Conclusiones
La República
Argentina cuenta con un incipiente grado de desarrollo en los sistemas
estadísticos de sus 24 jurisdicciones a la vez que ostenta antecedentes
importantes en la consolidación federal de lo que produce cada una de esas
Provincias.
La consolidación
de sistemas de gestión de información sobre la violencia y el delito
funcionales a la planificación e implementación de políticas de seguridad en
ambas instancias, la Nacional y las Provinciales, demanda diversas medidas de
corto, mediano y largo plazo.
Es
destacable, a la vez, que el país presenta condiciones sociales y políticas muy
propicias para avanzar en ese sentido.
Estas son
las principales conclusiones surgidas de la observación sobre el funcionamiento
y el análisis de los sistemas de estadísticas de seguridad ciudadana y
convivencia en instituciones federales y provinciales.
En
particular -en decenas de consultas a funcionarios de áreas de estadísticas
criminales de todo el país y en dos seminarios organizados por la Dirección de
Política Criminal del Ministerio de Seguridad como parte del proyecto SES- fue
posible recoger testimonios que siembran dudas sobre la confiabilidad de la
información estadística criminal que se produce, la oportunidad con que llega a
los decisores de políticas y de su utilidad para el diseño y ejecución de
acciones.
Sin dudas es
imprescindible contextualizar el origen de las observaciones. La República
Argentina propone una alta complejidad analítica por su sistema político
federal, una multiplicidad de agencias en los distintos niveles de gobierno que
intervienen en temas de seguridad ciudadana y convivencia, diversidad de
problemáticas por regiones, particularidades de los actores
político-institucionales a cargo de la gestión estatal, complejas dinámicas de
poder en cada una de las decenas de instituciones involucradas en la temática y
una larga historia de desgobierno político de la seguridad.
El
desgobierno, en visible retroceso en el nivel Nacional y en algunas otras
jurisdicciones, caracterizado por una impronta delegativa de todos los asuntos
de seguridad en las instituciones policiales, también dejó su marca en lo
relativo a la gestión de la información criminal ya que se caracterizó por la
ausencia de criterios orientadores desde las autoridades políticas.
Como
consecuencia de este proceso, en la actualidad, predomina en gran parte de las
jurisdicciones una cultura de gestión guiada, casi exclusivamente, en el saber
empírico policial.
Las
instancias políticas de conducción de la seguridad, salvo en muy pocos casos,
no cuentan con dependencias dedicadas a la fijación e instrucción de
lineamientos hacia las policías para la recolección y sistematización de
información ni al análisis de lo que se recoge para la generación de
conocimiento propio sobre los diversos fenómenos relacionados con la temática.
La ausencia
de criterios políticos orientadores tiene su correlato en la forma y el tipo de
información que se produce en las instituciones policiales. Las áreas estadísticas carecen de personal en
general, de funcionarios especializados en particular y cuentan con recursos
técnicos desactualizados.
