martes, 11 de octubre de 2016
martes, 3 de mayo de 2016
Martín Appiolaza, especialista en materia de “seguridad democrática”, analizó los cambios propuestos por el gobernador Cornejo
Martín Appiolaza es director de Prevención, Participación
Ciudadana y Derechos Humanos de Godoy Cruz y también especialista en materia de
seguridad democrática.
En ese contexto, se animó a analizar los paquetes de
medidas y declaraciones que realizó en el discurso legislativo el gobernador
Alfredo Cornejo a los fines de “combatir la delincuencia”, como el
propio mandatario señaló.
En declaraciones a Radio Nacional Mendoza, Appiolaza
reivindicó las medidas tendientes a la profesionalización de los uniformados de
cara a “una mejor policía contra más efectivos policiales”.
La fuerte inversión en insumos (uniformes, armas 9 mm,
reparación de móviles, etc) para las fuerzas policiales por 70 millones de pesos,
que se suman a los 561 millones ya contemplados en la Ley de Emergencia de
Seguridad sancionada en marzo pasado, fue el primer punto que se le propuso al
especialista para analizar.
¿El destino de mayores recursos económicos garantiza la
merma del delito? Appiolaza considera que la cuestión de delito y la
violencia es “muy amplia, por lo que implica diversas herramientas y
dimensiones”.
En este sentido, explicó que es fundamental una Policía
preparada como recurso humano con herramientas adecuadas a los tiempos. Dijo
que el equipamiento y el funcionamiento policial tienen cierta periodicidad de
utilidad debido a la evolución de las formas de criminalidad que requieren de
mayor actualización. Dio cuenta que hay tecnologías que permiten dejar un
registro de las actuaciones policiales “que es un reaseguro para las personas,
los vecinos y los funcionarios policiales”.
¿Mendoza tiene buenos o malos policías? “Hay de todo”,
respondió Appiolaza, “como en cualquier otro oficio o profesión. Los malos
policías son la minoría, sino todo se caería a pedazos”. Resaltó la parte del
discurso de Cornejo donde ordenó “fin a la policía corrupta”. Para el
especialista esta postura marcó “una irrupción, se viene hablando de la
cantidad de policías y el Gobernador dijo ‘no quiero muchos policías, quiero
buenos policías”. Desde este lugar cuestionó la cantidad de ingresantes a la
Fuerza en los últimos años sobre la calidad de la formación.
Las recientes modificaciones a la Carta Orgánica de la
Policía (Ley 6722) favorecería a la concepción de la “buena policía” desde la
mirada de Appiolaza porque habilita que el 50 por ciento de los efectivos que
quedaron “desenganchados” de la carrera policial dentro de la categoría
auxiliar y sin posibilidad de acceder al escalafón hoy puedan reengancharse y
formarse. ¿Cómo debe ser una buena policía?: “Hay consenso entre los
mendocinos de cómo debe ser, rescato a jefes policiales como Roberto Munives
por su desarrollo profesional”.
Sobre la polémica creación de la figura del Defensor de Policías,
Martín Appiolaza consideró que “no genera desigualdades sociales” con los
sectores perjudicados por el mal accionar de ciertos efectivos: “en todo caso
habrá que mejorar la Defensoría Pública para todos”, concluyó.
domingo, 17 de enero de 2016
Control de arsenal policial: importante para prevenir el delito
El descontrol en arsenales policiales alimenta al crimen. El Ministerio de Seguridad dio un paso fundamental al auditar y denunciar el faltante de armas y municiones. Es el principio de cualquier política integral de prevención de la violencia armada.
Publicado en Mdz, 17 de enero de 2016.
Las armas y las balas no nacen de un repollo. Alguien las
fabrica, alguien las vende, alguien hace negocio con las armas con márgenes de
ganancia muy generosos, alguien las usa. Y alguien las guarda. En todo el
mundo, los arsenales oficiales son proveedores de armas y balas que terminan en
manos del crimen. Por eso hay que controlarlos muy bien para prevenir la
violencia y los delitos más graves. El Ministerio de Seguridad acaba de tomar
una medida indispensable: auditó el arsenal policial y denunció que faltan
armas. Es la punta del ovillo.
Según la información periodística, detectaron un faltante de
13 ametralladoras, un puñado de pistolas, chalecos antibalas y municiones.
Primero: son bienes públicos y bajo custodia de funcionarios públicos, si hubo
un ilícito la Justicia tendrá que encontrar a los responsables. Segundo: más
grave, ametralladoras, municiones y chalecos andan sueltos por ahí, muy
posiblemente en manos de delincuentes que los podrán usar para seguir
delinquiendo o incluso para atacar a policías.
Los tiroteos son un tema de preocupación de los vecinos de
los barrios del Gran Mendoza. Esas balas y armas salieron de algún lado. En el
mundo 50% de las víctimas de homicidios con armas tienen entre 15 y 29 años, el
79% son varones. En América Latina la posibilidad de morir siendo joven es
cuatro veces más alta que en el resto del mundo, potenciada por el uso de
armas: 66% de los homicidios (el doble que en Asia y África). En la Argentina,
6 de cada 10 homicidios son con armas de fuego. Controlar de dónde salen y a
quiénes llegan las armas es un imperativo para la seguridad pública.
Las políticas de prevención de la violencia armada dan
buenos resultados en todos lados. Ciudades de Estados Unidos, Sudáfrica,
Australia, Escocia, tienen logros importantes. Se trata de evitar que las armas
y balas lleguen a las personas inadecuadas, de desmantelar los proveedores y
almacenes del mercado negro de armas con inteligencia criminal, de controlar la
fuga de los arsenales públicos y privados, de prevenir los tiroteos de banditas
juveniles. Aquí cerca, Santa Fe, trabajó en estos ejes y Rosario logró bajar
considerablemente los homicidios.
Lejos de los buenos ejemplos, Mendoza parece condenado a
repetir sus errores. No es la primera vez que faltan armas y municiones del
arsenal policial. Hace 15 años hubo una auditoría. Con el entonces
subsecretario de Relaciones con la Comunidad, Gabriel Conte y el director de
Administración, Martín Kerchner, denunciamos el ilícito. Hubo investigación
judicial y responsables.
También hubo medidas reparatorias: las Naciones Unidas a
través de la agencia regional de paz, desarme y desarrollo (UN-LiREC),
contribuyó con dinero y expertos para ordenar el arsenal, darle más seguridad e
incluso adaptar una de las piletas de la ex bodega Giol como depósito de armas
secuestradas bajo custodia de la Justicia (a la que le habían robado cientos de
armas). Paradójicamente al final del gobierno de Pérez y por insistencia del ex
gobernador, el depósito de armas judicial pasó a manos policiales por una
acordada de la Suprema Corte. Preocupante, después de conocerse los resultados
de la auditoría que hizo el Ministerio de Seguridad.
Es vergonzoso para los mendocinos que hayamos retrocedido en
la historia. Mendoza supo ser pionera al establecer una política de control de
armas que moldeó la actual política nacional y generó precedentes de peso
internacional. El propio gobernador Alfredo Cornejo impulsó políticas estrictas
de control y persecución de los mercados ilícitos de armas cuando fue Ministro
de Seguridad, fue motor en el Parlamento de nueva legislación y luego invitado
por las Naciones Unidas para contárselas a representantes de todos los países.
Como entonces fuimos noticias por la transparencia hoy somos noticia por el
desatino que se apoderó del Estado en los últimos años. La auditoría es un buen
primer paso para empezar a remediarlo.
(*) Martín Appiolaza. Director de Prevención,
Participación Comunitaria y Derechos Humanos de la Municipalidad de Godoy Cruz.
domingo, 15 de noviembre de 2015
jueves, 20 de agosto de 2015
Criminología cultural y el trabajo con grupos juveniles violentos como actores sociales del cambio
APPIOLAZA, Martín (2014). Criminología cultural y el trabajo con grupos juveniles violentos como actores sociales del cambio. En: Mejia Rivera, J. Ballesteros, G. y Murillo, J. (2014) Coord. pp. 49-101. Editorial San Ignacio. Tegucigalpa.
Por Martín Appiolaza
Introducción
Por Martín Appiolaza
En
la sociedad posindustrial, en el mundo globalizado huérfano de proyectos de
sociedad totales, organizadores del tiempo y las acciones, donde el Estado ya
no tiene el monopolio de la fuerza ni el control del flujo de divisas, personas
o productos, están emergiendo las parcialidades culturales con fuerte arraigo
local. Nuevos tiempos, nuevos problemas: se necesitan nuevas respuestas.
Son
noticia todos los días: crimen organizado, grupos criminales que dominan las
fronteras, tráfico de drogas y personas a cargo de paramilitares, pandillas
cooptadas por el crimen, más leyes, más penas, más represión policial, cárceles
abarrotadas, motines, grupos criminales que reclutan dentro de las prisiones y
manejan los negocios ilegales en las ciudades vecinas, colusión entre política,
grupos económicos, fuerzas de seguridad y crimen. Lo transmite la televisión,
lo leemos en internet, sabemos lo que pasa simultáneamente en todos lados. Lo
que sucede en nuestros barrios tiene conexión con la dinámica global.
Dijimos:
los abordajes clásicos a la cuestión política criminal resultan ineficientes.
No alcanza con sancionar leyes que controlen y disuadan porque la
institucionalidad estatal resulta ineficiente a la hora de aplicarlas. Los
patrones delictivos de otros tiempos son menos precisos en épocas de
fortalecimiento de las identidades y autonomización de los sujetos. En
consecuencia, las políticas tradicionales prescriben tratamientos correctivos
que apelan a un control que se revela ineficiente. Por eso atendimos a la
evolución de las teorías criminológicas y la atención a las políticas sociales.
El reconocimiento del sujeto emancipado, que alcanza la expansión de sus
oportunidades, necesita una política criminal que entienda los nuevos tiempos y
atienda los conflictos desde un reconocimiento de las personas condicionadas
por sus entornos.
La
criminología cultural se pregunta sobre los sujetos transgresores, sobre los
grupos transgresores. El nuevo enfoque interpela la definición de pandilla. Llegamos
a la pregunta, ahora con un nuevo enfoque teórico, para tratar de definir
nuestro objeto de estudio. ¿Qué son las pandillas?
En
este capítulo nos ocuparemos de describir la perspectiva teórica de la
criminología cultural, su metodología de trabajo y los principales aportes que
ha brindado al entendimiento de qué son, cómo funcionan y por qué proliferan las
pandillas. Tomaremos dos perspectivas de análisis de los grupos juveniles
violentos inscriptas dentro de la nueva criminología, que abrevan en las
teorías sobre movimientos sociales y la construcción de ciudadanía en la
sociedad de la modernidad tardía. Pensaremos las pandillas como organizaciones
y la posibilidad de convertirse en transformadores de sus condiciones sociales.
miércoles, 10 de junio de 2015
En el gobierno de Pérez aumentaron los robos violentos
Publicada 10 de junio de 2015 en MDZol
Según los datos provistos por la Procuración General del Ministerio Público de Mendoza, la tendencia es ascendente con un crecimiento que sería superior al 20%. Dentro de los robos agravados, según explican policías y fiscales, predominan los asaltos a mano armada. Es difícil estimar un número definitivo porque muchas de las víctimas de estos delitos no los denuncian (según en algunos tipos de robos se denuncia menos de la mitad).
Es importante valorar que el Ministerio Público difunda esta información, porque permite dimensionar y tratar de comprender qué características tienen los delitos violentos en Mendoza. Especialmente en tiempos electorales, para que las propuestas y los consensos se cimienten en diagnósticos realistas espantando las tentaciones de la demagogia penal o las propuestas mágicas que siguen dañando la confianza pública y profundizando la inseguridad.
(Quien escribe estas líneas ha asumido una posición crítica sobre muchos aspectos de las gestiones de seguridad de los últimos gobiernos. Es bueno que se pongan en cuestión algunas de estas afirmaciones y revise las estadísticas en la página web del Ministerio Público). Mientras tantos, arriesguemos interpretaciones.
El gráfico muestra que hay meses con altos niveles de robos agravados y otros en los que disminuyen. Estas tendencias suelen corresponderse con distintas variables, entre ellas el tiempo: en los meses cálidos aumentan, porque también aumenta la cantidad de personas en la vía pública. Por ejemplo, hubo 902 denuncias en junio del 2012 y 1397 en abril del 2015. Encontrar las razones es un buen camino para empezar a resolverlas: hay que buscar causas económicas (disminución del ingreso real especialmente en grupos más vulnerables), de deterioro social y en algunas culturas criminales (las banditas violentas preocupan en muchos barrios de la ciudad), también problemas en el funcionamiento de la Justicia, en el deterioro al que se ha sometido a la Policía y especialmente en la falta de una política criminal.
La tendencia creciente tiene correspondencia también con el incremento de otros delitos violentos en el Gran Mendoza, como los homicidios. La tasa superó el umbral de 10 asesinatos cada 100 mil muertes que establecen las Naciones Unidas para considerar que existen epidemias de violencia. El año pasado fue de 12,59 colocando a la ciudad entre las más violentas del país y revirtiendo definitivamente la tendencia de descenso que había tenido en la primera mitad de la década pasada.
La seguridad empezará a resolverse lentamente sólo si hay medidas que rompan el ciclo de desaciertos que permitieron el aumento del delito, como ya ha hecho explícito por ejemplo el candidato a gobernador Cornejo. La salida necesita de acuerdos sobre información sólida, profesionalismo y una gestión efectiva de todas las instituciones del Estado que pueden revertir el problema.
miércoles, 25 de marzo de 2015
Necesitamos una inteligencia para reducir el crimen
El presupuesto para la seguridad aumenta. La cantidad de policías
aumenta. La cantidad de juzgados y presos aumenta. Sin embargo, crece aún más
rápido el delito y los homicidios. Hay que cambiar para ser efectivos: la
clave está en entender cómo se organiza el crimen y atrapar a los responsables
a partir de información criminal.
Publicado en Diario Los Andes, 25 de marzo de 2015
Por Martín Appiolaza*. El mundo cambió. El delito cambió. Las viejas recetas ya no funcionan.
El crimen crece aceleradamente y los intentos por disminuirlo parecen
impotentes. Cada día se necesitan organizaciones policiales y judiciales más
preparadas, con funcionarios más especializados y coordinados. Porque las
organizaciones del crimen son cada vez más sofisticadas, a veces operan desde
cualquier parte del mundo usando bandas locales y suelen tener más recursos que
los policías y fiscales.
Cuando hablamos de crimen organizado suena lejano, pero las
organizaciones operan muy cerca de nuestras casas. El robo a punta de pistola
de un auto, secuestros para trata o la banda que vende de drogas en una
esquina, por ejemplo, suelen ser la cara visible de estructuras criminales
complejas con muchas ramificaciones. Detrás del que robó el auto está el que lo
desarma o bien el que lo saca de la provincia y revende. Detrás de la abuela o
el joven que vende marihuana, está el que la importó, el que organizó el
transporte por miles de kilómetros, el que pagó sobornos, el que la repartió
para que la comercialicen.
Detrás de los asaltos violentos o las peleas por territorios en los
barrios hay jefes. Cuanto más impunidad y libertad para actuar tienen esas
organizaciones criminales, más violencia sufrimos, más sentimiento de
inseguridad y percepción de que la Justicia o la policía no funciona. Por eso
una política criminal que busque reducir el delito debe hacer foco
principalmente en las modalidades de crimen organizado y sus miembros.
Para atraparlos hace falta información sobre el crimen y un uso
inteligente para darle efectividad a la Justicia y la Policía. Una estrategia
integral debe sumar mecanismos adecuados de controles patrimoniales, control y
lucha contra la corrupción y mecanismos sociales que prevengan las causas que
favorecen el crimen como políticas efectivas de salud, educación y trabajo.
Postales de un fracaso
Nunca hubo tantos presos, tantos jueces, tantos policías y tantos
delitos. Por este camino todo esfuerzo parece condenado al fracaso. Hace falta
un cambio en el modo de abordar el delito que pasa por tener información que
permita llegar a las cabezas de las organizaciones que dinamizan el delito en
los barrios. De atrapar a los miembros de esas organizaciones antes que sigan
cometiendo crímenes. Y de poder anticiparse a la formación de nuevas bandas y
de los delitos que quieran cometer.
Se trata de ser inteligentes y de hacer inteligencia: es decir, buscar
información que nos permita ser efectivos con los pocos recursos que tiene el
Estado. No se pueden seguir tratando de matar moscas a cañonazos, sino de
conocer en profundidad las organizaciones, su forma de actuar, sus redes de
protección (por definición, estatales y económicas) y la mano de obra violenta
que usan, repitiendo varias veces los delitos.
Hace años, Mendoza creó un área de inteligencia criminal que al menos
parece ineficiente. La inteligencia criminal, que está en debate en la
Argentina, se ha desvirtuado entre operativos de seguimiento político,
confundiendo funciones y logrando escasa eficiencia (a la vista está el
despliegue de capos narcos que hicieron de Puerto Madero y Nordelta). Si esto
pasa en la Argentina, Mendoza seguramente no es una excepción.
Pero en Mendoza se vaciaron los sistemas de información criminal. Hace
un tiempo me tocó entrevistar a una funcionaria de Seguridad que hacía un buen
trabajo de análisis de información sobre las organizaciones de robo de autos,
pero los otros funcionarios preferían manejarse por la intuición. Las
consecuencias están a la vista.
A diferencia de otras provincias, hoy prácticamente no tenemos información
criminal, no tenemos estadísticas amplias que permitan entender las dinámicas
del delito. Nos faltan datos para saber qué características tendrá el crimen
dentro de 10 o 20 años y formar policías adecuados para abordar los desafíos
que vendrán. En cambio, todo es coyuntura y supervivencia al día, todo es
tratar de tapar un escándalo con algún operativo pomposo. Así no se hace
política seria ni se consiguen soluciones de largo plazo. Hacen falta políticas
de Estado fuera de las especulaciones políticas o las preocupaciones por su
continuidad laboral de los funcionarios de turno.
Inteligencia contra el crimen
La inteligencia se aplica en varias áreas de las políticas públicas,
para garantizar la vida de los ciudadanos y los derechos ante una multiplicidad
de amenazas que pueden afectar el acceso a la comida, poner en peligro la salud
o bajar el valor de la producción de recursos de un país. Entonces, ¿por qué no
hacerlo bien en seguridad?
Una anécdota: hace una década, trabajando para Naciones Unidas, pude
compartir una reunión privada con una de las máximas autoridades del sistema de
inteligencia brasilero. En ese momento se quejaba porque le habían cambiado las
órdenes: el presidente Lula ya no les pedía que expiaran a adversarios políticos,
sino que siguieran de cerca el valor de los alimentos en los mercados mundiales
para poder anticiparse a una hambruna, un boom agrícola o conflictos por
tierras cultivables.
¿Podremos hacer lo mismo para anticiparnos a las organizaciones criminales
transnacionales que pueden intentar desembarcar en la provincia, cooptar las
bandas locales e intentar lavados de activos como ya pasó en México, por
ejemplo? El crimen organizado tiene una fase depredadora que es la del crimen
tal como hoy lo sufrimos en los barrios. Pero luego busca cooptar el Estado
comprando a políticos y jueces.
El sistema electoral sin financiamiento público que es una tentación
para que el dinero del crimen intente meterse en las campañas electorales. El
financiamiento privado de la política favorece que el poder económico (el
lícito también) coopte a los partidos políticos y al Estado. Ya hubo dinero
vinculado al narcotráfico en al menos en dos campañas presidenciales. La
Argentina no ha demostrado capacidad aún para frenar el lavado de activo
asociado con la corrupción. Si sucede, la violencia será peor.
Estamos a tiempo de apostar a una seguridad basada en la inteligencia,
concentrada en ir a buscar a las bandas, a sus jefes, a sus matones. Si lo
logramos, se romperá el ciclo acelerado del incremento de la violencia y
también estaremos poniéndole freno a las organizaciones del crimen organizado
que quieran afianzarse en Mendoza.
*Investigador del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia.
Asesora a gobiernos y organismos internacionales.
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