miércoles, 10 de junio de 2015

En el gobierno de Pérez aumentaron los robos violentos

Publicada 10 de junio de 2015 en MDZol

La seguridad aparece en las encuestas como la principal preocupación de los mendocinos. Las estadísticas demuestran que hay un temor justificado: la cantidad de robos agravados en el Gran Mendoza ha venido creciendo en los últimos tres años, desde que Francisco Pérez asumió la gobernación de Mendoza. Algunos problemas se habían acentuado en la anterior gestión.

Según los datos provistos por la Procuración General del Ministerio Público de Mendoza, la tendencia es ascendente con un crecimiento que sería superior al 20%. Dentro de los robos agravados, según explican policías y fiscales, predominan los asaltos a mano armada. Es difícil estimar un número definitivo porque muchas de las víctimas de estos delitos no los denuncian (según en algunos tipos de robos se denuncia menos de la mitad).

Es importante valorar que el Ministerio Público difunda esta información, porque permite dimensionar y tratar de comprender qué características tienen los delitos violentos en Mendoza. Especialmente en tiempos electorales, para que las propuestas y los consensos se cimienten en diagnósticos realistas espantando las tentaciones de la demagogia penal o las propuestas mágicas que siguen dañando la confianza pública y profundizando la inseguridad.

(Quien escribe estas líneas ha asumido una posición crítica sobre muchos aspectos de las gestiones de seguridad de los últimos gobiernos. Es bueno que se pongan en cuestión algunas de estas afirmaciones y revise las estadísticas en la página web del Ministerio Público). Mientras tantos, arriesguemos interpretaciones.

El gráfico muestra que hay meses con altos niveles de robos agravados y otros en los que disminuyen. Estas tendencias suelen corresponderse con distintas variables, entre ellas el tiempo: en los meses cálidos aumentan, porque también aumenta la cantidad de personas en la vía pública. Por ejemplo, hubo 902 denuncias en junio del 2012 y 1397 en abril del 2015. Encontrar las razones es un buen camino para empezar a resolverlas: hay que buscar causas económicas (disminución del ingreso real especialmente en grupos más vulnerables), de deterioro social y en algunas culturas criminales (las banditas violentas preocupan en muchos barrios de la ciudad), también problemas en el funcionamiento de la Justicia, en el deterioro al que se ha sometido a la Policía y especialmente en la falta de una política criminal.

La tendencia creciente tiene correspondencia también con el incremento de otros delitos violentos en el Gran Mendoza, como los homicidios. La tasa superó el umbral de 10 asesinatos cada 100 mil muertes que establecen las Naciones Unidas para considerar que existen epidemias de violencia. El año pasado fue de 12,59 colocando a la ciudad entre las más violentas del país y revirtiendo definitivamente la tendencia de descenso que había tenido en la primera mitad de la década pasada.

La seguridad empezará a resolverse lentamente sólo si hay medidas que rompan el ciclo de desaciertos que permitieron el aumento del delito, como ya ha hecho explícito por ejemplo el candidato a gobernador Cornejo. La salida necesita de acuerdos sobre información sólida, profesionalismo y una gestión efectiva de todas las instituciones del Estado que pueden revertir el problema.

miércoles, 25 de marzo de 2015

Necesitamos una inteligencia para reducir el crimen

El presupuesto para la seguridad aumenta. La cantidad de policías aumenta. La cantidad de juzgados y presos aumenta. Sin embargo, crece aún más rápido el delito y los homicidios. Hay que cambiar para ser efectivos: la clave está en entender cómo se organiza el crimen y atrapar a los responsables a partir de información criminal.



Por Martín Appiolaza*. El mundo cambió. El delito cambió. Las viejas recetas ya no funcionan. El crimen crece aceleradamente y los intentos por disminuirlo parecen impotentes. Cada día se necesitan organizaciones policiales y judiciales más preparadas, con funcionarios más especializados y coordinados. Porque las organizaciones del crimen son cada vez más sofisticadas, a veces operan desde cualquier parte del mundo usando bandas locales y suelen tener más recursos que los policías y fiscales.

Cuando hablamos de crimen organizado suena lejano, pero las organizaciones operan muy cerca de nuestras casas. El robo a punta de pistola de un auto, secuestros para trata o la banda que vende de drogas en una esquina, por ejemplo, suelen ser la cara visible de estructuras criminales complejas con muchas ramificaciones. Detrás del que robó el auto está el que lo desarma o bien el que lo saca de la provincia y revende. Detrás de la abuela o el joven que vende marihuana, está el que la importó, el que organizó el transporte por miles de kilómetros, el que pagó sobornos, el que la repartió para que la comercialicen.

Detrás de los asaltos violentos o las peleas por territorios en los barrios hay jefes. Cuanto más impunidad y libertad para actuar tienen esas organizaciones criminales, más violencia sufrimos, más sentimiento de inseguridad y percepción de que la Justicia o la policía no funciona. Por eso una política criminal que busque reducir el delito debe hacer foco principalmente en las modalidades de crimen organizado y sus miembros.

Para atraparlos hace falta información sobre el crimen y un uso inteligente para darle efectividad a la Justicia y la Policía. Una estrategia integral debe sumar mecanismos adecuados de controles patrimoniales, control y lucha contra la corrupción y mecanismos sociales que prevengan las causas que favorecen el crimen como políticas efectivas de salud, educación y trabajo.

Postales de un fracaso

Nunca hubo tantos presos, tantos jueces, tantos policías y tantos delitos. Por este camino todo esfuerzo parece condenado al fracaso. Hace falta un cambio en el modo de abordar el delito que pasa por tener información que permita llegar a las cabezas de las organizaciones que dinamizan el delito en los barrios. De atrapar a los miembros de esas organizaciones antes que sigan cometiendo crímenes. Y de poder anticiparse a la formación de nuevas bandas y de los delitos que quieran cometer.

Se trata de ser inteligentes y de hacer inteligencia: es decir, buscar información que nos permita ser efectivos con los pocos recursos que tiene el Estado. No se pueden seguir tratando de matar moscas a cañonazos, sino de conocer en profundidad las organizaciones, su forma de actuar, sus redes de protección (por definición, estatales y económicas) y la mano de obra violenta que usan, repitiendo varias veces los delitos.

Hace años, Mendoza creó un área de inteligencia criminal que al menos parece ineficiente. La inteligencia criminal, que está en debate en la Argentina, se ha desvirtuado entre operativos de seguimiento político, confundiendo funciones y logrando escasa eficiencia (a la vista está el despliegue de capos narcos que hicieron de Puerto Madero y Nordelta). Si esto pasa en la Argentina, Mendoza seguramente no es una excepción.

Pero en Mendoza se vaciaron los sistemas de información criminal. Hace un tiempo me tocó entrevistar a una funcionaria de Seguridad que hacía un buen trabajo de análisis de información sobre las organizaciones de robo de autos, pero los otros funcionarios preferían manejarse por la intuición. Las consecuencias están a la vista.

A diferencia de otras provincias, hoy prácticamente no tenemos información criminal, no tenemos estadísticas amplias que permitan entender las dinámicas del delito. Nos faltan datos para saber qué características tendrá el crimen dentro de 10 o 20 años y formar policías adecuados para abordar los desafíos que vendrán. En cambio, todo es coyuntura y supervivencia al día, todo es tratar de tapar un escándalo con algún operativo pomposo. Así no se hace política seria ni se consiguen soluciones de largo plazo. Hacen falta políticas de Estado fuera de las especulaciones políticas o las preocupaciones por su continuidad laboral de los funcionarios de turno.

Inteligencia contra el crimen

La inteligencia se aplica en varias áreas de las políticas públicas, para garantizar la vida de los ciudadanos y los derechos ante una multiplicidad de amenazas que pueden afectar el acceso a la comida, poner en peligro la salud o bajar el valor de la producción de recursos de un país. Entonces, ¿por qué no hacerlo bien en seguridad?

Una anécdota: hace una década, trabajando para Naciones Unidas, pude compartir una reunión privada con una de las máximas autoridades del sistema de inteligencia brasilero. En ese momento se quejaba porque le habían cambiado las órdenes: el presidente Lula ya no les pedía que expiaran a adversarios políticos, sino que siguieran de cerca el valor de los alimentos en los mercados mundiales para poder anticiparse a una hambruna, un boom agrícola o conflictos por tierras cultivables.

¿Podremos hacer lo mismo para anticiparnos a las organizaciones criminales transnacionales que pueden intentar desembarcar en la provincia, cooptar las bandas locales e intentar lavados de activos como ya pasó en México, por ejemplo? El crimen organizado tiene una fase depredadora que es la del crimen tal como hoy lo sufrimos en los barrios. Pero luego busca cooptar el Estado comprando a políticos y jueces.

El sistema electoral sin financiamiento público que es una tentación para que el dinero del crimen intente meterse en las campañas electorales. El financiamiento privado de la política favorece que el poder económico (el lícito también) coopte a los partidos políticos y al Estado. Ya hubo dinero vinculado al narcotráfico en al menos en dos campañas presidenciales. La Argentina no ha demostrado capacidad aún para frenar el lavado de activo asociado con la corrupción. Si sucede, la violencia será peor.

Estamos a tiempo de apostar a una seguridad basada en la inteligencia, concentrada en ir a buscar a las bandas, a sus jefes, a sus matones. Si lo logramos, se romperá el ciclo acelerado del incremento de la violencia y también estaremos poniéndole freno a las organizaciones del crimen organizado que quieran afianzarse en Mendoza.


*Investigador del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia. Asesora a gobiernos y organismos internacionales.

martes, 10 de marzo de 2015

¿Por qué están disminuyendo los homicidios en Rosario?

La reducción se mantiene después de varios meses. Arriesgar causas es prematuro. Una podría ser el diseño, articulación e implementación de políticas de seguridad y sociales entre distintos niveles del Estado. Se produce en un contexto nacional de alza.


Por Martín Appiolaza. Está disminuyendo la cantidad de homicidios en Rosario. Primero empezó a reducirse el ritmo de crecimiento. Pero desde agosto hay una clara disminución comparada con los primeros meses del año y una reducción fuerte respecto a los mismos meses del 2013. El cambio en la tendencia se da en los meses en que históricamente aumenta la violencia y sus víctimas en la ciudad.
Los datos producidos por el Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Rosario indican que en agosto hubo un homicidio menos que el año anterior. Que en septiembre la disminución sobre el mismo mes del año anterior fue del 50% y que en octubre la caída fue del 57%. En noviembre y diciembre la caída fue menor. El año terminó con 5,5% menos y en los primeros dos meses del 2015 la caída es del 20%.
La tendencia anual comenzó a estabilizarse a partir del segundo trimestre, en coincidencia con la implementación de una serie de medida de tipo policiales como la presencia de fuerzas federales, la creación e implementación de la policía comunitaria en algunas zonas muy afectadas por la violencia y los cambios en las formas de patrullaje. Pero también una intervención amplia en estrategias de prevención e inclusión social.
Las políticas públicas orientadas a la seguridad son complejas, requieren varios niveles de intervención, los impactos demoran y pueden variar bruscamente por muchas razones. Sin embargo, cuando se insinúan tendencias alentadoras en cuanto a la reducción de la violencia, merecen atención.
No hay remedios mágicos. Los datos parciales del Observatorio municipal muestran que, al mismo tiempo que disminuyeron las víctimas fatales –que aún son muchas- la cantidad de heridos por armas de fuego se mantuvo alta. Esto permite relativizar el impacto de las medidas de presencia policial, ya que los tiroteos se siguen produciendo.
Lo que cambia es la letalidad: distintos estudios y observaciones permiten advertir que predominan las peleas entre grupos juveniles por broncas y adversidades locales. Es un fenómeno que se ha hecho visible en los últimos años en ciudades grandes e intermedias en todo el país. Así también lo detectó el Instituto de Investigaciones de la Suprema Corte de Justicia respecto al incremento de homicidios en la Ciudad de Buenos Aires. Otras ciudades grandes como Mendoza, por ejemplo, también están sufriendo un incremento importante en las tasas de crímenes violentos.

Las acciones

La reducción de homicidios es una tendencia. Asegurar cuáles son las causas y prescribir “soluciones exitosas” puede ser prematuro. Sin embargo, podemos especular revisando qué puede contribuido a la baja. Especialmente, identificar las políticas públicas. Veamos.
La Municipalidad de Rosario definió, una serie de estrategias de prevención social de la violencia, dentro de lo que le permiten sus competencias en temas de seguridad pública. Están focalizadas en los grupos más vulnerables, en la violencia armada, las víctimas y fortalecer las capacidades de control para mejorar la convivencia. Estas acciones comenzaron hace un año y hay que considerarlas como posibles contribuciones a la disminución de la violencia.
Un estudio a partir de las víctimas de la violencia en Rosario permitió establecer que la mayoría son niños y jóvenes, varones, que viven en barrios populares, que han pasado por situaciones de violencia y que vuelven a repetirse. Orientándose a esos grupos, el programa “Nueva oportunidad” trabaja con 700 de esos jóvenes en inclusión laboral y sociocultural. Complementariamente, el Ministerio de Educación de Santa Fe profundizó las estrategias de inclusión educativa con el programa “Vuelvo a estudiar”, focalizado en frenar el abandono escolar.
Todos coinciden, en Rosario el Estado está presente en todos los barrios. Sin embargo, hay zonas de la ciudad donde la inversión social es más necesaria para garantizar el acceso a servicios como agua, electricidad, cloacas, pavimento y cambiar las condiciones de hacinamiento. Muchos de las víctimas de la violencia viven en estas comunidades. La violencia ha redefinido las formas de convivencia, incluso por la aparición de mercados ilegales. En esas comunidades la provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario cooperan con organizaciones comunitarias en las mesas barriales para mejorar los barrios y fortalecer la capacidad de organización de los vecinos. El “Plan Abre” desarrolla iniciativas similares también en Villa Gobernador Gálvez y Santa Fe.

Prevención

El estudio de las características de la violencia en Rosario articulando distintas áreas estadísticas municipales, evidenció que 9 de cada 10 víctimas de homicidios eran varones, que la mitad tenían entre 10 y 30 años, que las muertes se producían con armas (en 7 de cada 10 casos y aumentando), que la mayoría de estos jóvenes moría a no más de 15 cuadras de su casa y que la mitad de los asesinados rosarinos ya habían sufrido situaciones de violencia. Además, la información del Ministerio de Seguridad de Santa Fe demostró que la principal causa de violencia era por violencia entre conocidos, y no, como se aventaba mediáticamente, vinculada al narcotráfico.
La política de prevención municipal se concentró en estas víctimas, tratando de resolver las causas de los conflictos y evitando que se multipliquen. Esto incluye un relevamiento permanente de los conflictos en la ciudad y el abordaje a las víctimas de violencia armada junto con sus personas cercanas para desactivar venganzas o futuros enfrentamientos. También mediación entre bandas para superar las enemistades o broncas que desencadenaron la violencia.
Incluso, en la multiplicidad de acciones podríamos considerar también mejoras en el control y convivencia en el espacio público, ámbitos donde se producen la mayoría de los conflictos violentos.

Coordinaciones

Igualmente importante, la coordinación entre niveles de la justicia, investigaciones enfocadas sobre organizaciones ilícitas y en la que han colaborado distintos niveles del Estado, han encerrado a grupos criminales. Incluyendo a policías corruptos.
La modernización de la policía es clave. Los primeros pasos han avanzado en definir criterios de gestión para concentrarse en algunas estructuras criminales, definir especialización policial de acuerdo a problemas como la Comunitaria y Táctica, así como la descentralización creando jefaturas por nodos y por ciudades. La reforma policial y de la justicia penal buscan reconstruir la confianza dando respuestas a las expectativas sociales de seguridad y justicia.

Sin duda el conjunto de acciones municipales, provinciales y federales han contribuido en parte a empezar a reducir la violencia. La enumeración rápida de políticas –en general contenidas en un consenso amplio sobre lo que debe ser una seguridad democrática- puede resultar orientadora. Pero no hay respuestas mágicas. Es fundamental construir acuerdos amplios para avanzar en políticas a largo plazo y renunciar a las especulaciones electoralistas sobre un tema complejo y extendido en el país, que encabeza las preocupaciones en la Argentina.

(*) Martín Appiolaza. Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia. Asesor en seguridad ciudadana y convivencia de la Municipalidad de Rosario.

miércoles, 4 de marzo de 2015

"Aristocracia de partidos facilita ingreso de mafias"


Publicado diario La Industria, 1 de marzo de 2015 (Trujillo, Perú)

“Cuando las organizaciones políticas son manejadas por una reducida aristocracia partidaria es más fácil que sean copadas por grupos delincuenciales”, aseguró el argentino Martín Appiolaza, especialista en Seguridad pública, prevención del delito y gobernabilidad, quien estuvo en Trujillo para disertar sobre las acciones preventivas orientadas a combatir la inseguridad ciudadana.
Precisó que en los partidos políticos que orgánicamente son más democráticos existen diversas voces que incrementan la capacidad de concertación, lo cual dificulta la aproximación de los delincuentes que buscan llegar al poder a través de ellos.
Esta advertencia la lanzó al invocar la necesidad de enfrentar con firmeza la delincuencia, de lo contrario los criminales comenzarán a copar el Estado financiando sus propios candidatos con el afán de administrar los fondos públicos a través de una alcaldía o una región.
Agrega que en este contexto es fundamental la lucha contra la corrupción, de tal modo que la transparencia de los sistemas políticos garanticen que las inversiones sean de origen lícito.
 “Cuanto más democráticas sean las sociedades menos posibilidades de avanzar tiene el crimen organizado y esto exige mayor compromiso y más participación. Tengamos presente que si los delincuentes logran atemorizarnos y aislarnos se harán más fuertes. La respuesta pasa por abordajes integrales y compromisos conjuntos en los que las instituciones cumplan su función”, aseveró.
El especialista recordó que las extorsiones no son nuevas, pues ya ocurrieron en otros países, la clave radica en que nadie se arriesga a enfrentarlas con fuerza. “Esto exige eficiencia y voluntad de la Policía, la justicia y el resto de instituciones del Estado en el cumplimiento de su deber”.

Alega que cuando miedo se apodera de la población, ésta se repliega, facilitando el posicionamiento de las estructuras delincuenciales que quieren dominar la sociedad, negociando a su antojo, sin importarle las personas.