trago amargo de tequila hace menos daño con sangrita, jugo de tomate picante que ahuyenta la resaca.

Control de armas como estrategia para la prevención de la violencia y el delito/Arms control strategies for the prevention of violence and crime, Reporte 2010 del Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad

Artículo en páginas 30-33

Crimen organizado como prioridad para la seguridad pública

Los delitos más complejos se globalizan y tienen un impacto en la violencia de nuestros barrios. En Mendoza el crimen organizado es una de las prioridades de la seguridad.

Publicada en Diario Los Andes, 20 de abril de 2010

Martín Appiolaza, Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED)

Las crónicas policiales cuentan historias protagonizadas por bandas y pandillas, narcos, punteros, barras bravas y funcionarios corruptos. Los escenarios son ciudades grandes de la Argentina. La Justicia y la Policía de Mendoza están destejiendo una trama con todos los componentes del crimen organizado. Es un acierto meritorio. Habilita a pensar sobre la necesidad de políticas de largo plazo para prevenir, combatir y erradicar este problema y su impacto en la inseguridad.

¿Qué es el crimen organizado? Personas que proveen productos y servicios ilegales, incluyendo las redes de protección y seguridad que les permiten funcionar a través del encubrimiento, también vender productos legales que son conseguidos de manera ilegal. Como otras empresas, el crimen organizado tiene minoristas, distribuidores, encargados de la logística (por ejemplo para trasladar mercaderías ilícitas), seguridad, inteligencia y protectores (muchas veces en las fuerzas de seguridad o de control estatal), gerentes y socios capitalistas.

El crimen organizado aprovecha la debilidad social, política y económica. Creció en América Latina a partir de las políticas neoliberales que aumentaron la desigualdad, desmantelaron el poco aparato estatal y productivo. Así generaron las condiciones que necesita para avanzar: vacíos legales, corrupción, desempleo, informalidad y falta de capacidad para el control oficial. En la Argentina tiene un impacto directo en los niveles de delito cotidiano como robos y homicidios.

 

Alicia en el país

El crimen organizado creció en la Argentina en las últimas décadas. Es un país de trasbordo en la ruta de la cocaína desde países andinos hacia Europa y Estados Unidos (la Policía Aeronáutica fue disuelta por encubrimiento en el caso de narcotráfico a través de la aerolínea SW). Las bandas de narcos que se disputan la venta de drogas en el Bajo Flores, son provistos por traficantes desde países andinos que cruzan fronteras y todo el país con sus cargamentos. En las noticias se puede ver bandas controlando con cierta impunidad zonas de las ciudades para la compra y venta de contrabando. La industria química ha provisto y exportado ilegalmente sustancias controladas usadas para la fabricación de drogas (en el Caso de la Efedrina aparecen nexos entre hombres de negocios, cárteles y quizá el Estado).

Estos negocios necesitan protección y financistas. Un veterano de la inteligencia de una de las fuerzas de seguridad federales, decía en un foro: el tráfico no fía, se hace al contado.

El tráfico de armas es otra cara del crimen organizado. El senador y ex presidente  Carlos Menem aparece involucrado en una causa de tráfico de armas y la explosión de un arsenal para borrar pistas (donde metieron mano también empresarios, traficantes y funcionarios de gobierno). En 2006 la Comisión Parlamentaria de Investigación brasilera determinó que “en los últimos 3 años fueron contrabandeadas hacia Brasil por lo menos 11.000 armas de uso militar”. Explicó que un buena parte salió de nuestro país, pasó por Paraguay y llegó a los narcos cariocas.

El litoral es la principal zona de reclutamiento y secuestro de mujeres, luego metidas a las redes de prostitución de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y la Patagonia. O llevadas a Europa vía Ezeiza. Según fuentes federales, los autos robados que no son contrabandeados a otros países, suelen convertirse en mellizos o remises truchos, van a los desarmaderos y en menor medida son utilizados en delitos y luego desmantelados.

La ruta de las armas, precursores químicos y las 4x4 robadas atraviesa la Argentina de sur a norte. Las rutas del tráfico de drogas, la piratería de DVD, software, ropas, contrabando de electrónicos falsificados y de personas, tiene el sentido contrario. A veces se cruzan.

El árbol y el bosque

El crimen organizado y la inseguridad van de la mano. El robo de un auto, de cables de teléfono, la venta de municiones en los quioscos, el alquiler de armas, son los niveles inferiores de negocios ilegales bien organizados que pueden estar unidos a redes transnacionales. Las estadísticas muestran que en la Argentina crecieron formas delictivas conectadas con el crimen organizado. Combatiéndolo se pueden bajar los delitos que más nos preocupan cotidianamente y por lo tanto, bajar la inseguridad.

Datos: los robos y hurtos se duplicaron desde principio de la década de los ’90. Si los comparamos con los niveles de desigualdad, se concluye que el delito creció de la mano de las políticas neoliberales. Cuando mejoraron las condiciones sociales, ciertas prácticas criminales no disminuyeron. Entre 2002 y 2007 los robos y hurtos bajaron un 30 por ciento, pero las agresiones y homicidios crecieron un 24 por ciento. Narcotráfico, armas y contrabandos inciden directamente: durante 2007 el 52 por ciento de los homicidios fueron en la calle, el 48 por ciento con armas de fuego y más del 70 por ciento no fue durante un robo.

La mayoría de las armas usadas en homicidios son ilegales (muchas del mercado negro o robadas a sus dueños); tener y vender drogas impacta en los delitos (según datos del Observatorio Argentino de Drogas 7 de cada 10 presos por homicidio se drogaron o tomaron alcohol antes de matar); muchos robaron (el 70 por ciento) o mataron (33 por ciento) porque necesitaban dinero para comer o para comprar drogas (1 de cada 10). Vender lo que se roba o participar en el menudeo de cocaína, marihuana y pastillas es una forma de insertarse en mercados ilícitos muy rentables. Es una oportunidad de ingresos para gente en condición de pobreza, pero amparados y gerenciados por intereses más ambiciosos. Es el puente que conecta la inequidad, la corrupción y el delito cotidiano con el crimen organizado: cuando aumentan vemos más violencia en las calles.

Un tema de agenda

Las políticas sociales y la prevención comunitaria han demostrado su eficiencia para reducir el delito. También las reformas que acercan a las policías con sus comunidades. Pero el abordaje del crimen organizado exige agregar otras políticas específicas y modernizar los sistemas de seguridad pública para que puedan desarticular grupos especializados que operan sin fronteras, con dinero, buenos contactos y protección.

Son fundamentales la capacidad profesional de los funcionarios encargados de la investigación, la integridad, la formación y los recursos. Los fiscales y cuadros especializados están resultando un gran avance (no se trata sólo de saber de leyes). También se necesita la decisión política de la Justicia y los gobiernos para concentrarse en los niveles superiores de la pirámide criminal y no agotar todas las energías en el menudeo. La Argentina se debe la formación de una agencia nacional de investigaciones criminales y sanear alguna de sus fuerzas federales marcada por una historia de corrupción e ineficiencia. Los cambios estructurales en los temas de seguridad pública deben ser parte prioritaria de la una agenda parlamentaria progresista.

Mendoza también necesita incluir el crimen organizado dentro de las prioridades de la seguridad pública. Debe ser planteado como una política de Estado a mediano plazo, contemplando la condición de provincia fronteriza y ruta del Mercosur, el riesgo de que se utilicen sus exportaciones como canal para transportar sustancias ilegales, el tráfico de personas asociadas con el trabajo esclavo, el impacto social y económico del terremoto en Chile, negocios asociados con el menudeo de drogas, contrabandos y autopartes. Sin perder de vista que la segregación urbana consolida las bandas en las comunidades más vulnerables, aumentando su inseguridad.

Desarmando la violencia. Sistematización de proyectos de violencia armada y niñez en América Latina y el Caribe

Hay pandillas en mi pueblo ¿Qué puedo hacer? Guía de trabajo para gobiernos locales. Save the Children Suecia

¿Cómo participar con niños, niñas y jóvenes en programas de desarme? Guía para docentes y gestores sociales. Save the Children Suecia

Las pandillas mendocinas reúnen a chicos de entre 13 y 25 años

No trabajan ni estudian y tienen problemas familiares. Carecen de expectativas para el futuro. Pueden matar.

Diario Los Andes, 11 de mayo de 2009

Cada tanto en las páginas policiales se puede leer un ajuste de cuentas entre bandas u otro tipo de delitos cometidos por pandillas. ¿Cómo operan? ¿Cómo se financian? ¿Quiénes las integran? ¿Qué características tienen?, son preguntas que todos nos hacemos.

Pandilleros. En Mendoza son grupos de jóvenes de entre 13 y 25 años, puede haber mayores también, que están generalmente con daño social -no trabajan, no estudian y tienen problemas familiares- y que establecen relaciones de apoyo. 

"Muchas veces entran también en conflicto con la ley, con el Estado y con otras partes de la comunidad", indica Martín Appiolaza, del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed), quien estuvo trabajando entre 2004 y 2008 con distintas bandas que operan en diferentes zonas de Mendoza, El Salvador, Colombia, Brasil y Perú, en el marco de un estudio realizado sobre Violencia en Argentina para Save the Children Suecia. 

Bandas o pandillas puede tener diferentes significados. La definición apta para Mendoza sería que son un grupo de jóvenes y niños de alta vulnerabilidad social y que establecen relaciones de apoyo, complementariedad y también conflictivas con el Estado y con otras partes de la comunidad. 

Por su parte, Arturo Piracés, quien estuvo 20 años como director del Cose, afirma que no están profesionalizadas las bandas en Mendoza porque no hay tanto contacto con la mafia adulta. 

Características. Luego de estudiar los movimientos de las bandas, Appiolaza, enumera algunas características de las banditas o pandillas locales: "Son menos jerarquizadas que otras organizaciones; defienden el territorio de grupos rivales pero no controlan el movimiento de los miembros de la comunidad que está en su zona; se inhiben ante las fuerzas de seguridad con las que mantienen relaciones conflictivas; no aplican leyes paralelas ni imponen justicia en la comunidad aunque frecuentemente consiguen beneficios por el miedo; tienen problemas con el Estado y la comunidad cuando hay delaciones y se involucran en los mercados ilícitos de sus territorios. 

Ingreso, disputa y armas. En Mendoza los menores ingresan a las bandas por amistad o cercanía. "Generalmente siempre hay un amigo que perteneció a un grupo y pasa a pertenecer a ese grupo y están en disputas por la identidad, el territorio o diferentes beneficios. Controlar una cuadra es factor de conflicto", dice Appiolaza quien también sentencia: "Tienen acceso a armas porque la Argentina ha tenido una mala política de armas, las formas de organización es generalmente de autoprotección".

Por su parte Piracés destaca que "ingresan buscando identidad porque desertaron de la escuela, la estructura familiar es compleja y no trabajan. Sin dudas buscan contención y en las banditas reciben reconocimiento. Ingresan para identificarse primero, después con un fin económico y para adquirir estatus entre sus pares. Muchos entraban, delinquían y caían con regalos para los que estaban adentro. Con esa lógica han estado operando. Buscan ser aceptados y ser queridos. Estos chicos no tiene expectativas de futuro y tienen mentalidad de jornaleros".

Lo ilícito. Appiolaza indica que el mercado de lo ilícito es administrado por adultos y que esos mercados luego se van conectando con otros. "Por eso concentrar toda la fuerza de persecución penal en el menudeo y no ocuparse de quienes organizan el crimen es gatopardismo. Debe de haber responsabilidad penal de los pibes y medidas de inclusión, pero también ir más lejos aún con la inteligencia criminal y seguir desarticulando bandas".

Piracés da un dato que consolida a la postura de Appiolaza: "A mediados de los 90 resistimos 20 intentos de otras bandas que venían a rescatar a chicos del pabellón de máxima seguridad y eran la mano de obra más calificada. Lograron llevarse a tres".

¿Sicarios? Appiolaza descarta que los miembros de las bandas cobren por matar gente. "Pueden haber estado en problemas con la ley por apropiarse de algún recurso, pero no vimos aquí sicarios como los hay en Colombia". También cometen algunos homicidios que aparecen en los diarios como los famosos "ajuste de cuentas"; y a veces, si el robo se pone complicado pueden matar al que se resiste.

Gastón Bustelo - gbustelo@losandes.com.ar

 

Mano de obra barata

El estudio de campo indicó que algunas pandillas locales se financian a través de mercados ilícitos. "Las banditas que delinquen lógicamente se insertan en mercados ilícitos que manejan los adultos, son la mano de obra barata y ocasional.

 
Por ejemplo el mercado de lo robado, celulares, electrodomésticos, se llevan autos, venden los repuestos. Puede haber algo de microtráfico y consumo, venta de armas, usurpación de espacios y pago de peajes. Te paran y te piden. 

Hay algunas empresas que ya contemplan este costo. Es una forma de dominio territorial. Transforman el territorio en algo económico", explica Appiolaza y agrega: "Este no es un tema para hacer populismo penal para sacar rédito político. La seguridad de todos, especialmente la de los niños y sus condiciones de vida, es un tema que exige políticas de Estado".

 

"Hay una gran deserción de la figura masculina"

"La figura masculina está ausente y hay una crisis de masculinidad. La mayoría de las visitas al COSE son de las madres. Hay una gran deserción del hombre, de la figura masculina moderadora y sobre todo con el tema del trabajo. Además, hay madres que sobreprotegen a esos chicos y luego se convierten los niños en una salida económica", indica Arturo Piracés, profesor de Psicología Forense de la Universidad de Mendoza y de Psicología Cognitiva de la Universidad del Aconcagua.

 

Sobre la baja de la edad de imputabilidad

"Bajar la edad tiene de positivo que se señalan límites y se tienen que buscar pruebas concretas. El tema es que se lo siga tratando al chico como menor. Hay que tener un sistema que se base en hechos conductuales si no se cae en ese sistema difuso de la discrecionalidad judicial. No es para esperanzarse que suceda esto en función de cómo funciona la Justicia y hay un grave prejuicio cultural porque el que juzga es de otro sector social y criminaliza actos, por eso son importantes las pruebas", explicó Arturo Piracés.

Por los laberintos del tráfico en Rio de Janeiro

Publicada en Diario Los Andes el 15 de abril de 2007

Por Martín Appiolaza

El Gol deja la autopista y sigue por una calle bacheada y angosta. A los costados, las paredes de las casas de la favela marcan un sendero de ida. Deben tener varios pisos de alto, pero las lámparas de la calle sólo iluminan hasta las ventanas. Por todos lados hay pasillos irregulares e interminables, donde sólo dos personas pueden caminar hombro contra hombro. Hay unos niños flacuchentos jugando a la pelota en cuero y a unos viejos que los vigilan, sentados con sus cervezas, aprovechando el aire fresco de la noche debajo de una maraña de cables y colgaderas de ropa. Pero lo que asusta es lo que está y no se ve. Nos están vigilando, invisibles en los pisos altos, apuntando con fusiles AK 47 o M16 fugados de los arsenales. Son los “falçao”, los ojos del tráfico, son los que tiraron los petardos para avisar que extraños están entrando en la favela. Los sospechosos somos nosotros.

…

Ahí donde todo vale las reglas las ponen los traficantes. Dominan las favelas para fraccionar y vender drogas, crean sus ejércitos infantiles para proteger el negocio, legislan e imparten justicia y a veces también dan ayuda social. Son un Estado dentro del Estado, arraigados durante años y consecuencia de la miseria extrema, las ineficientes políticas policiales que combinan represión con corrupción, y las falencias del sistema político que no entiende, que no escucha y que no responde.

La semana pasada, Ignacio Cano –profesor de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro y uno de los máximos expertos sobre gestión policial-, me contaba su reunión con el Secretario de Seguridad de la ciudad y la inminente necesidad de cambios. Involucrar al Ejército para imponer seguridad era considerada una opción, aunque todos saben que es una estupidez pensar que el problema se resuelve midiendo cuál tiene más fuerza. Entender la complejidad de la violencia y sus causas alcanza para adivinar que con Ejército o sin Ejército todo sigue igual. ¿Qué pasa con la policía? En las últimas décadas se ha involucrado cada vez más en los negocios del narcotráfico y los elementos honestos ya no pueden con la institución. El peor pecado ha sido del sistema político que no modernizó las técnicas y procedimientos de los uniformados para evitar que fueran funcionales a los narcos.

Muchas de estas escenas se están empezando a ver en la Argentina y los tiempos para prevenirlo son cortos.

…

Volvamos a la favela. Al entrar no somos una amenaza. Es obvio que el Gol gris no encabeza ninguna invasión de otra facción de traficantes que quiera dominar la favela, o una redada de la policía en busca de algún cabecilla, dinero o drogas. No. Sólo somos un par de gringos con ojos como platos tratando de ver todo a la vez. Nuestro aspecto es el de clientes buscando drogas o sexo en el Complexo do Alemão: una maraña de callecitas angostas, techos de lata y paredes de bloques irregulares, que se ve a la derecha de la autopista, al viajar desde el aeropuerto de Rio hacia la ciudad.

Es viernes, noche de buenas ventas. Las bocas de “fumo” están a full ofreciendo coca y marihuana, hay clima de fiesta, y los viejos de la cerveza siguen respirando el aire aromado con los vapores de las aguas podridas y basura. Miran, pero parecen no ver, justo delante de ellos, al niño que conversa con un fusil colgado del cuello. El narcotráfico es omnipresente y de tan cotidiano se ha vuelto invisible. “Miseria y muerte son nuestro día a día”, dice una de las letras del cantante de hip hop MV Bill, el que mejor describe la violencia de las favelas donde se crió.

En la primera calle que encontramos, doblamos a la derecha y tropezamos con un mundo de luces, mercaditos, farmacias, fruterías, locutorios con video juegos e Internet. El alboroto de un fin de semana tropical, la música, la fiesta en la gente que va y viene comprando algo, caminando por las veredas y las calles. Y una fila, frente a un tablón montado sobre una esquina, en la calle, comprando esas bolsitas rojas llenas de coca, y las otras también, más oscuritas con marihuana. El niño responsable de atención al público debe tener menos de 12 años, pantalón corto y la camiseta roja, blanca y negra de un club de fútbol que no conozco. Al lado está el encargado de seguridad, que con el mismo porte, cuida el negocio con una de esas ametralladoras de guerra que podrían llenar de agujeros a la parejita de novios que esperan, abrazados, su turno para comprar.

…

Esta escena se repite, cada noche, en cada una de las muchas bocas de venta en las más de 500 favelas que tiene la ciudad. Aquello que comenzó como pequeñas ventas se ha convertido en un negocio millonario y extremadamente poderoso. Mientras fracasaban los intentos de controlar el tráfico usando la fuerza policial, fue creciendo la profesionalización en la gestión. Evolucionaron a un sistema de gerentes por favela y gerentes por rubro (gerente de cocaína, marihuana, soldados). Todos bajo las órdenes de los dueños que manejan la compra y transporte de las drogas, gestionando casi siempre desde las cárceles un sistema de fondos de inversión donde también colocan su dinero algunas caras famosas del Brasil a cambio de buenas rentas.

La consecuencia de este cóctel de inoperancia, corrupción, inequidad, marginalidad, racismo e incapacidad política de los distintos gobiernos se traduce en inseguridad. Las favelas de Rio de Janeiro son uno de los lugares más violentos del mundo, con frecuentes tiroteos entre grupos de narcos que dejan un promedio de 3000 muertos al año, involucrando niños como soldados del tráfico que no aspiran a vivir más de 20 años y donde para muchas chicas la máxima aspiración es ser una de las mujeres de los gerentes. La nueva estrella son los grupos parapoliciales que ya administran la venta de drogas en unas 25 favelas.

…

Esa noche en la favela fue pacífica: recorrimos, tomamos unas cervezas e incluso dejamos la computadora dentro del auto con las puertas abiertas, pero nadie se acercó a tocarla. En el baño, sobre el mingitorio, unos pibes se metían en la nariz algo amarillo que insisten en llamar coca. Tres días después, un nene de 8 años que iba camino a la escuela, murió por una bala perdida de un enfrentamiento entre policías y niños involucrados en el narcotráfico, quizá de su misma edad, pero que ya no van a la escuela.

INFORME. Hacia una agenda parlamentaria para reducir la violencia armada en niños, niñas y jóvenes

Por Martín Appiolaza

Coordinador Regional en América Latina y el Caribe del Foro Parlamentario Consultor sobre violencia armada de Save the Children Suecia

Reunión anual Foro Parlamentario sobre Armas Pequeñas y Ligeras Montevideo, 9-10 de noviembre de 2006

Introducción

Niños, niñas y jóvenes son el grupo más afectado por la violencia armada. Es un fenómeno global que se vuelve más dramático en los países donde abunda la pobreza, la desigualdad, donde es difícil el acceso a la salud, a la educación para amplias masas de la población que viven hacinados y sin expectativas de mejorar. Allí, donde el mal desarrollo vulnera todos los derechos humanos de los niños y niñas universalmente consagrados, allí precisamente, los niveles de violencia son mayores.

La Organización Mundial de la Salud en su Reporte sobre Violencia y Salud determinó que en el año 2000 unos 199 mil niños, niñas y jóvenes fueron asesinados. La tasa de homicidios varía del 0,9 cada 100 mil habitantes en los mal llamados países desarrollados, hasta alcanzar una tasa del 17,6 en África y el 36,4 cada 100 mil habitantes en América Latina1.

Dicho de otro modo, las posibilidades de los niños, niñas y jóvenes latinoamericanos de ser asesinados es 40 veces mayor que las de sus pares de la Europa Occidental. La proliferación de armas empeora esta situación. Cuando la violencia se arma, aumenta la letalidad: una pistola mata con mayor eficiencia que otro instrumento de muerte. Y si los niños, niñas y jóvenes son las principales víctimas de la violencia, el uso de armas los afecta especialmente. Así es como el 51 % de los asesinados con armas en el mundo tienen entre 15 y 29 años2. Según este estudio, América Latina y el Caribe tiene la más alta concentración de homicidios con armas de fuego: el 40% de los que hay estimados en el mundo pese a que sólo hay conflictos en Haití y Colombia. Además, América Latina tiene la mayor tasa de homicidios con armas variando entre los 12,8 a los 15,5 cada 100.000 casos. Esto se explica si tenemos en cuenta que en la región, en el 60% de los homicidios interviene un arma de fuego. El contraste se siente respecto a Europa occidental, que tiene más armas per cápita que América Latina o África, pero sólo concentra entre el 0,3 y 0,4% de los homicidios con armas3.

Esto que podría parecer una paradoja, ha sido estudiado y se coincide en que los factores que hacen violenta a una sociedad siempre están relacionados con la pobreza, con la violencia en la familia, la carencia de trabajo que está relacionada con el fracaso escolar y educación inaccesible (aquí la diferencia entre Europa y América Latina o Africa). Se va configurando así un cuadro de exclusión asociada que se manifiesta a veces en racismo, prejuicios, estigmatización y se asocia con el lugar en que viven, con la falta de servicios públicos, de posibilidades de recreación. La situación se agrave cuando hay acceso a alcohol, drogas y especialmente a armas de fuego. El Informe de Naciones Unidas sobre Violencia contra Niños, Niñas4 presentado en octubre de 2006 coincide al identificar los mismos factores causales.

Caras del problema y el rol parlamentario

El derecho a no ser discriminado, a tener acceso a educación, salud, recreación, al desarrollo, han sido consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño y por la suscripción de los estados parte.

Sin embargo, su incumplimiento no sólo perpetúa la violencia hacia la niñez también es un acto de violencia en si mismo por parte del estado. Atender los derechos humanos del niño la mejor política de prevención de la violencia. Sin embargo, muchas veces las respuestas de los gobiernos suprimiendo derechos, por ejemplo a partir de las políticas de “mano dura”, o enfoques puramente reactivos, consiguen agravar los factores de riesgo de la violencia.

El problema de la violencia armada tiene a los niños, niñas y jóvenes jugando los dos roles protagónicos: el de víctimas y el de victimarios. Pero cuando se investiga con más profundidad se distingue que los agresores se concentran en los rangos de edad de 18 y 25 años. Las expresiones violentas que los involucran se presentan de distintas maneras que van del delito amateur al fenómeno COAV (Children and Youth in Organised Armed Violence)5, que corresponde con aquellos que trabajan en organizaciones violentas tan complejas como pandillas, facciones de la droga o maras, que tienen actividades económicas ilícitas y utilizan las armas para enfrentar a otros grupos, a las fuerzas policiales y también para dominar el territorio y a sus habitantes.

Los sistemas democráticos buscan que el trabajo de sus parlamentos esté basado en una cultura de paz y justicia social donde se respeten de manera equilibrada los derechos y libertades y en la que los niños y niñas sean considerados personas que poseedores no sólo de Derechos Humanos si no también de derechos especiales como los estipulados en la Convención sobre los derechos del niño. Los parlamentarios, como representantes de los ciudadanos y las comunidades, deben legislar terciando entre intereses individuales y de grupos de presión, para garantizar la paz social.

Los sistemas democráticos descansan en sus parlamentos la responsabilidad de sentar las bases de la organización social, que no es otra cosa que definir las reglas que les permitan a las sociedades un clima de paz y justicia donde se respeten de manera equilibrada los derechos y libertades y en la que los niños y niñas sean considerados personas que poseedores no sólo de derechos humanos sino también de derechos especiales como los estipulados en la Convención de los derechos del niño. Los parlamentarios, como representantes de la sociedad, deben legislar terciando entre intereses individuales y de grupos de presión, para garantizar la paz social.

Pero en estos tiempos en que las demandas de seguridad se han convertido en una de las principales preocupaciones de la población, el rol de diputados y senadores sólo puede ser protagónico.

El incumplimiento de los derechos del menor como factor causal de violencia, la violación de otros derechos por parte de niños, niñas y adolescentes y al mismo tiempo el Estado aplicando políticas que se sustentan en la restricción de los derechos de todos, representa una trilogía compleja que exige la intervención parlamentaria.

Concretamente, en el gobierno del Sistema de Seguridad Pública a los parlamentos les corresponde sancionar las leyes que regulen la seguridad; analizar, aprobar y controlar el presupuesto fiscal de los recursos destinados a financiar las políticas y programas de seguridad; y controlar y evaluar las políticas, la organización y el desempeño de todos los órganos y actores que formal en sistema de seguridad pública6.

Buscando soluciones

En relación con los problemas de violencia armada que afecta a niños, niñas y jóvenes, hemos podido observar que algunos parlamentos han desarrollado iniciativas importantes y que pueden continuar haciéndolo con mayor ímpetu. Por un lado están los esfuerzos para ocuparse de los aspectos propios de la violencia y por el otro aquellos relacionados con el desarme y el control de armas.

Un desafío para la prevención de la violencia armada es encontrar un equilibrio entre el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y jóvenes (que no sufragan y que no representan un grupo de presión política), frente a los reclamos airados de sectores de la opinión pública y sectores políticos en función de aumentar las penas, bajar la edad de imputabilidad o incluso la pena de muerte o los ajusticiamientos extrajudiciales.

Buscando soluciones, el Informe de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra Niños,

Niñas (ver www.scslat.org/unstudy/index.htm) hace algunas recomendaciones que podrían ser útiles para los legisladores. Por ejemplo, recomienda que se diseñen de políticas integrales planificadas a partir de los derechos del niño, prohibir toda forma de violencia (incluyendo la violencia en institucionales educativas, sanitarias y especialmente en la familia), dar prioridad a la prevención en las políticas de seguridad, atención en salud y educación y promover valores no violentos, preparar especialmente al Estado y sus agentes para que respete los derechos, entre otras medidas.

Respecto al desarme y control de armas, siguiendo las recomendaciones del Observatorio Parlamentario7, evitar la proliferación a partir de más y mejores controles aplicados sobre empresas privadas de seguridad, arsenales públicos y privados, fabricantes, intermediarios y transportistas, poseedores de armas, implementar en cada país iniciativas internacionales como el Programa de Acción de Naciones Unidas 2001 o los principios del Tratado Internacional de Transferencia de Armas (ATT en su sigla en inglés) que contemplan no permitir transferirle armas a actores no gubernamentales, o el marcaje de armas y municiones.

El control de la proliferación debe estar acompañado con medidas de reducción de los stock a partir de programas de desarme voluntario (recolección a cambio de estímulos), desalentar el uso trasladando a los tenedores de armas a través de impuestos los costos que la violencia armada representan para la sociedad y fomentar la sensibilización de la opinión pública a partir de campañas de concientización, desarrollo de la cultura de paz, involucramiento de la sociedad civil. Por último, como responsable del control de la gestión gubernamental, debe estar atento que se cumplan con iniciativas antes presentadas.

Preguntas que merecen formularse:

1. ¿Pueden los parlamentos impulsar medidas preventivas de la violencia hacia y por niños, niñas y jóvenes? ¿Es posible el diseño de programación de políticas integrales de prevención de la violencia a partir de la protección de los derechos consagrados?

2. ¿El posible el desarrollo de normas específicas para niños, niñas y jóvenes involucrados en la violencia armada organizada, atendiendo las opiniones de los involucrados, las fuerzas de seguridad y los gobiernos locales? ¿Es factible generar consensos para políticas de Estado en estos temas que escapen a la tentación populista?

3. ¿Los parlamentos pueden proponer la prohibición de la violencia en todas sus modalidades sobre niños, niñas y adolescentes? ¿Pueden crear, como estrategias preventivas, cuerpos policiales especializados para tratar la problemática?

4. ¿Es posible diseñar políticas integrales de control de armas y desarme, involucrando

a la sociedad civil y sensibilizando sobre los peligros de las armas, formando al mismo tiempo sobre cultura de paz?

5. ¿Es posible desde los parlamentos controlar a los gobiernos en su modo de gobierno del sistema de seguridad pública, con especial atención en temas relacionados con la proliferación de armas de fuego?

1 KRUG E. et al., eds. (2002). World Report on Violence and Health. Geneva,World Health Organization.
2 SMALL ARMS SURVEY (2004), estimación elaborada a partir del informe de la OMS.
3 Idem, página 177.
4 Informe de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra Niños y Niñas (2006), desarrollado por Paulo Pinheiro, pág. 96.
5 En la Reunión Anual del Foro Parlamentario realizada en México entre el 19 y el 21 de octubre de 2005, se presentó el documento de discusión “Niños y jóvenes en Violencia Armada Organizada”, desarrollado por Luke Dowdney de Viva Rio. Ver en: www.coav.org.br.
6 ILSED, PNUD-LAC-SURF, FORO PARLAMENTARIO (2006), Guía de Control Parlamentario del
Sistema de Seguridad Pública, Buenos Aires, pág. 10.
7 OBSERVATORIO PARLAMENTARIO (2006), Control de Armas Pequeñas y Ligeras (desarrollado
por Daniel Luz i Alvarez con la coordinación de María Lundberg), Estocolmo, pág. 46.